Las cifras no son nada positivas, el pasado 06 de diciembre, el Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz) entregó el Informe de masacres en Colombia durante el 2020, en el que detalla que, a la fecha, 340 personas han sido asesinadas en 80 masacres, registradas en diecinueve de los treinta y dos departamentos de Colombia. Vale la pena resaltar que hace pocos meses, el gobierno intentó acuñar el término homicidio colectivo, que desconocía por completo las características particulares de estos atentados en contra de la población civil, por lo cual, dentro del informe, Indepaz fue claro a la hora de explicar que se entiende por masacre y por qué es el término que debe aplicarse en estos casos. El Observatorio entiende por masacre el homicidio intencional y simultáneo de varias personas (3 o más personas) protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), y en estado de indefensión, en iguales circunstancias de tiempo, modo y lugar. A este informe se suma el listado que entregó la misma entidad en el que registra el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, en el que uno a uno nombra a la persona, la fecha, el municipio, el departamento y los roles de todos estos líderes asesinados, en dicho informe se cuentan 289 líderes sociales y defensores de derechos humanos, 12 familiares o relacionados con líderes sociales y defensores de derechos humanos y 60 firmantes del Acuerdo de Paz.

Adicional a los datos y a las cifras, lo más preocupante es la situación humanitaria que se vive actualmente en los territorios, los cientos de desplazados, como los de Bahía Solano, que han tenido que llegar a las cabeceras municipales a refugiarse del enfrentamiento armado. También preocupa lo que Camilo González, director de Indepaz, ha mencionado en los últimos días como el ataque sistemático a las actividades sociales y comunitarias, en busca del control del territorio “una guerra declarada en contra de las guardias indígenas, comunitarias, cimarronas, que cuidan la salud y a la comunidad. Todos estos grupos ven como un obstáculo que la gente esté organizada, porque quieren hacer reclutamientos y dar mensajes de sus órdenes de horror, por eso pensamos que hay una relación entre actividades sociales y comunitarias, organizativas y los mensajes criminales”. Esto quiere decir que hay una amenaza latente en contra del tejido social y comunitario de las regiones, una amenaza en contra de la vida y un gran riesgo de que se impongan en todos estos departamentos nuevos círculos de violencia.

Otra de las situaciones complejas de lo que ha ocurrido en este 2020, y en general desde la posesión del gobierno Duque, es que hay un conflicto desdibujado, no hay un reconocimiento claro de los actores armados en los territorios. Es decir, antes de los Acuerdos de Paz era claro que existían tres bandos: la insurgencia de las guerrillas, la contrainsurgencia de los grupos paramilitares y las fuerzas militares del Estado. Sin embargo, la guerra que se revive hoy en Colombia no tiene nombres.

Para el Ministerio de Defensa se resume en una situación de drogas, que piensan que se va a resolver si hay fumigación y erradicación masiva de cultivos ilícitos, por esta razón para el gobierno no ha sido difícil poner a los campesinos y a la población civil como sospechosos dentro de esta nueva guerra. Pero otra cosa es la percepción de las comunidades, que ven enfrentamientos entre narcotraficantes, entre bandas criminales que buscan obtener el control de las rutas, a costa del desplazamiento y el asesinato. La población en silencio es incapaz de darle un nombre a esas formas de asesinato, a ese matar y rematar que revive los recuerdos de esas prácticas del pasado.

Ni siquiera la pandemia aplacó la guerra, por el contrario, parece que mientras el mundo permanecía en confinamiento, replegado en sus casas, bajo la incertidumbre de la enfermedad. En los pueblos de Colombia regresaba la guerra y desplegaba a sus heraldos negros por todo el país.