El pasado 27 de agosto el Gobierno nacional expidió el Decreto 1174 del 2020. Que es, nada más y nada menos, que una reforma laboral disfrazada, entre los más absurdos decretos que ha expedido el Gobierno durante los últimos cinco meses de la cuarentena por la vida. La cual elimina, a largo plazo, la posibilidad de que los colombianos accedan a una pensión de vejez, de invalidez, de sobreviviente y hasta a un salario mínimo.

Este decreto permite que las empresas, sin restricción alguna, contraten por horas. En el caso de que la contratación no llegue a un salario mínimo, permite que el trabajador no sea afiliado al sistema general de pensiones, ni salud, ni ARL y, mucho menos, a una caja de compensación. Para lograrlo el Gobierno se valió de un eufemismo llamado “Piso de protección social”, que, en pocas palabras, consiste en que cuando el trabajador cumpla la edad legal pensional se le distribuya el dinero cada dos meses, una suma que no alcanza ni a un salario mínimo. Es una renuncia forzosa a todos los derechos laborales que se han conquistado a lo largo de la historia y principalmente un atentando contra el Estado social de derecho.

Con este nuevo decreto se alienta la desformalización laboral, toda vez que no establece los límites en la contratación a tiempo parcial, lo cual permite que, a largo plazo, al empleado se le desconozcan los beneficios del sistema general de seguridad social, propiciando que las personas que ingresen de ahora en adelante a las empresas lo hagan en pos del “abaratamiento de la mano de obra”, únicamente beneficiando a las grandes empresas.

El Decreto 1174 carece de elementos eficaces para limitar el abuso del empleador frente a el empleado.

La invitación es a oponerse a estas reformas fascistas que eliminan los derechos de las personas, con este tipo de reformas lo único que se logra es ampliar la brecha de la desigualdad social. ¡Independiente de nuestras diferencias ideológicas vale la pena no tragar entero!