El campesinado colombiano ha sido y es una víctima centenaria de las múltiples violencias propiciadas y generadas desde el modelo capitalista, la clase en el poder, terratenientes y burgueses “blanquitos”. Hoy, el campesino, el indígena y el afro se vuelven a movilizar para que sus reivindicaciones de tierra y derechos sean escuchadas y se abra el camino para una nueva época, unos tiempos de construir y hacer desde las autonomías.

Quienes producen a diario los alimentos para las mesas de los colombianos aspiran y esperan que por fin se inicien unos tiempos de dignidad y de vida. La Reforma Agraria Integral y Popular que es uno de los puntos del Acuerdo de Paz con las Farc, acelerada por este gobierno, plantea retos no solamente al campo y sus organizaciones, sino que desde las ciudades despojadas y convertidas en “parásitas” los compromisos y responsabilidades deben ser mayúsculos. 

Retornar al camino, a la vocación de un país y una sociedad por excelencia agrícola, productora de alimentos, despensa del continente, es no solamente la promesa de un gobierno, sino y principalmente el anhelo de las familias campesinas que han sostenido la alimentación del país y que con sus luchas han resistido despojos, masacres y humillaciones del poder.

Este camino, que para nada es fácil, obliga a luchar contra un modelo anclado en los agrotóxicos, un modelo impuesto por el poder imperial, un modelo que ha agotado la vida en los territorios a partir de los monocultivos y la agroindustria extensiva, un modelo que enferma a las comunidades al alimentarse, un modelo que considera el sagrado alimento como una vil mercancía, en fin, un modelo que va en contra de la soberanía alimentaria del país.

En las ciudades debemos profundizar un debate sobre los consumos. La manera y la calidad de los alimentos que llegan a nuestras mesas, los modelos de abastecimiento que llenan los bolsillos de transnacionales y mafias nacionales, que encarecen la canasta familiar. La tarea urgente es articular con los campesinos cercanos y eliminar los intermediarios que los modelos de abastecimiento han ido creando y en donde se queda la ganancia del trabajo del campesinado. En últimas, es también luchar contra un modelo de ciudad del cual nos dicen y nos imponen su ordenamiento, que significa despojo y marginalidad. Una lucha por recobrar los bienes comunes, entre ellos, los espacios que habitamos y las maneras en que mercadeamos, el mercado popular, la recuperación del espíritu de la vieja plaza de mercado, escenario de encuentro de campesinos y citadinos y no escenarios que poco a poco van siendo degradados para entregarlos a los negociantes de grandes plataformas y mercachifles de centros comerciales.

La urgencia de una Reforma Agraria Integral y Popular en el centro del país

Lo hemos venido planteando desde hace cerca de 3 años a partir de la construcción del Mandato Popular para la Soberanía Alimentaria de Bogotá y cercanías. El tejido entre las ciudades y el campo siempre ha estado vivo. Desde nuestras comunidades, familias y organizaciones sociales hemos compartido un destino y una solidaridad cotidiana que trasciende los mapas de divisiones políticas administrativas. Aún somos una ciudad con una profunda raigambre campesina que lucha por no dejar morir nuestras raíces. 

La ruralidad de la ciudad de Bogotá y los municipios cercanos son escenarios significativamente importantes para la región por poseer ecosistemas de altura únicos en el mundo como son los páramos, los bosques de niebla alto andinos y sistemas subxerofíticos, además, de constituirse en un corredor ecológico de suma importancia regional y nacional conectando parte de la Orinoquia con la región central de Colombia. Solamente para la ciudad de Bogotá el suelo rural representa un 76%, 124.314,46 Ha de un total de 163.663,08 Ha. Esta geografía ha sido habitada por campesinos, que tradicionalmente han hecho del cultivo de papa, arveja, haba y pequeñas ganaderías, sus principales fuentes de ingreso. Los intentos de proteger estos ecosistemas estratégicos a través de un Sistema de Áreas Protegidas se ha quedado la mayoría de las veces en una letra muerta y desde el poder, el territorio campesino sigue siendo un coto de caza para sus intereses, avalado por los últimos gobiernos distritales.  

Para citar dos ejemplos nada más, Usme y Ciudad Bolívar, son dos localidades del sur de Bogotá que cuentan con una extensa zona rural que sirve de borde amortiguador con el Parque Nacional de Sumapaz y hacen parte de la cuenca del río Tunjuelo, de gran importancia ecosistémica para la ciudad, de manera sistemática están siendo arrasadas por un urbanismo depredador y muchas veces mafioso con profundos impactos ambientales y ecosistémicos no solamente para la ciudad, sino para la región en su conjunto. 

Los municipios de la Sabana centro cobijados por la declaratoria de Zona de Protección para la Producción de Alimentos por el Ministerio de Agricultura, conformados por Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá, a los cuales se deben sumar Soacha, Mosquera, Madrid, Facatativá y Funza, hasta hace unas pocas décadas producían alimentos. Hoy, han sufrido el volteo de tierras y una acelerada urbanización que está colapsando la región, una de cuyas problemáticas que venimos padeciendo es la crisis del agua en la ciudad y los municipios aledaños. 

En el corredor de los Cerros Orientales y de entrada a los Llanos Orientales están municipios abastecedores de alimentos y cultura para la ciudad. Cáqueza, Une, Fomeque, Chipaque, Choachí, entre otros, cierran un anillo en el que la ciudad de Bogotá puede fortalecer las construcciones de lazos sociales, culturales y por supuesto alimentarios con las comunidades de esta región.

Este gran escenario cultural, económico, campesino requiere de manera urgente una Reforma Agraria Integral y Popular que recupere la vocación de producir naturaleza y alimentos para la Vida.

Por la construcción de un Movimiento de Soberanía Alimentaria

Desde las organizaciones sociales en la ciudad, las organizaciones campesinas de los municipios mencionados y la voluntad y articulación con las políticas impulsadas por la actual administración nacional, debemos impulsar un Movimiento por la Soberanía Alimentaria. 

Se debe intervenir de manera estructural, de la mano de las comunidades campesinas, urbanas y el Gobierno nacional esta gran geografía, es decir, se debe recuperar hasta donde sea posible la ruralidad de la ciudad de Bogotá, la cual debe estar de la mano con la recuperación agrícola de los municipios de la cuenca del río Bogotá y los que están en el corredor del macizo de Chingaza que dan al departamento del Meta y demás, con una reconversión del modelo de producción agropecuario, y en la ciudad se debe evolucionar su anquilosada agricultura urbana hacia puestas de agroecología potenciando al máximo los espacios de producción de las comunidades.

Los espacios comunes deben albergar de manera sistemática y coordinada ferias y mercados de alimentos, los cuales deben ser manejados directamente por los campesinos y las organizaciones sociales de las comunidades y las administraciones nacionales, distrital y locales, las cuales deben facilitar y apoyar de manera suficiente en los campos técnicos, de crédito, logísticos, estos desarrollos de las comunidades en pos de una verdadera Soberanía Alimentaria.

Una expresión concreta de esta alianza se debe dar en el programa nacional Hambre Cero, que implementará 20 puntos de comida caliente en la ciudad dirigidos por organizaciones sociales en articulación con el Ministerio de la Igualdad. La centralidad de los abastecimientos para cubrir los requerimientos de los 5.000 usuarios del programa debe realizarse en una alianza con las organizaciones campesinas del entorno de la ciudad y estas mismas organizaciones sociales, pero además de esta acción debe surgir y consolidarse un Movimiento por la Soberanía Alimentaria de Bogotá y los territorios cercanos que sirva de referente al desarrollo nacional, anclado en el Derecho al Alimento Digno de las comunidades.