La próxima reunión en Washington entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump llega en un momento en el que la escalada del autoritarismo estatal en Estados Unidos ya no puede ignorarse. A inicios de este año, el país fue sacudido por el asesinato de Renée Nicole Good, una ciudadana estadounidense de 37 años, fusilada por un agente de la agencia federal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una operación en Minneapolis, lo que provocó protestas masivas y denuncias de abuso de poder y racismo institucional. Poco después, un enfermero de cuidados intensivos que se opuso públicamente a otra redada del mismo cuerpo fue también abatido por agentes federales, hechos que reforzaron la denuncia de que esta fuerza ha sobrepasado su misión migratoria y se ha convertido en un brazo represivo con respaldo político.

ICE (por sus siglas en inglés, Immigration and Customs Enforcement) es la agencia del Departamento de Seguridad Nacional encargada de aplicar la ley migratoria y ejecutar deportaciones. Sin embargo, críticos (incluidas organizaciones de derechos humanos y figuras públicas) la han comparado con una Gestapo moderna, acusándola de operar con impunidad y violar derechos civiles básicos. Esta percepción de terror estatal ha sido reforzada por denuncias de figuras culturales como Stephen King y por análisis publicados en The Atlantic, que advierten sobre rasgos fascistas en el actual liderazgo estadounidense.

En el plano internacional, esta deriva autoritaria se expresa en la retórica expansionista de Trump: desde su insistencia en la anexión o adquisición de Groenlandia, rechazada por Dinamarca, hasta el uso de amenazas arancelarias y presiones diplomáticas sobre la Unión Europea. A ello se suma el apoyo incondicional de Estados Unidos al gobierno de Benjamín Netanyahu, incluso frente a denuncias reiteradas por violaciones a los derechos humanos en Palestina.

En América Latina, esta agenda ha encontrado eco en líderes como Javier Milei en Argentina, José Antonio Kast en Chile y Daniel Noboa en Ecuador, alineados con el discurso de seguridad, mano dura y subordinación regional a Washington. En ese marco, lo que está en juego cuando Petro cruce el umbral de la Casa Blanca no es solo una conversación bilateral posterior a una crisis, sino un choque de modelos de Estado y de visiones geopolíticas en un mundo cada vez más polarizado.

Este clima de presiones y alineamientos también atraviesa a la región. La reciente propuesta de Petro de pensar una eventual reunificación suramericana, evocando la Gran Colombia de Bolívar, surgió en medio de una coyuntura hemisférica marcada por liderazgos fuertes y agendas impuestas desde el norte. La historia regional demuestra que los proyectos de unificación rara vez prosperan por consenso y suelen generar tensiones cuando se plantean sin acuerdos políticos amplios.

No es casual que, días después, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunciara la imposición de un arancel del 30% a las importaciones colombianas, alegando un déficit comercial y supuestas falencias en la cooperación contra el crimen organizado. La respuesta del gobierno colombiano —la suspensión de la venta de energía eléctrica y la advertencia de medidas recíprocas— confirmó que la relación bilateral atraviesa un terreno frágil, condicionado tanto por disputas internas como por el contexto geopolítico regional.

Este escenario también ha sido aprovechado por sectores de la oposición colombiana. La extrema derecha encabezada por el expresidente Álvaro Uribe ha intentado capitalizar las crisis del gobierno Petro. Como ha señalado el periodista Antonio Morales, estos sectores mantuvieron durante meses contactos con el senador Marco Rubio y su entorno, promoviendo una narrativa que buscaba presentar a Petro como un presidente vinculado al narcotráfico. De allí se desprendieron maniobras que derivaron en la descertificación de Colombia, la retirada de la visa presidencial y su inclusión en listas de sanciones, basadas en acusaciones sin sustento. La difusión sistemática de estas falsedades empujó la relación bilateral a un punto de alto riesgo y constituyó un acto de profunda irresponsabilidad política.

A pesar de ello, Petro llega a la reunión del próximo 3 de febrero desde una posición interna menos frágil de lo que sugieren sus detractores. Con niveles de aprobación cercanos al 50%, su gobierno muestra resultados: aumento del salario mínimo, reducción del salario de los congresistas, baja del desempleo y la inflación, estabilidad del peso, restitución de tierras, disminución del precio de la gasolina y un giro en la política antidrogas que prioriza la sustitución de cultivos sobre la fumigación. Este escenario empieza a tener impacto político y electoral. No es casual que uno de los ejes del encuentro con Trump sea la lucha contra las drogas: Petro insistirá en fortalecer economías legales: café, cacao, coco, sandía, ahuyama y selva nativa; como vía estructural para enfrentar el narcotráfico.

Así, Petro llega a Washington no solo con una agenda propia, sino bajo la advertencia implícita de que podría correr una suerte similar a la de Nicolás Maduro: aislamiento diplomático, sanciones personales y presión directa desde el poder estadounidense. No es fortuito que, en este escenario, el mandatario colombiano haya bajado el tono y adoptado una postura más cauta y negociadora, consciente de que el margen de maniobra está condicionado por las exigencias de Trump. Este último, además de presidente, encarna un Estado que parece más dispuesto a proteger su patrimonio político y sus redes de poder que a rendir cuentas por los abusos de sus agencias, y que como se vio recientemente en Venezuela, puede actuar con altos niveles de impunidad. Ese es el verdadero telón de fondo de la reunión: un diálogo atravesado por la crisis de los derechos humanos, el ejercicio desnudo del poder y una disputa continental entre democracia formal y prácticas abiertamente autoritarias.