La cuestión de la tierra como una problemática de desigualdad y generación del conflicto en Colombia se remonta a la colonización española y el despojo de tierras sufrido por las comunidades indígenas, lo que produjo enormes latifundios para las familias españolas, criollas y la iglesia católica. En la época de la independencia fue fácil reconocer un sistema agrario con enormes dificultades por la ambigüedad en los favorecimientos realizados desde las autoridades territoriales a los grandes poseedores y las discusiones asociadas al trabajo, la tierra y el capital.

De la historia del sistema agrario colombiano se desprende no solo uno de los detonantes del conflicto armado, sino también las dificultades en el desarrollo agrícola y agroindustrial en el país. En Colombia han existido tres grandes reformas agrarias, la de 1936, 1961 y 1994. Todas buscaban solucionar los problemas de concentración de tierra, pobreza, injusticia, ambigüedad en los derechos de propiedad e ineficiencia que han llevado al rezago del campo colombiano.

La de 1936, impulsada por el presidente Alfonso López Pumarejo, esperaba atender las problemáticas históricas relacionadas con la distribución de la tierra. Sin embargo, la reforma, que intentaba alcanzar la equidad, garantizar su uso productivo, repartir las tierras baldías que pertenecían al Estado y la puesta en marcha de un plan para recuperar la tierra improductiva, fracasó por la fuerte oposición de las élites y terratenientes.

El segundo intento de reforma agraria en el país fue con la Reforma Social Agraria de 1961. Esta reforma fue impulsada por el presidente Alberto Lleras Camargo y el senador Carlos Lleras Restrepo. Esta reforma pretendía poner fin a La Violencia que se había desatado tras el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán y la profundización de las disputas entre liberales y conservadores. Los principales ejes de la reforma consistían en la creación de un gran fondo de tierras, que permitiera la redistribución de las tierras baldías del Estado para entregarlas a las familias campesinas sin tierra. El fracaso parcial de la reforma pasó por las dificultades institucionales para cumplir con los objetivos de redistribución de la tierra y la fuerte oposición de las élites.

La reforma de 1994, creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino para la ejecución y coordinación de las actividades relacionadas con la economía campesina. Por otro lado, se establecieron subsidios para la compra de tierras y se pretendía que los terratenientes vendieran parte de la tierra que no utilizaban a campesinos asalariados. Dentro de las fallas que tuvo esta reforma se encuentra que, si bien logró abrir un mercado de tierras, este era desigual, pues los terratenientes tenían ventaja en la negociación y se aprovechaban del campesino para seguir acumulando terrenos. Además, el INCORA se convirtió en un foco de corrupción, donde se entregaba tierra y subsidios a quien no los necesitaba. Otra de las grandes críticas que recibió la reforma, es que con la apertura económica se debilitó a la agricultura, pues no tenía suficientes ventajas comparativas para pelear en el extranjero.

El Acuerdo de Paz con las FARC

Dentro del marco para la finalización del conflicto con las FARC-EP se negociaron 6 puntos, dentro de los cuales se encuentra la Reforma Rural Integral, esta buscaba sentar las bases para la transformación del campo colombiano por medio de una reestructuración que tiene como eje principal a la mujer campesina.

Del punto 1 del acuerdo final vale la pena resaltar: “Que a juicio del Gobierno esa transformación debe contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio. Y que a juicio de las FARC-EP dicha transformación debe contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales, que afecta especialmente a las mujeres, niñas y niños”. Este punto del Acuerdo consta de 3 ítems, los cuales son: a) Acceso y Uso, tierras improductivas, formalización de la propiedad, frontera agrícola y la protección de las zonas de reserva. b) Programas de desarrollo con Enfoque Territorial. (PDET) c) Planes nacionales para la RRI.

Con lo cual se buscaba abordar las causas profundas del conflicto armado y promover el desarrollo y la paz en las zonas rurales. Aunque ha habido avances significativos, como la creación de programas de sustitución de cultivos ilícitos y la titulación de tierras para campesinos, todavía quedan retos por superar. La implementación de la reforma ha enfrentado obstáculos políticos, burocráticos y de financiamiento, lo que ha generado frustración y desconfianza entre las comunidades rurales.

No obstante, con el actual gobierno de Gustavo Petro se ha logrado avanzar en varios puntos que habían sido obstruidos en el gobierno de Iván Duque. Del actual Gobierno se resalta que: se han comprado 112.000 hectáreas para el Fondo de Tierra; se han formalizado más de 1.014.440 hectáreas por la Agencia Nacional de Tierras; se han constituido siete zonas de reserva campesina con una extensión de más de 440 mil hectáreas; se han destinado 2.5 millones de dólares para la estrategia de contratos de conservación natural y lucha contra la deforestación; se están ejecutando 1.490 proyectos PDET por valor de 8.300 millones, y se han aprobado 246 proyectos con una inversión aproximada de 881 mil millones; se han invertido 39 mil millones en la compra de tierra y construcción de la Universidad del Catatumbo; se han destinado 5.8 millones de dólares de cooperación a inversiones en los PDET de Tolima, Caguán, y Piedemonte Caqueteño, beneficiando a 19 mil personas.

En su discurso de apertura de un nuevo periodo legislativo el pasado 20 de julio, el presidente Gustavo Petro reconoció que gracias a todo el esfuerzo que se ha hecho la agricultura creció un 9.3%, un indicador nunca antes visto en la historia del país. Sobre la reforma agraria efectiva y activa en los territorios mencionó que: “Es un tema crucial para la paz, para construir una Colombia pacífica. La paz no es la conversación de grupos al margen de la ley. No habrá paz si el territorio excluido no deja de ser excluido”. Por último, invitó al Congreso a tramitar la reforma agraria: “Es el momento de una reforma agraria. El Estado no es solo el gobierno sino la justicia y ustedes (los congresistas). Hay que tener un discurso alrededor del campo y la agricultura. Los invito a lograr que el territorio excluido sea incluido en los proyectos del Gobierno nacional”, señaló. 

Es fundamental que el Gobierno refuerce su compromiso con la Reforma Rural Integral y la reforma agraria, de manera que garantice la participación efectiva de las comunidades rurales en su diseño y ejecución. Solo así se podrá existir una transformación real y duradera del campo colombiano, seguir trabajando no solo por la tenencia de la tierra, sino también para su productividad y la mejora de la economía rural.

Información tomada de: Corena, I. (2016). Reconstrucción histórica de las reformas agrarias implementadas en el campo colombiano para analizar la reforma rural integral.Medrano, E. (2022). La reforma rural de Petro.
Datos de la Agencia Nacional de Tierras, Ministerio de Agricultura y Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.