Luis Carlos Segura Rubiano era un político joven que con casi doce mil votos se convirtió en alcalde del municipio de Chía, en octubre de 2019. Para algunos se vislumbraba como la nueva generación del Partido Conservador. Había resultado electo tres veces como concejal —la primera de ellas con apenas dieciocho años— y había ejercido en dos ocasiones, entre 2004 y 2007, la vicepresidencia del Concejo. También se desempeñó como secretario de Educación entre 2016 y 2018, durante la administración de Leonardo Donoso, quien ahora es nuevamente alcalde del municipio.

Fue el mismo Donoso, quien, en diciembre del año 2023, a pocos días de la posesión de su segundo mandato, reveló 75 inconsistencias halladas durante el empalme. Entre ellas, irregularidades por 130 mil millones asignados a un convenio para una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR1), falta de ejecución del Plan General de Residuos Sólidos (PGIR), grave desfinanciación en el Fondo para la Educación Superior y la mala administración de los dineros del Plan de Alimentación Escolar (PAE), además de un proyecto de vivienda de interés social sin fiducia y contratos de una tienda artesanal que administraba un privado, entre otros.

Los resultados de la alcaldía de Segura saltan a la vista. Chía, que durante mucho tiempo fue ejemplo de administración pública, durante el gobierno de Segura dejó de cobrar más de 80 mil millones en impuestos. Su desempeño fiscal en el departamento pasó del puesto 8 al 63 y del 19 al 647 en el orden nacional.  El 27 de diciembre de 2023, a tres días de finalizar su polémico mandato, Luis Carlos Segura expidió un insólito decreto que los habitantes de Chía han bautizado como “El Decretazo”.

Se trata del Decreto 369, con el cual se modificaron tres artículos del Decreto 32 del 18 de septiembre de 2015, relacionados con la configuración de vías arteriales del municipio, el plan vial veredal y de ciclorrutas, y el plan vial urbano. Gracias a esta modificación, concebida sin ninguna clase de participación ni estudios, Segura consiguió revivir la Troncal Perimetral del Cerro, la cual se planeó a comienzos de este siglo como una vía de categoría mixta financiada por el municipio y la Gobernación de Cundinamarca.

Esta vía tipo V4, se planteó por vez primera con un perfil vial de 19,5 metros de ancho por la parte alta del municipio, desde los límites con Cota al punto donde queda el Polideportivo La Libertad y por ahí al sector conocido como La Valvanera. La noticia de esta obra generó en su momento un amplio rechazo y en el año 2015, se realizaron diversas manifestaciones contra el proyecto y gracias a un derecho de petición realizada por el Cabildo Indígena, la obra fue suspendida, ya que sacrificaba una reserva forestal que cuidó en vida el científico Thomas Van der Hammen.

Ahora, la idea de la vía de doble carril con una amplitud de 45 metros resurge con el Decretazo, lo que mantiene a la comunidad a la expectativa, pues de llegar a concretarse serían miles de personas, habitantes de las veredas de Tíquiza, Fagua, Fonquetá y Cerca de Piedra, las afectadas. Además, amenazaría la existencia de un bosque de enormes árboles contiguo al Resguardo Indígena Muisca de Chía.

Según una líder del sector: “No estamos en contra de las vías, estamos en contra de las afectaciones que vulneran nuestros derechos como propietarios. La construcción que se plantea, además de fragmentar el territorio, acaba con un pulmón para el municipio y abre la puerta a las constructoras”. La comunidad planea realizar en los próximos días varias actividades y están invitando al Gran Tapazo por la Defensa de las Casas Afectadas por la Troncal Perimetral del Cerro que se llevará a cabo en la Vereda Tiquiza en las Canchas de tejo Killer el sábado 23 de agosto desde las dos de la tarde.

Por ahora, el Decretazo sigue vigente y el actual alcalde Leonardo Donoso, luego de dos reuniones con la comunidad para tratar el tema, ha sido enfático en advertir que no derogará el Decreto. Tampoco hasta la fecha ha mostrado interés en gestionar una reunión con el Ministerio de Transporte y otros actores involucrados para revisar el tema. Hace unos meses, la Procuraduría anunció que abría investigación a Luis Carlos Segura por los malos manejos del PAE en doce colegios públicos, con lo que puso en riesgo la vida de casi quince mil niños, niñas y adolescentes, a quienes se les negó por casi dos semanas el acceso a la alimentación escolar.