En medio de toda la polémica que existe frente al tema de la negociación y la tan esperada llegada de la vacuna contra el Covid – 19, el presidente de la república en un intento desesperado pretende frenar la avalancha de tutelas que vienen solicitando prelación en la aplicación de la vacuna, dejando en evidencia, nuevamente, su proceder autoritario ante todo lo relacionado con la pandemia.

La “invitación” que hace el Gobierno nacional a las instituciones jurídicas, ha sido calificada por los jueces y magistrados del país como: “Intromisión a la justicia y violación del poder judicial” atentando contra la independencia judicial y la separación de poderes.

Es obligación de los jueces analizar cada caso en particular y garantizar los derechos fundamentales que se están tutelando, pues es responsabilidad del juez amparar dichos derechos. Hace un tiempo el jefe de Estado se reunió con la Corte Constitucional como órgano de cierre, para que ordene las directrices frente a la situación que se viene y así presionar aún más al poder judicial.

Los magistrados no podrán comprometerse a negar o no recibir tutelas en contra del Plan Nacional de Vacunación, toda vez que estarían incurriendo en una falta disciplinaria por vulnerar derechos fundamentales.

Es deber del Gobierno nacional ejecutar el plan de vacunación de manera rápida y expedita, para evitar que se termine vacunando por decisión judicial, convirtiéndose en un control difuso de la administración de justicia.