La paz total es la piedra angular de todo un pro­grama de gobierno que propende por el cambio y que pone en primer lugar la vida, principalmente en las regiones más apar­tadas y olvidadas del país, aquellas a las que no llega el Estado, pero donde sí se enquista la guerra y el conflicto. Garantizar un país en paz es darle vía li­bre a una reforma agraria con equidad y justicia so­cial y garantizarle a todo el pueblo colombiano el acceso a sus derechos fundamentales como lo son la salud, la educación, la seguridad y por sobre todo la vida.

Las dinámicas del conflicto y una historia marcada por la guerra, son quizás los sinos o las fuerzas que han impedi­do lograr esta transición. Muy seguramente, esta sigue siendo una socie­dad incapaz de perdonar, incapaz de soltar y de garantizar una oportuni­dad o una vida mejor para quien eligió o por obliga­ción tuvo que asumir el peor de todos los cami­nos: la guerra. La base de ese conflicto es la inequi­dad social, y es la paz el único camino para lograr cerrar esas brechas.

En el informe entre­gado hace apenas unos meses por la Comisión de la Verdad, el llamado a la sociedad iba dirigido principalmente a eso, a seguir labrando ese cami­no que garantice la paci­ficación de un pueblo que no puede estar condena­do a matarse a sí mismo, el padre Francisco de Roux decía al respecto que ese llamado que se hace desde la Comisión y por parte de las víctimas hacia el Estado y la socie­dad civil es a crear una nueva visión de seguri­dad para la construcción de la paz como un bien público: “Una visión en la que la seguridad deje de estar restringida a lo militar y se construya desde la confianza co­lectiva, con el apoyo de todas las instancias del Estado a las formas en que las comunidades, las etnias y los territorios construyen convivencia, sobre la base de diálogos entre los ciudadanos y las instituciones, para hacer las transformaciones ne­cesarias en el Estado, las Fuerzas Militares, la Po­licía y las organizaciones de la sociedad civil, como un elemento fundamental para la paz”.

Generar esa con­fianza y no seguir en una guerra interna, como la que siguen planteando hoy funcionarios como Francisco Barbosa o las mentiras y las disputas en las que nos meten los grandes medios de comu­nicación, es aprender a pasar la página y quizás aprender a confiar en que es necesario abrir la puer­ta desde el mismo Estado para que todos estos ac­tores del conflicto se rein­tegren a la sociedad civil.

En el mes de noviem­bre se firmó la Ley 2272 de 2022 que regula el funcionamiento de la paz como una política de Es­tado, definiendo y garan­tizando conceptos como la seguridad humana y la paz total, desde la imple­mentación de dos tipos de procesos: 1) Negocia­ciones con grupos arma­dos organizados al mar­gen de la ley con los que se adelanten diálogos de carácter político, en los que se pacten acuerdos de paz. 2) Acercamientos y conversaciones con gru­pos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y desmantela­miento. La regulación de dichas negociones es la que se dicta en la ley.

La implementación de esta ley también ha sido un reclamo de las comunidades que siguen en todo el centro del con­flicto, que siguen siendo confinadas o desplazadas de sus territorios. A par­tir de esta ley se expidie­ron los decretos que da­rían inicio al cese al fuego bilateral que, aunque con dificultades, ha permiti­do, de una u otra forma, mantener los diálogos con diferentes organiza­ciones y grupos armados.

De igual manera, hay que hacer un llamado a la paciencia y entender que los procesos de paz sue­len ser largos y se basan en la confianza de las par­tes. Al respecto John Fer­nando Mesa Arias, conse­jero de Paz en Medellín y Antioquia menciona que: “Creo que ha sido muy importante, varios gru­pos en el país de diferen­tes tendencias de izquier­da o de derecha y combos en las diferentes ciudades han tomado la decisión de empezar unos diálogos exploratorios, aunque técnicamente son acer­camientos a lo que se ha llegado. Allí se han toma­do decisiones de generar el respeto a la vida. Otro punto importante es que la ciudadanía conozca las propuestas, que conozca las leyes, que conozca las normas que está propo­niendo el gobierno para que haya un respaldo ciu­dadano y mirar cuál sería la visión de reparación, de no repetición, de justi­cia y de verdad. Entonces, generaríamos un encuen­tro más amplio donde mi­raríamos Estado, actores armados, actores interna­cionales y sociedad civil cómo pueden generar una verdadera pedagogía para que la ciudadanía entien­da qué son estos acuerdos o diálogos de paz”.