Desde hace varios días Hidroituango se encuentra en el ojo de la opinión pública, cuando se conoció que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) dio como plazo máximo el 30 de noviembre para poner en operación dos de las ocho turbinas de la hidroeléctrica. Al parecer, lo que no tenían contemplado las Empresas Públicas de Medellín (EPM) era que, para cumplir con estas fechas, debía dar garantías a las comunidades aguas abajo. Quizá pensaban que con dos murales que entregaron en Cáceres y en Tarazá, a finales de octubre, y unas ferias a las que nadie asistió estaban cumpliendo con su parte de responsabilidad social.

Una vez se vieron bajo la lupa, tanto EPM, como la Gobernación de Antioquia y la Unidad de Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) comenzaron a realizar una serie de reuniones que demostraron dos cosas:

1. EPM no mejoró las condiciones de vida ni de seguridad de las comunidades aledañas al río, a pesar de haber sido los culpables de la contingencia ocurrida en el año 2018.
2. Los planes de gestión del riesgo no habían sido modificados desde la contingencia, es decir, que nadie en Hidroituango se había sentado a pensar en las posibles afectaciones que podía acarrear el encendido de las turbinas para las comunidades en ninguno de los escenarios de riesgo, ya fuera alto o bajo.

Es por esto que, el pasado 15 de noviembre, las poblaciones de los municipios de Ituango, Valdivia, Tarazá y Briceño decidieron no atender la alerta de simulacro y dejaron los puntos de encuentro llenos de funcionarios y de uno que otro vocero que trabaja directamente para EPM. Ese mismo día las comunidades sí salieron, pero a movilizarse en contra de la hidroeléctrica y de los incumplimientos a los que se han visto sometidas.

Al día siguiente, el 16 de noviembre, más de 600 personas provenientes de estos territorios decidieron desplazarse hasta el centro de Medellín al frente de las instalaciones del edificio inteligente de EPM para protestar en contra del mal manejo que le han dado al proyecto y de la afectación directa que han sufrido todas estas comunidades.

El periódico El Callejero tuvo la oportunidad de hablar con William de Jesús Gutiérrez, presidente de la Asociación de Mineros y Pesqueros Artesanales de Puerto Valdivia, agregado al Movimiento Ríos Vivos, quien expresa que: “Uno de los motivos que nos hace movilizar acá es porque estamos en una mesa con la Junta Directiva de EPM y no nos han cumplido. Llevamos 18 meses en la mesa y hasta ahora no se ha cumplido con lo que se ha hablado, inclusive ni nos han aceptado siquiera el nombre de la mesa, entonces eso nos hace que nos movilicemos aquí al establecimiento de ellos”.

William sabe de lo que habla, el año pasado la Corte Constitucional le dio la razón en la demanda que impuso en contra de EPM por todas las afectaciones que sufrió debido a la mal llamada contingencia que se vivió en el año 2018, en la cual no solamente perdió su vivienda sino también su forma de subsistir. En la Sentencia T-369 del 2021 se deja claro que EPM solamente les dio a algunas de las personas unos subsidios por calamidad por unos pocos meses y que, en algunos casos, ofreció indemnizaciones bajo la condición de la firma de un documento en el que se planteaba expresamente que la persona no podría reclamar absolutamente nada más en contra de la empresa. En el momento en el que William decidió no firmar, EPM dejó de cumplirle con el bono por desplazamiento que venía recibiendo y el infierno se volvió mayor. Hoy tanto él como los diferentes líderes de Ríos Vivos se encuentran amenazados, como lo dice el mismo William: “En el territorio cuando no existía este proyecto todos gozábamos de tranquilidad y una buena vida” pero desde la puesta en marcha del proyecto sus vidas no han dejado de estar en riesgo.

El corregimiento de Puerto Valdivia y las veredas del municipio de Tarazá han sido de las más afectadas en su calidad de vida, por la pérdida de sus oficios tradicionales: “Es muy duro cuando lo cambian a uno de empleo, el empleo de nosotros y cómo nos ganábamos el mínimo vital en el Patrón Mono, en el cañón del río Cauca era barequiando y pescando, en este momento todos los sedimentos del río Cauca se están quedando en la represa, la represa recoge 65.000 toneladas al año de sedimento. Por eso no hay pescado, debido a tanta contaminación que tiene esa represa, allá hay un buchón que se come todo el oxígeno, entonces el río Cauca no tiene caudal, ni tiene oxígeno, por eso no hay pescado, es muy difícil y nos tienen aguantando hambre”, afirma este importante líder social.

El daño que representan las hidroeléctricas para las comunidades

En la Sentencia T-369 se recogen las voces y los antecedentes de los perjuicios que ocasiona la creación de estas hidroeléctricas y todos los referentes que a nivel mundial y nacional demuestran cómo terminan siendo afectadas las comunidades aledañas, sus culturas, sus formas de subsistencia, que tienen que ver con afectación de los ecosistemas, y el desplazamiento debido a la violencia que ejercen estas multinacionales sobre los territorios. En el Informe del año 2000 de la Comisión Mundial sobre Represas (CMR) se plantea que, a esa fecha, entre 40 y 80 millones de personas habían sido desplazadas en todo el mundo por las represas; quienes viven río abajo de las represas han visto sus medios de subsistencia seriamente dañados y se ha puesto en peligro la productividad futura de sus recursos; muchos de los desplazados no fueron reconocidos como tales y, por lo tanto, no fueron reasentados o indemnizados. En los casos en los que se entregó una indemnización, esta fue con frecuencia insuficiente; mientras que a los desplazados que fueron reasentados, rara vez se les restituyeron sus medios de subsistencia; cuanto mayor es el número de desplazados, menos probable es que los medios de vida de las comunidades afectadas puedan ser restaurados y los impactos en los medios de subsistencia de las comunidades río abajo no son valorados adecuadamente, ni tratados en la planificación y el diseño de las grandes represas.

Comunicado del Movimiento Ríos Vivos

El Movimiento Ríos Vivos emitió un comunicado en el que expresa las razones y las exigencias de la movilización que se viene realizando hasta el día de hoy, en él plantean que:

Aunado a los múltiples incumplimientos, negación y especulación de EPM y la Alcaldía de Medellín (altas tarifas de energía, Mesa de negociación con Ríos Vivos, decisión judicial relacionada con la inestabilidad del macizo rocoso, ausencia de reparación integral para las víctimas de Hidroituango, llenado del embalse sin tener todas las obras culminadas y conociendo de la existencia de fosas comunes, etc.), ha aumentado el miedo por la verdad sobre posible colapso del macizo rocoso que sostiene la obra y da cuenta del irrespeto a nuestras vidas, culturas y territorio. Por esto, las comunidades víctimas de Hidroituango articuladas en el Movimiento Ríos Vivos, y que nos encontramos en el edificio de EPM, exigimos:

• Dar certeza sobre la estabilidad del macizo rocoso, en cumplimiento de las órdenes judiciales y administrativas que se encuentran en firme. Hasta tanto esto no ocurra, no continuar con el avance de las obras.
• Priorizar la protección frente al riesgo inminente que representa la probable avenida torrencial de la presa, para las comunidades aguas abajo y aguas arriba, al igual que para las comunidades ribereñas al Cauca.
• Dar cumplimiento al pliego de peticiones del Movimiento Ríos Vivos que contiene exigencias en materia de: a) reparación integral de los ecosistemas afectados por el megaproyecto; b) verdad; c) justicia social y ambiental; d) reparación integral (colectiva e individual); e) garantías de no repetición.

Después de 14 años resistiendo desde el Cañón del Río Cauca entendemos, hoy más que nunca, que nuestras vidas y culturas están en riesgo. Hidroituango es un proyecto de muerte que podría cobrar miles de vidas por culpa de quienes inescrupulosamente anteponen sus intereses económicos sobre la seguridad de las comunidades.