En el periodo comprendido desde mediados de los setenta hasta la década de los ochenta, Italia estuvo marcada por los denominados “anni di piombo” (años de plomo), época que se caracterizó por la violencia política, el terrorismo de derecha y de izquierda, así como tensiones sociales intensas, pero también, época durante la cual se promulgaron leyes que emergieron dada la convulsa situación que atravesaba el país. Sin embargo, tales normas recibieron fuertes críticas debido a la restricción de derechos que traían consigo, la ampliación del marco de la denominación de terrorismo, el incremento de penas y la implementación de una legislación para los “colaboratori di giustizia” (testigos de Estado), quienes podían obtener reducción de penas y otros beneficios procesales.

Por aquel entonces Luigi Ferrajoli, juez del Estado y reconocido doctrinante, estableció una crítica al sistema legal que se estaba imponiendo. Ferrajoli concebía el derecho como un sistema de garantías frente a la profunda crisis estatal y democrática por la que atravesaba Italia. De esta manera, el modelo normativo del derecho debería configurarse como un sistema de poder mínimo, en el cual los derechos fundamentales funcionan como límites al poder. En este contexto los jueces no son meros validadores de las normas, sino garantes de la correcta aplicación de las mismas, evitando la arbitrariedad y asegurando la coherencia al sistema jurídico, incluyendo las posibles lagunas del mismo.

La realidad contemporánea, marcada por la denominada “guerra contra las drogas” que encabeza Estados Unidos, presenta elementos similares a los anni di piombo italianos, solo que a una escala global. En los dos casos el discurso de la seguridad justifica el fortalecimiento de marcos legales excepcionales y la restricción de derechos. Así, en relación al proceso antidrogas, tales políticas se reflejan en la criminalización amplia de organizaciones vinculadas al narcotráfico, clasificándolas con el título de terrorista, también en la autorización de operaciones militares extraterritoriales, así como en acciones que en la mayoría de ocasiones se ejecutan sin las garantías procesales mínimas.

Recientemente, el 16 de octubre, se denunció el bombardeo a una embarcación de pescadores perteneciente a Colombia, que en aguas internacionales fue atacada, dejando tres víctimas fatales, y el hecho fue justificado bajo el argumento del combate a las cadenas de suministro de drogas. Sumado a ello la estigmatización a migrantes, tal como se evidenció en la crisis humanitaria del mes de enero donde según denuncia de la Defensoría del Pueblo se vulneraron sus derechos y también las medidas de presión a niveles político y económico como la descertificación de Colombia y el aumento de aranceles.

Estas políticas además de vulnerar derechos, fortalecen, tal como ocurrió en los anni di piombo italianos a las mafias y redes criminales, que en aquel entonces se infiltraron con mayor fuerza en los aparatos de poder, en la política, en las licitaciones y contratos estatales, incrementando los niveles corrupción, en general, las medidas represivas que se implementaron no lograron contener el fenómeno que pretendían controlar, por el contrario, lo intensificaron. De forma similar las políticas antidrogas promovidas por la Casa Blanca avanzan en detrimento de los derechos humanos y reproducen el mismo esquema de represión y estigmatización que resulta fortaleciendo el mercado que se quiere controlar. Frente a esta realidad se requiere abogar por el respeto a los derechos fundamentales, reconociendo su carácter supra-estatal y universal con miras a poner fin al gran apartheid que aún excluye a la mayoría del género humano del pleno disfrute de tales derechos.