El pasado 7 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo público un duro informe sobre la situación en Colombia, en el marco de las protestas antigubernamentales que se vienen presentando desde el 28 de abril. Este informe se da como resultado de la visita de la Comisión en el mes de junio.

La CIDH tiene como función promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la OEA en dicha materia. Vale la pena recordar que el gobierno se negó durante varias semanas al ingreso de la CIDH al país, situación que generó alarma, ya que desde 1961 la Comisión realiza visitas in loco, para observar y monitorear la situación general de los derechos humanos de los Estados Miembros. La llegada de la Comisión se dio como respuesta a los cientos de videos que se publicaron en redes sociales y que llamaron la atención mundial, no por la viralización de los numerales en redes, sino por lo cruento de las imágenes, asesinatos en vivo, retenciones ilegales, uso irregular de la fuerza y disparos de armas de fuego por parte de la policía y algunas personas vestidas de civil. Así como por los informes que realizaron entidades como Temblores e Indepaz, sobre la difícil situación de derechos humanos que se presentó en el marco de la protesta social.

Hasta el momento, la reacción del gobierno con respecto al informe ha sido negativa, la respuesta del presidente Duque a la Comisión fue: “Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad”, al respecto es importante resaltar que, aunque el no cumplimiento de las recomendaciones no acarrea sanciones, sí genera un ambiente de desconfianza internacional, ya que Colombia como Estado Miembro tiene la obligación de regirse por las medidas y recomendaciones de la OEA y de la CIDH; solo países con formas de gobierno que rayan con lo dictatorial como los de Venezuela y Nicaragua han rechazado el cumplimiento de las recomendaciones. Lo cual, a largo plazo, propicia la sanción por casos individuales que pueden presentar personas en contra del Estado. Si Colombia quiere seguir siendo un país democrático, lo mejor que puede hacer es ceñirse a las recomendaciones, que finalmente no son otra cosa que los mismos reclamos que le hacen, tanto el Comité Nacional del Paro, como la ciudadanía que sigue en las calles.

¿Qué dice el informe?   

El informe introduce y contextualiza la situación del país, al respecto plantea que Colombia es un Estado social de derecho, con una institucionalidad democrática, sólida, participativa y pluralista, que cuenta con dos hojas de ruta, la Constitución del 91 y el Acuerdo de Paz del 2016. Sin embargo, a pesar de la idoneidad de lo escrito o lo estipulado en ambos textos, se evidencia una serie de peticiones, reivindicaciones y demandas sociales a nivel nacional, regional y municipal, relacionadas con la falta de acceso a los derechos mínimos como la educación, el trabajo, la salud e incluso la vida. El informe, además, señala que en Colombia siguen existiendo dinámicas propias del conflicto armado, una alta presencia de grupos criminales, un aumento preocupante de los niveles de desigualdad y de pobreza extrema, así como de masacres y asesinato a líderes (as) sociales, a defensores (as) de derechos humanos y a firmantes del Acuerdo de Paz. Por último, como contexto, plantea que en Colombia las garantías del derecho a la protesta no están reglamentadas, y que, debido a los excesos por parte de la fuerza pública, específicamente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), que se vivieron en los años 2019 y 2020, la Corte Suprema de Justicia expidió la sentencia STC 7641-2020 que exige la regulación de dicha fuerza ya que “constituye una amenaza seria y actual para quien pretenda salir a movilizarse para expresar pacíficamente sus opiniones”.

La CIDH informó que El Estado colombiano reportó que, entre el 28 de abril y el 4 de junio, se realizaron 12.478 protestas en 862 municipios de los 32 departamentos, que incluyen: 6.328 concentraciones, 2.300 marchas, 3.190 bloqueos, 632 movilizaciones y 28 asambleas. De estas el 89% de las protestas, es decir, cerca de 11.060 se desarrollaron sin registrar hechos de violencia. Solo el 11% unas 1.418 presentaron disturbios o afectaciones violentas.

En medio del paro nacional se presentaron casos de asesinatos, lesionados, violaciones sexuales y desaparición forzada, la gran mayoría de ellos fueron afectaciones a la población civil por parte de la fuerza pública, sin embargo, las cifras no coinciden entre las entregadas por las instituciones del estado y las civiles defensoras de derechos humanos. Sobre estos datos se evidencia que, organismos del Estado como la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, reportaron: 51 personas fallecidas, 1.113 personas civiles lesionadas, 1.253 policías lesionados, 18 casos de lesiones oculares, 84 personas desaparecidas, 113 hechos de violencia basada en género. Por su parte, la organización de la sociedad civil Temblores y la Campaña Defender Asunto de Todas reportaron: 4.687 casos de violencia policial, 84 personas fallecidas, 1.790 personas lesionadas, 82 casos de lesiones oculares, 2.005 detenciones arbitrarias y 25 casos de violencia sexual.

Al respecto, la Comisión señala que es responsabilidad del Estado investigar las cifras de estas organizaciones de la sociedad civil y dar información clara, veraz y transparente, ya que estas inconsistencias pueden generar desconfianza de la ciudadanía en las autoridades, además es deber de los estados proporcionar información fidedigna y desagregada. Por último, al respecto, la CIDH manifiesta su rechazo a los altísimos niveles de violencia registrados en el marco de la protesta social.

¿Cuáles fueron las violaciones a los derechos humanos?

La CIDH realizó una cuidadosa caracterización de las principales violaciones a los derechos humanos observadas durante la visita y los obstáculos identificados para la garantía del derecho a la protesta. Entre ellos, resaltó su preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza, los numerosos casos de violencia basada en género y en discriminación étnico – racial en el marco de la protesta, así como violencia en contra de los periodistas y de las misiones médicas y casos preocupantes de irregularidades en los traslados de protección; también alertó sobre las medidas de protección a la fuerza pública y militares, que no garantizan su judicialización en caso de violación de derechos humanos, por el uso de facultades disciplinarias especiales y el traslado de los casos a la justicia penal militar;  la poca claridad en la asistencia militar y las preocupantes denuncias de desaparición forzada. La CIDH también hace algunas consideraciones sobre los cortes de ruta, tema alrededor del cual se plantea el debate nacional, sobre este la Comisión recuerda que “es preciso tolerar que las manifestaciones generen cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana, por ejemplo, con relación al tráfico y las actividades comerciales”, invita al Estado a buscar soluciones dialogadas que no generen el escalamiento de las protestas a otro tipo de violencias. Así mismo, hace algunas consideraciones sobre internet como espacio de protesta, dadas las denuncias hechas por la sociedad civil sobre censura y cortes del servicio y el reporte que realizó el Estado en el que informó que se adelantaron 21.675 horas de ciberpatrullaje, en las que identificaron 154 noticias falsas y más de 2.300 publicaciones con contenidos de amenazas a la vida o a la integridad física, al respecto la CIDH recomienda mantener a la ciudadanía informada sobre este tipo de acciones y evitar calificativos estigmatizantes o tendientes a la criminalización de quienes se expresan en la red.

¿Qué recomienda el informe?

La CIDH hace recomendaciones generales, entre ellas están: la invitación a entablar un diálogo genuino, con enfoque territorial, que permita escuchar a todos los sectores, especialmente a aquellos más afectados por discriminación histórica, social y estructural en el país; reforzar la confianza ciudadana en el Estado, mediante la independencia efectiva de los poderes públicos, garantizar el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales; y adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de las personas que dialogaron y testificaron en la visita de la CIDH.

De acuerdo a cada una de las violaciones de los derechos humanos identificadas por la Comisión, también brindó recomendaciones puntuales, algunas de ellas fueron: La necesidad de respetar y garantizar el derecho a la protesta, la libertad de expresión y la participación política de toda la población; evitar realizar declaraciones que estigmaticen o inciten a la violencia contra los manifestantes, por parte de funcionarios públicos y entidades del Estado; elaborar una ley que regule los alcances y limitaciones del derecho a la protesta en Colombia; asegurar que la fuerza pública en su accionar se apegue a los protocolos de uso legítimo de la fuerza, en cumplimiento a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, establecidos en los estándares internacionales; cesar de inmediato el uso desproporcionado de la fuerza, por parte de las fuerzas de seguridad, en el marco de las protestas sociales; asegurarse de que el uso de medios no letales para el control del orden público se sometan a los protocolos estrictos; prohibir la fuerza letal como control de las manifestaciones; reestructurar los procesos de formación, entrenamiento y capacitación de los integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado; separar a la Policía Nacional y su ESMAD del Ministerio de Defensa, para poder brindarle un enfoque ciudadano y de derechos humanos que evite las perspectivas militares; sistematizar los datos sobre personas fallecidas, heridas, detenidas, desaparecidas y víctimas de violencia con enfoque de género o étnico racial, así mismo, proveer con urgencia programas de reparación integral a las víctimas; liberar de forma inmediata a las personas detenidas de manera arbitraria durante las protestas; crear una comisión especial que permita dar con el paradero de las personas reportadas como desaparecidas; abstenerse de prohibir de forma generalizada los cortes de ruta, como modalidad de protesta; garantizar el derecho a la libertad de expresión; abstenerse de aplicar formas directas o indirectas de censura; y adoptar las medidas necesarias para asegurar que la justicia ordinaria sea el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, entre otras. Invitamos a nuestros lectores a conocer el informe completo en la página web de la OEA:  http://www.oas.org/es/cidh/.