La decisión quedó en firme en el Decreto presidencial y está inspirada en los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “El salario es familiar, no individual, y ese concepto va en el decreto”, afirmó el mandatario durante su alocución, al señalar que el ingreso laboral no puede limitarse únicamente a compensar inflación o productividad, teniendo en cuenta que de un salario depende, a veces, una familia completa.

¿Qué es el salario vital?

La OIT define el salario vital como “el ingreso necesario para asegurar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias”, teniendo en cuenta el contexto económico de cada país y calculado sobre una jornada laboral normal. Este modelo no es más que una forma de analizar si el ingreso alcanza a cubrir las necesidades esenciales que contempla el modelo en cuestión, teniendo como resultado un mayor bienestar y acceso efectivo a bienes y servicios fundamentales.

El salario deja de ser únicamente una variable económica y se convierte en una herramienta de justicia social, orientada a garantizar condiciones básicas de vida.

Componentes de la OIT

Actualmente la OIT establece una serie de componentes que deben ser considerados al estimar un salario vital. Entre ellos se encuentran:

• Alimentación suficiente y nutritiva, que cubra las necesidades básicas del hogar.
• Vivienda digna y servicios públicos, como agua, luz y gas, que permitan estabilidad familiar.
• Acceso a salud y seguridad social plena.
• Educación, considerada imprescindible para las oportunidades futuras del núcleo familiar.
• Transporte y otros gastos cotidianos.

Para la OIT, la fijación de salarios debe encontrar un equilibrio entre las necesidades de los trabajadores y las condiciones económicas del país, como la productividad, el crecimiento económico, el empleo y los niveles de informalidad. De ahí que el salario mínimo vital no sólo se manifieste en ingresos justos para los ciudadanos sino también en políticas orientadas a fortalecer la productividad, incentivar la formalización laboral y promover prácticas empresariales sostenibles.

Vivir con dignidad, no solo subsistir

El debate sobre el salario mínimo vital también tiene sustento constitucional. El artículo 53 de la Constitución Política establece que la remuneración debe ser mínima, vital y móvil, y orientada a proteger el trabajo en condiciones dignas y justas. En esa línea, el Gobierno plantea que la discusión salarial deje de centrarse exclusivamente en porcentajes anuales y considere la canasta mínima vital de una familia, así como el número de integrantes del hogar que participan en el mercado laboral.

Este enfoque permite traspasar la mirada tradicional del salario mínimo, al incluir no solo alimentos, sino también rubros como servicios públicos, educación y transporte, que configuran el gasto real de los hogares colombianos en el día a día.

Más que un ajuste anual, el salario mínimo vital se plantea como una herramienta de equidad. Para el Gobierno, lograr una distribución más justa de los beneficios del crecimiento económico, es cumplir derechos fundamentales como la salud, la educación y la vivienda digna.