En el informe Política Nacional de Drogas (2023-2033), Sembrando la vida desterramos el narcotráfico, elaborado en el gobierno del presidente Gustavo Petro, se hace evidente la necesidad de atender los territorios afectados por los cultivos ilícitos, no sólo por la manera en que las actividades de producción y distribución de la cocaína agravan la inestabilidad económica y la desigualdad social, sino por los efectos adversos que las estrategias militares, la fumigación y la erradicación manual producen en la población. Esto prefigura un cambio respecto a las políticas de gobiernos anteriores, donde las acciones para detener el narcotráfico atentaban contra los derechos humanos, pues se dirigían a la aspersión de los cultivos con glifosato o intervenciones militares que aumentaban las tensiones entre la comunidad y la fuerza pública, así como el fortalecimiento de grupos armados. 

Aunque hay estrategias concretas para la erradicación de cultivos, algunos analistas consideran que la nueva política no avanza más allá de lo propuesto por Duque y Santos, a pesar de que la incautación de cargamentos de cocaína en los últimos dos años ha aumentado en un 62%, y se traduce en un impacto directo a los grupos criminales y al flujo de capital proveniente del lavado de activos, al igual que la reducción de los efectos adversos de las estrategias punitivas militares en la población dependiente de las economías ilegales: quienes en la ausencia regional del Estado encuentran en los cultivos de coca una opción de supervivencia precaria. Sin embargo, según el informe anual de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito 2024 (UNODC), se ve que no se ha reducido la demanda y oferta de la droga, sino intensificado el conflicto entre la fuerza pública y las bandas ilegales. 

Si bien las rutas para “desterrar el narcotráfico” propuestas en el informe están trazadas, aún no son claras las estrategias para garantizar el tránsito a economías lícitas en zonas rurales, tampoco se dice el modo en que se brindará atención médica a la población vulnerable que consume drogas de manera problemática, y falta definir los lineamientos de los programas de consumo controlado. Se insiste en la integración de las zonas afectadas con otros mercados, el acceso a créditos y subsidios, siendo visible hasta el momento la interdicción de cargamentos de cocaína por parte de la Armada Nacional. Lo que en parte va en contravía con las conclusiones de la reciente Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, sobre todo aquella que declara “el fracaso de la guerra antidrogas”, pues la tentativa de asfixiar la producción y distribución desde el control a las empresas que producen equipos para la síntesis de la coca o desde las incautaciones de cargamentos, posterga la discusión necesaria alrededor de la legalización que sin duda acabaría con los delitos asociados al narcotráfico. 

Fuera de la regulación del cannabis medicinal y la posibilidad de revalorizar los usos ancestrales de la coca, hay una brecha moral que impide regularizar el consumo local y en los países que, a pesar de sus leyes, demandan toneladas anuales de cocaína. La analogía con el fracaso de la prohibición del alcohol para impedir que se vuelva un problema de salud pública parece no tener efecto en los gobiernos. Parece que aún se protegiera de manera soterrada la economía proveniente del lavado de activos que beneficia a pocos sectores, identificados en el informe del gobierno, donde figuran el sector bancario, las asesorías legales y contables, el sector inmobiliario, la revisoría fiscal y las auditorias. 

A pesar de la efectividad de las incautaciones, el consumo en condiciones prohibidas sigue aumentando y por lo tanto la producción ilegal. La nueva política antidrogas propuesta por el gobierno Petro pasa de largo frente al contundente fracaso de la guerra antidrogas del mismo modo que la UNODC, con cuya visión se alinea. En ese sentido cualquier medida que se tome, sea más efectiva que la otra, pospone cortar el problema de raíz y sortear los obstáculos de la legalización, sobre todo el hecho de que la rentabilidad de las drogas ilícitas excede al de las drogas lícitas; el temor a que las bajas de precio aumenten el consumo; y la obstinación en una guerra sin fin ya no contra un fármaco sino contra las inclinaciones individuales.

La prohibición lejos de combatir a las drogas, busca perpetuar un orden social donde se normaliza el consumo de ciertas sustancias, sean químicas o tecnológicas, para mantener la regularidad social de los individuos. El alcohol e internet alteran la consciencia dirigiendo la atención a ciertos modos de producción. Además, un gran porcentaje de usuarios de cocaína o marihuana pueden mantenerse en este orden sin convertirse en una amenaza para sí mismos o para los otros. No obstante, se legisla en contra de la legalización tomando como regla general al individuo que consume desde la patología del adicto. Esto, sin tener en cuenta al consumidor exitoso de Wall Street o los workaholics. Este imaginario coincide con la cruzada contra las drogas, posterior a la caída de la Ley Seca en Estados Unidos, emprendida por la Agencia Federal de Estupefacientes a cargo de Harry Aslinger. La campaña relacionó la paranoia racial con la adicción a la marihuana y cocaína. El argumento de que estas drogas desataban la lujuria del hombre negro hacía las mujeres blancas, sirvió para criminalizar la enfermedad de la adicción y acrecentar la segregación racial. En nuestro caso, también castiga a los individuos por salirse de la lógica del trabajo y la producción debido a su vulnerabilidad e incapacidad para ser socialmente exitosos. 

A pesar de que los esfuerzos del gobierno se concentren en incautar droga todas las semanas, la producción seguirá en aumento mientras persista la demanda estadounidense y europea. Si bien, las medidas de la nueva política atenúan el problema, todavía hay una gran distancia para llegar a la raíz: la demanda de droga y la incapacidad de los gobiernos para regular el consumo desde un marco legal.