Hace más de un mes, el país se enteraba de la reforma tributaria, proyecto de ley que se presentó en el Congreso bajo la premisa de que el país estaba en quiebra, que quedaban pocos meses de caja y que era absolutamente necesaria para pagar deudas y seguir apoyando los programas de asistencia social, eso fue lo que afirmó el ministro de hacienda Alberto Carrasquilla. Al tiempo, la oposición y la prensa independiente informaba sobre la compra de 14 aviones para la Fuerza Aérea Colombiana, un gasto que representaba más de la mitad de lo que se quería recoger a costa del alza de impuestos a los servicios públicos, los salarios y la canasta familiar. La reforma se retiró, pero los 14 billones de la compra de los aviones aún no, parafraseando al ministro de defensa Diego Molano, esa es una operación que no se va a echar para atrás porque es una negociación que “se hará progresivamente cuando termine la vida útil de la flotilla”. El gobierno anda despilfarrando los recursos públicos en armas de guerra. Acción que no deja de ser extraña dado que en sus presentaciones en el extranjero se muestra como un férreo defensor del Acuerdo de paz y de los derechos humanos.

De puertas para adentro la situación es otra, al presidente y a sus ministros no les ha importado la pandemia, ni el aumento de la pobreza, ni las críticas condiciones de las comunidades, nada ha valido en su afán por despilfarrar el erario público comprando todo tipo de armas y municiones que ahora utilizan en contra de la población civil, a la vista de todos. El gobierno ha gastado grandes cantidades de dinero en contratos que se han ido haciendo públicos desde el año pasado, entre las compras más polémicas están: los 7.900 millones que se gastaron en el 2020 en la compra de tanquetas del ESMAD; el contrato por $3.900.000 dólares para la compra de 86 vehículos militares Textron M1117 usados a Estados Unidos; entre abril y mayo del 2021 se dieron a conocer los contratos por 14.100 millones para la compra de 130.000 granadas, 60.000 balas marcadoras, 4.734 escudos antimotines y 107 armas lanzadoras de gas; por último, se han hecho públicos los contratos para la compra de los lanzadores múltiples de proyectiles electrónicos, que han sido utilizados en las manifestaciones de Bogotá, Popayán y Cali, conocidos como Venom, cada uno de ellos tiene un valor de $451.636.970 millones de pesos, cada proyectil que se utiliza en este lanzador cuesta $270.000 pesos.