Desde los albores del año 2023, diversas organizaciones sociales en la ciudad de Bogotá y algunos municipios cercanos nos fuimos encontrando, reconociendo experiencias y miradas frente al alimento y sus diversas maneras de prepararlo, todo esto anclado a la cultura expresada en los fogones, ollas comunitarias y comedores comunitarios manejados por las mismas comunidades. Estos ejercicios de soberanía de las organizaciones alrededor del alimento, poco a poco, se han ido convirtiendo en un lucrativo negocio para operadores privados con la anuencia e impulso de las administraciones distritales para el caso de nuestra ciudad.

Nos motivó entender que en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: Colombia, Potencia Mundial de la Vida (PND), creado y promulgado por este Gobierno, se planteaba por primera vez el ordenamiento de los territorios en torno al agua y, como consecuencia, se priorizaba la garantía del derecho a la alimentación para las poblaciones humanas.

En ese marco se planteó que, desde el Sistema Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación (SNGPDA), coordinado por la Presidencia de la República, se debería acompañar la formulación e implementación participativa de una política pública para la garantía progresiva del derecho de las comunidades a la alimentación, articulado con los diversos actores del sistema y en garantía de la participación activa y decidida de las comunidades en el camino hacia la gobernanza alimentaria. Estos planteamientos esbozados en el PND se han ido diluyendo en lo que concierne a la participación decisoria de las comunidades y la ejecución a la fecha por parte de los organismos del Gobierno encargados, la cual ha sido precaria.

Sin embargo, en este tema y de arrancada fuimos organizando los Comités Populares de Soberanía Alimentaria, ejercicio que dio como resultado un documento de política pública de base popular, construido desde las comunidades, el cual, además, recoge los propósitos del PND. El Mandato Popular para la Soberanía Alimentaria de Bogotá y Cercanías ha ido guiando nuestro accionar político en este campo y lo hemos ratificado en múltiples oportunidades como la ordenanza que hemos creado como pueblo para Colombia en general. El Mandato ratifica el acuerdo social en el que, pese a las dificultades de los tiempos que transitamos, un Gobierno como el actual debe conducir al país al cambio de rumbo. Un rumbo que desde el cuidado y la protección de los bienes comunes, el agua, la tierra el alimento y la naturaleza nos acerque al derecho que tenemos como pueblo de vivir con dignidad y soberanía.

¿Qué ha pasado con el acuerdo nacional Hambre Cero?

 Hambre Cero se planteó como un programa que implementaba acciones para garantizar el derecho al alimento de las comunidades. Se proponía la articulación y el esfuerzo de la sociedad en su conjunto para no solamente mitigar el hambre, sino más bien avanzar hacia un sistema alimentario que privilegiara la autonomía y la soberanía de las comunidades, reconociendo y fortaleciendo el papel de las organizaciones y las familias campesinas, así como sus sistemas económicos.

De igual manera, se proponía implementar los Consejos Territoriales para la Soberanía Alimentaria, los cuales debían articular comunidades y organizaciones sociales  para que se convirtieran en sujetos y actores sociales y políticos determinantes en los mecanismos que permitirían garantizar el derecho al alimento para las mismas comunidades a partir de diagnósticos, acciones y prioridades durante la construcción de políticas públicas.

Esta construcción de la política pública, si bien se desarrolla desde una acción del Estado, no se debe olvidar que se implementa a través de programas de atención directa en los territorios mediante comedores comunitarios, ollas y fogones populares en una alianza estratégica con los productores campesinos, las huertas urbanas y las diversas logísticas instaladas en los territorios de producción y comercialización, por medio de tiendas comunitarias, mercados populares, etc. Todo esto, en una implementación a fondo de las alianzas público-populares.

Lo que hoy camina en los territorios desde Hambre Cero

Todos estos planteamientos y muchos más están recogidos en el Mandato Popular para la Soberanía Alimentaria Bogotá y Cercanías, que sigue funcionando como una guía para nuestro accionar político y organizativo. Actualmente, esta apuesta se está concretando en el acuerdo entre veinte organizaciones sociales y el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, con el que se espera implementar y poner a funcionar otros tantos puntos de comida caliente en diferentes territorios de la ciudad, donde las comunidades no tienen acceso permanente a alimentos de calidad.

El reto para las comunidades organizadas es enorme, ya que tenemos que demostrar que somos capaces de administrar y ser exitosos en el manejo de los recursos públicos y en contribuir a superar políticas de exclusión social que por décadas tienen a nuestras comunidades en estados de marginalidad y sin acceso a alimentos básicos.

Los componentes principales que se trabajan con el Ministerio de la Igualdad para hacer realidad este despertar del programa Hambre Cero son (1) Operación de los puntos de Comida caliente por las organizaciones sociales en sus territorios, (2) Articulación con organizaciones campesinas que provean de alimentos de manera centralizada a los 20 puntos de comida caliente, (3) Construcción de la Política Pública de Soberanía Alimentaria que contribuya a avanzar a nivel nacional en esta tarea como sociedad.

Esta articulación se da en consonancia con el PND, que establece las alianzas público-populares como mecanismos que privilegian los pactos sociales, los acuerdos económicos y las formas de trabajo y producción social y cultural de los sectores populares en el camino de la gobernanza territorial, la inclusión social y la construcción de paz.

 Las tareas en el actual momento desde el campo popular

Reconocernos como ejercicios sociales y como actores políticos de transformación social en unos tiempos que nos obligan a entender la importancia profunda de las luchas por los derechos, en contra del oscurantismo, el fascismo y el nazismo que niegan la vida y van tras el mayor poder de unas élites globales y con extensiones a lo nacional es, de lejos, la tarea más importante que hoy tenemos como humanidades y, en particular, en este proceso.

Hacer posible que manejemos de la manera más exitosa los acuerdos público-populares en los que estamos empeñados, trascendiendo el modelo que ha ido manejando el alimento como una vulgar mercancía —y en estos escenarios en particular, el alimento como una limosna o un plato de comida para mantener en el mínimo vital a una población sin derechos y excluida socialmente—.

Profundizar en el conocimiento y acción hacia la soberanía alimentaria como el derecho que tenemos los pueblos a producir nuestros propios alimentos y alimentarnos desde y con nuestros modos y culturas. Contribuir a profundizar una Reforma Rural Integral y Popular en la que las familias y las comunidades campesinas no solamente tengan la tierra, sino también los insumos y acompañamientos necesarios en un modelo hacia la agroecología que nos retorne al camino de ser un país que produce sus propios alimentos que nutren la vida y no que la envenenan.

Desde este proceso social en acuerdos comunes y con la institución debe salir el marco que oriente el país hacia la soberanía alimentaria como una consigna de todos.

Por el momento, es preciso construir una Escuela Popular de Soberanía Alimentaria que articule este proceso social y comunitario desde y hacia la autonomía y la gobernanza popular.