Mientras que en Estados Unidos se movilizaron más de siete millones de personas en dos mil setecientas ciudades, impulsadas por el movimiento No Kings: una coalición conformada por organizaciones progresistas, sindicatos, grupos de derechos civiles y artistas locales, en protesta contra la acumulación de poder en el ejecutivo y en defensa de la democracia participativa, una respuesta de rechazo contundente a las políticas del gobierno de Donald Trump; en Colombia, debido a la descertificación en la lucha antidrogas, el retiro de ayuda,  el aumento de aranceles y la cancelación de la visa presidencial, los sectores de la oposición se lamentan de que Petro, haciendo eco de un clamor global, se haya manifestado en contra de Trump en diferentes escenarios. 

En primer lugar, Petro — al igual que Macron, Lula, Sheinbaum, las cúpulas de inteligencia de Países Bajos y los líderes de la Unión Europea—, se opuso a la política migratoria del gobierno Trump, en su caso rechazando el avión de deportados que traía a inmigrantes colombianos en condiciones que atentaban contra los derechos humanos. Al igual que muchos países (Irlanda, España, Canadá, Australia, Noruega, China…), líderes y ciudadanos del mundo; Petro se opuso a la invasión por parte de Israel al territorio Palestino y en un acto civil, cerca de la sede de la ONU en Manhattan, pidió al lado del cofundador de la banda Pink Floyd, la desobediencia de las tropas estadounidenses a las órdenes de Trump vinculadas con la guerra de Gaza. Finalmente, denunció el ataque aéreo de Estados Unidos a una embarcación frente a la costa de Venezuela, alegando que transportaba drogas.

Rechazar públicamente la desproporción del ataque, utilizar misiles contra una lancha en la que jóvenes colombianos iban a bordo, sin saber a ciencia cierta si estaban vinculadas con el narcotráfico; defender la soberanía de Colombia, Venezuela y el Caribe; denunciar el genocidio del pueblo Palestino ante la ONU; señalar los intereses colonialistas de Trump en el apoyo a Israel: nos han llevado, según la oposición, a la temida descertificación evitada en gobiernos anteriores, con excepción de Ernesto Samper, a fuerza de demostrar con servilismo que el mayor aliado de Estados Unidos en la región es Colombia.

Extraña (o tal vez no) que aquellos que ven en el gobierno de Netanyahu un aliado comercial y en Trump, un mediador de conflictos internacionales y defensor de la libertad frente a las regulaciones estatales, no vayan más allá de su propia servidumbre y sean sordos ante las manifestaciones por los excesos del actual gobierno de Estados Unidos contra sus propios ciudadanos, que favorece a unas élites económicas, empresariales y tecnológicas. Sobre todo, porque no ven un peligro en la entrada de Trump a Argentina, gracias a Javier Milei, quien en nombre de los valores de occidente no ha tenido reparos en permitir la intervención norteamericana en la economía para que consiga un control geopolítico del continente a nivel tecnológico, y le dé ventaja frente a Rusia o China, con la construcción de un emporio de datos para el desarrollo de la IA.

Por otra parte, los temores de la oposición en voz del periodista Juan Lozano, ante la descertificación estadounidense son falsas alarmas, pues ésta no representa un problema mayor, ante los logros económicos del gobierno, favorecido por el alza del precio del petróleo, la baja del dólar que incentiva las importaciones, y la cancelación de la línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional. Así mismo, se ha demostrado que, la certificación traducida en ayudas para combatir la producción de la droga que se consume en Estados Unidos, no ha tenido un impacto en la disminución de los cultivos o el tráfico ilegal. Al contrario, ha incrementado la violencia en las regiones donde se encuentran los cultivos.

Si bien, una certificación no es para vanagloriarse como lo hizo el gobierno de Iván Duque, pues sirvió para promover el uso del glifosato en la erradicación de la hoja de coca, afectando el medio ambiente y la salud de los habitantes de las zonas aledañas; y mantuvo la línea de distribución del alcaloide fuera del radar de los gobiernos; la descertificación tampoco sería un problema si la intención de Trump no fuera convertir en objetivo militar a los países acusados de incentivar el narcotráfico como sucede con Venezuela, cuando señala que Maduro hace parte del Cartel de los Soles, una organización cuya existencia no tiene bases concretas. Acusaciones que han justificado la violación de la soberanía y los ataques desproporcionados a las embarcaciones civiles. Lo cierto es que Petro está en la mira de Trump, pues ya lo acusa sin fundamento de ser líder de una organización de tráfico ilegal, en respuestas a los desafueros del presidente colombiano hacia su gobierno.     

Lejos de simplificar las relaciones con Estados Unidos, como lo ha hecho la oposición, dando por sentado que Trump representa los ideales que los gobiernos norteamericanos proyectaron al mundo en la posguerra o en los tiempos de la prosperidad ilusoria de la era Reagan; es importante reconocer que las posturas de Petro están alineadas con la democracia internacional, y develan la intención colonialista de Trump en la región, manifiesta en su apoyo a Israel, en la  presencia de Estados Unidos en Argentina y al poner en la mira a los Estados, supuestamente, tolerantes con el narcotráfico.

En este momento, en el que algunos sectores celebran las medidas de Trump en Colombia como si se tratara de poner freno a los desafueros antidiplomáticos de Petro, se presenta la oportunidad de descolonizar el imaginario colectivo que ve en Estados Unidos la realización de los valores occidentales, y de analizar la agenda imperialista que se pretende imponer en la región con la imposición de las dictaduras de la élites empresariales y la desarticulación de la democracia — como sucedió en décadas pasadas con el plan Cóndor bajo la coordinación de los gobiernos de Nixon, Ford y Kissinger—, amparada ahora en la guerra contra las drogas y en la idea mediatizada de que un líder como Trump es garante de la paz, como se ha tratado de presentar su intervención del cese al fuego en Gaza. Una movida que ante todo le da legitimidad a la invasión de Israel al territorio Palestino, donde las represalias por la ofensiva de Hamás, el siete de octubre, no cesan.