Con el anuncio de una inversión para el cuatrienio de 4.6 billones de pesos, se pretende erradicar el hambre en la ciudad. De acuerdo a los datos suministrados por el alcalde, cerca de 2 millones de habitantes en Bogotá padece algún tipo de inseguridad alimentaria, de los cuales 340 mil viven en estado de hambre total, si es que a eso se le puede llamar vivir.

El mandatario de la capital también dio a conocer que todos los estudiantes de las instituciones públicas, a través del Programa Alimentario Escolar (PAE), recibirán alimento. Serán entregadas 909 mil raciones de comida al día y se construirán 30 nuevos comedores escolares, el programa lo liderará la Secretaría de Educación. Por ningún lado mencionó el alcalde la calidad de los alimentos que serán entregados a través del PAE, sobre el cual desde hace años existen denuncias de mala calidad, además del creciente mar de basuras que generan en su presentación. Tampoco mencionó que las organizaciones sociales y las asociaciones de padres de familia podrían hacerse cargo de manejar los comedores escolares. Con lo cual, muy seguramente, se fortalecerían las economías populares y se contribuiría a mejorar el nivel nutricional de los alimentos de los estudiantes.

El programa también plantea la creación de 50 nuevos comedores comunitarios, hasta llegar a 150, y la reubicación y ubicación de comedores de acuerdo a criterios de “equidad y eficiencia”, comedores que darán oportunidades a “nuevos operadores”. Lo que significa, ampliar el negocio a unos privados que se han enriquecido en los últimos 15 años con el hambre de las comunidades.

Se impulsarán 35 mil espacios con mercados campesinos, aquí no es claro si la administración distrital ha realizado una evaluación juiciosa de lo que significan estos mercados y si se instalarán en espacios de lo público con pequeños productores campesinos y de la ciudad. Lo anterior, teniendo en cuenta que en este nuevo periodo de gobierno se ha reiniciado la persecución y el ataque a los “vendedores informales” como los denomina la administración, persecución que conlleva la destrucción y pérdida de sus mercancías y la precarización de esta población, que a su vez surte de comida diaria a diversos barrios de la ciudad, mientras desde lo distrital se vocifera sobre el impulso a las economías populares.

En esta misma línea se continuará con el mejoramiento de 17 plazas de mercado públicas en sus estructuras, que lo requieren de manera urgente, pero sobre las cuales nos tememos que acelerarán el proceso en el que han pasado a convertirse en centros comerciales en donde las culturas alimentarias de las comunidades campesinas y urbanas brillan por su ausencia.

Por último, en cabeza de “la primera dama de la ciudad”, como para recalcar un asunto de clase social, se impulsará el programa Misión Nutrición Bogotá que aspira atender a una población de 1.300 niños con más de 14 toneladas de “comida donada”, suponemos por personas de “buenos corazones y caritativas” que aún quedan en este mundo. Este programa contará con alianzas con privados, entre ellos grandes plataformas como ARA, Grupo Éxito, Bimbo y Corabastos, lo que seguirá fortaleciendo el negocio de los alimentos de las transnacionales, además de organizaciones solidarias, sociales y de “caridad” como el banco de alimentos en manos de la curia.

Es evidente el tufillo revanchista y pendenciero, el alcalde anuncia que no se van a construir caseticas y que este programa sí es de hechos y no de palabrerías, porque con ellas no se alimenta al pueblito y no se soluciona el hambre.

¿Qué se omite en este rimbombante programa?

Para empezar, es urgente abordar un debate estructurado en el que sea posible discutir lo que se entiende por seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, para así poner en un escenario diferente las políticas públicas y sus ejecuciones a través de programas y proyectos. El neoliberalismo y este gobierno distrital consideran el alimento como una mercancía sujeta a las “leyes del mercado”, leyes que se elaboran e imponen desde el poder y son una forma más de sometimiento a las comunidades. Las líneas políticas provienen de organismos internacionales como la FAO y son apuntaladas a través de los Tratados de Libre Comercio (TLC) que van en contra de la soberanía alimentaria de los pueblos.

Este marco de discusión debe contemplar un debate al plan de abastecimiento de la ciudad, el cual ha sido entregado a las grandes plataformas de alimentos, muchas de ellas de origen transnacional y por supuesto a Corabastos, quienes imponen precios y modelan los consumos de las poblaciones. Es de ahí que la “pérdida de alimentos”, argumento desde la FAO y los gobiernos, tenga una velada acusación a las comunidades que son “las que desperdician” y que no aborde la manipulación de los precios por parte de los negociantes y las mafias del alimento, que encarecen cada día más los productos de la llamada canasta familiar.

Si de verdad existiera una política estructurada que entendiera el papel del campesinado de la región cercana, se diseñaría una política de mediano y largo plazo para recuperar la vocación agrícola, no solamente de la ruralidad de la ciudad, sino, principalmente, de la región, la cual va siendo urbanizada; además de reorientar la llamada agricultura urbana hacia una línea agroecológica y biodiversa.

La garantía del derecho a la alimentación es uno de los ejes de transformación del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan indica que el camino para lograr este objetivo debe ser progresivo y en dirección a gestar la Soberanía Alimentaria, lo que por definición implica que el abordaje y la resolución del problema debe surgir desde la mirada del mismo territorio y sus comunidades.

En nuestra ciudad debemos potenciar la organización social en torno a las Soberanías Alimentarias que surgen y crecen desde las comunidades, para que realmente solucionen los problemas estructurales del hambre que impone el capitalismo en su fase neoliberal de manera cada vez más brutal.