Desde hace décadas, pronunciar o escribir el nombre del dos veces presidente de la República para hacerle los cuestionamientos propios de un país con madurez política, ha causado cierta desazón y reticencia, y no es para menos. De hecho, cuando el 16 de septiembre de 2014 se llevó a cabo un debate de control político por su participación en la creación de grupos paramilitares, liderado por el senador Iván Cepeda Castro, el entonces presidente de la Comisión Segunda del Senado insistió en impedir que el nombre de Álvaro Uribe Vélez se pronunciara. Según él, la Comisión de Ética del legislativo impedía el control político entre parlamentarios; un tecnicismo con el cual se buscaba conservar en secreto el proceder del máximo jefe político del siglo XXI en Colombia. Uribe había alcanzado una alta cima política, aunque inestable, dada su aciaga topografía.

La anterior parece una infortunada anécdota de la democracia en el país —y de quien se quiso erigir como un innombrable semejante a Manuel Estrada Cabrera en la novela de Miguel Ángel Asturias—, pero se trata del primer hito de su actual condena a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. En efecto, tras dicho debate, Uribe denunció a Cepeda por calumnia y fraude procesal. Así, la Corte Suprema de Justicia, organismo encargado de investigar y juzgar a los aforados en el país, abrió un proceso contra el senador Cepeda, quien fue absuelto en 2018, dado que sus actuaciones durante la investigación que sustentó el debate siguen siendo legales. Álvaro Uribe no corrió con la misma suerte: la Corte compulsó copias para investigarlo por fraude procesal y soborno a testigos.

Pero ¿qué significa compulsar copias? Se trata de un mecanismo por el cual los funcionarios que imparten justicia informan de posibles faltas penales o disciplinarias en las que puede estar implicada una persona que interviene en un proceso. En ese caso, se abre una nueva investigación. Así comenzó el proceso ante la Corte Suprema de Justicia del hoy condenado, quien en 2020 estuvo privado de la libertad por cuenta de indicios de la comisión de los delitos por los cuales se investigaba. Y es justo después de este episodio cuando comienza el segundo hito de la condena, hoy ampliamente comentada: Álvaro Uribe renunció a su curul en el Senado para que su proceso pasara a la justicia ordinaria, donde la investigación correría por cuenta de una fiscalía en manos de un copartidario que llegó a presumir de ser, tal vez, el hombre mejor preparado de Colombia y el mejor fiscal de la historia. ¿Desde cuándo en un país se otorgan esos títulos?

Pues bien, la fiscalía del hombre más culto del vecindario (en una aldea global que apenas si podría enternecerse ante las miopes declaraciones de Francisco Barbosa) solicitó en dos ocasiones la preclusión del caso. Es decir, pidió ante dos juezas distintas que el proceso se cerrara para absolver al sindicado Uribe Vélez. Peticiones estas que se negaron en ambas ocasiones y que, en una oportunidad, llegaron a segunda instancia, donde tres magistrados del Tribunal Superior de Bogotá confirmaron, en septiembre de 2023, la decisión de continuar con el proceso. En este segundo hito se hizo patente un trastocamiento de la naturaleza de las instituciones: la Fiscalía, el órgano acusador, había devenido defensora de oficio.

El proceso de Álvaro Uribe siempre ha sido una carrera contra el tiempo. Las maniobras dilatorias de sus apoderados, las solicitudes infundadas de una fiscalía que quiso ignorar un copioso material probatorio y la amenaza de prescripción llevaron a que en un tercer hito se hicieran audiencias concentradas para impedir que el caso se archivara. Todo esto se dio luego de la salida del fiscal de bolsillo de Uribe (ahora vemos cómo es de grande el mundo de Barbosa), con la designación de Marlenne Orjuela como nueva fiscal del caso. Con talante independiente, la fiscal honró la naturaleza de su institución, sin amilanarse ante quien ya sentía cómo la montaña comenzaba a estremecerse bajo sus pies.

En vivo y en directo, el país tuvo la oportunidad de ver horas de un juicio por el cual desfilaron toda clase de delincuentes que pretendieron hablar a favor del acusado. Dieron versiones contradictorias con respecto a las actuaciones de un profesional en derecho contratado por el expresidente de la República para que ofreciera beneficios y “ayudas humanitarias” a cambio de deslegitimar las investigaciones de Cepeda. Es que este último cuenta con testimonios de exparamilitares que relatan la participación de Uribe Vélez en la creación del Bloque Metro, una facción de las Autodefensas Unidas de Colombia.

No dejan de llamar la atención, a lo largo las intervenciones de aquellos testigos, las frecuentes alusiones a las “ayudas humanitarias” materializadas en servicios sexuales que recibió en la cárcel el exparamilitar Carlos Enrique Vélez. Tampoco fue ajeno para la opinión pública el comportamiento hostil del secuestrador condenado Enrique Pardo Hasche cuando fue llamado a declarar; guardó un silencio, por lo demás, diciente al compararse con la elocuencia con la cual le decía a Juan Guillermo Monsalve que Uribe era Dios en la tierra, con el ánimo de presionarlo a firmar una retractación en donde se hiciera ver que Iván Cepeda lo sobornó para que hablara en contra del otrora empleador de su familia. Esta última conversación consta en una de las pruebas que la defensa de Uribe Vélez no logró deslegitimar a lo largo del proceso.

Porque, por todos los medios, la defensa de Álvaro Uribe buscó la forma de impedir la inclusión de las pruebas en el juicio en franco ataque a los medios por los que se obtuvieron y con pleno temor a sus contenidos. En ese momento, el trabajo de la fiscal Orjuela permitió que nos hiciéramos una serie de preguntas que merecen la pena plantearse al ver el proceso en retrospectiva: ¿por qué los fiscales designados por Barbosa quisieron pasar por alto el material probatorio?, ¿por qué los abogados de Uribe alegaron que la fiscal que lo acusaba no era imparcial? ¿O sea que, para el expresidente y sus defensores, la imparcialidad consiste en declararlo inocente sin que se lleve a cabo ninguna investigación?

Pero no es este el espacio para analizar testimonios. Esa tarea la hizo, con pleno conocimiento de la técnica y del procedimiento legal, la jueza penal 44 del circuito de Bogotá, junto con todo el material probatorio, antes de proferir una sentencia condenatoria de más de mil páginas contra el ciudadano Álvaro Uribe Vélez. A Sandra Heredia también quisieron apartarla del caso. El hecho de que se negara a ceñirse a la agenda del acusado, para que el caso se siguiera acercando a su prescripción, fue motivo de otra recusación presentada por la defensa. Una recusación que, por supuesto, tampoco prosperó, al considerar una jueza de conocimiento que era un acto infundado.

Es claro que, a falta de argumentos, el uribismo siempre ha recurrido a vías de hecho como la difamación, la intimidación y la presión por parte de los poderosos. De esto da cuenta no solo la serie de bulos que han recorrido las redes sociales, los cuales llegan al extremo de identificar a la jueza con una pueblerina renegada, sino incluso la columna de un conocido periodista en donde parecía advertirle a la funcionaria lo que se le venía encima de no declarar inocente a Uribe. Pero la administración de justicia, orientada por mujeres que tuvieron la entereza de cumplir sus funciones sin reparar en los estertores de quien dictaba el curso de las instituciones desde una posición de poder privilegiada, llegó a la conclusión de que las conductas del expresidente constituyeron dos delitos.

Sin embargo, las difamaciones y la persecución persisten. Aun después de que la jueza precisara: “El fallo que se emite hoy no será una victoria de nadie ni una derrota de otro; será, como debe ser, una respuesta del Estado a través de su justicia”, no se hicieron esperar las especulaciones y preguntas por quién escribió el documento que soporta la condena a Uribe. Preguntas malintencionadas detrás de las cuales subyace una concepción machista del mundo según la cual una mujer no tiene la capacidad de conducir todo un despacho ni de decidir en derecho contra un hombre que ha querido presentarse como el dueño y señor de un país y sus instituciones.

Con la condena dictada por Sandra Heredia, que fue apelada por la defensa y por el ministerio público aún en cabeza de Margarita Cabello (aunque en cuerpo ajeno, como lo mencionó el actual procurador al posesionarse) comienza el cuarto hito de este proceso. Un momento marcado por la difamación a la fiscal Marlenne Orjuela, los señalamientos y amenazas contra la jueza Sandra Heredia y una cruzada que ataca a Iván Cepeda Castro, a quien los áulicos de Álvaro Uribe Vélez pretenden violarle su privacidad y el principio de no investigarse por un hecho ya juzgado mediante peticiones infundadas a la Corte Suprema de Justicia.

Por fraude procesal y soborno en actuación penal fue condenado Álvaro Uribe Vélez el pasado 1 de agosto. No por los hechos objeto de debate en 2014, por supuesto; pero queda en el aire una pregunta: ¿por qué se invirtieron tantos esfuerzos y recursos para cambiar las declaraciones de los testigos? Es que esta condena, a todas luces, hace un llamado a que se investiguen a fondo las conductas de Álvaro Uribe Vélez a lo largo de su carrera política.

Aquel 16 de septiembre de hace casi diez años, al inicio del debate de control político, Iván Cepeda dijo: “El paramilitarismo creó un aparato de muerte que erigió una montaña inmensa de cadáveres sobre los cuales se llegó a la cúspide del poder en Colombia”. La condena contra Uribe abre una ventana para que se comience a dilucidar la verdad de las políticas criminales de Estado que se consolidaron durante su vida pública. Así, se espera, algún día llegaremos a comprender cómo un sujeto escaló hasta esa cima de la infamia.