El día 13 de mayo, se desarrolló la audiencia de imputación de cargos contra 11 campesinos y defensores del municipio de Jericó, Antioquia. La multinacional Anglo Gold Ashanti los acusa de: secuestro simple, hurto calificado, daño a bien ajeno y lesiones personales. Estas acusaciones están relacionadas con protestas contra el proyecto minero. 

Durante la audiencia fue evidente el sesgo de las autoridades, quienes insistieron en la acusación en contra de los campesinos, llegando a afirmar incluso que su funcionamiento era el de un grupo organizado para delinquir. 

Frente a la gravedad de la situación, es importante que se reconozca que la situación se da en un contexto de lucha en defensa del agua y el territorio. Las comunidades del municipio, son familias que tradicionalmente han habitado la zona, se conocen entre ellas y se dedican a la producción agraria y la caficultura. Desde que llegó la multinacional se han esforzado por romper el tejido social del municipio, sin embargo, lo que se ha roto realmente es la confianza en esta empresa extractivista, que no es deseada en la región.

Las autoridades locales y organizaciones no gubernamentales han denunciado la criminalización de la protesta y la oposición de los campesinos a la mina de AngloGold Ashanti. Se les criminaliza por defender el medio ambiente y oponerse a un megaproyecto minero.

CARTA A LA OPINIÓN PÚBLICA

Trescientos cincuenta maestros, maestras, estudiantes y organizaciones de activistas ambientales firmantes, manifestamos nuestro enérgico rechazo a la criminalización de campesinos en el municipio de Jericó, Antioquia, quienes hoy enfrentan procesos legales como consecuencia de su legítima oposición y resistencia a los proyectos de megaminería que amenazan con alterar profundamente sus territorios, afectando las aguas que recorren sus comunidades, la biodiversidad con la que cohabitan y sus formas de vida.  

Desde la llegada de la multinacional AngloGold Ashanti al suroeste antioqueño en el año 2002, con el proyecto de extracción de cobre, oro y plata denominado Quebradona, las comunidades campesinas, junto con diversos sectores sociales y ambientales, han manifestado su preocupación y desacuerdo con la presencia de la minera y sus intereses sobre el territorio.

Esta multinacional, que acumula múltiples denuncias por presuntas afectaciones ambientales, crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos, en varios departamentos de Colombia y a nivel mundial, impulsa un modelo extractivista que pone en riesgo el equilibrio ecológico, la soberanía hídrica y las especies endémicas de un territorio que se destaca por la abundancia de su biodiversidad y la fertilidad de sus suelos para la producción de alimento. Así como por la diversidad de comunidades campesinas que han decidido que su vocación es el cultivo de la tierra y su mayor riqueza el cuidado de la vida. 

Criminalizar la defensa del territorio es atentar contra los derechos fundamentales. Es infringir el Acto Legislativo y la Sentencia SU-445 de 2016 de la Corte Constitucional, donde los campesinos y campesinas fueron declarados como sujetos de derechos con legitimidad constitucional para defender sus territorios desde mecanismos legales de megaproyectos o el acaparamiento de tierras. Además, en un Estado democrático, la protesta social es un derecho consagrado y protegido constitucionalmente. Los campesinos y campesinas de Jericó no son criminales: son defensores de la vida y el bienestar colectivo. Su resistencia pacífica es legítima y necesaria ante la amenaza de un modelo económico que prioriza el lucro sobre la vida y la justicia ambiental. 

En Colombia, el cuidado de la vida es una obligación constitucional individual y colectiva (arts. 79, 80, 95.8), al igual que el derecho a la participación ciudadana para su defensa (art. 79) y en la toma decisiones sobre la vocación económica y el ordenamiento territorial de sus territorios. Las y los campesinos de Jericó, y la población en general, llevan años manifestando su mandato de manera pacífica: primero la vida, no a la megaminería en sus territorios.

Criminalizar la protesta social y ambiental es una forma de violencia estructural que además de favorecer los intereses corporativos y vulnerar los principios constitucionales de participación, justicia ambiental y pluralismo, pone en riesgo la vida de las y los defensores en el país más peligroso del mundo para cuidar el ambiente Además, desconoce los compromisos internacionales en materia de participación, acceso a la información en asunto ambientales y protección de quienes cuidan el ambiente con la ratificación del Acuerdo de Escazú. 

Rechazamos enérgicamente que se utilicen mecanismos judiciales para silenciar a las comunidades que se oponen a proyectos mineros que no fueron debidamente consultados ni concertados. Esta estrategia de intimidación jurídica no solo vulnera derechos humanos básicos, sino que sienta un grave precedente para todas las comunidades rurales del país que luchan por la defensa de sus territorios.

Exigimos:

1. La suspensión inmediata y definitiva de los procesos judiciales contra los líderes campesinos de Jericó.
2. El respeto al derecho a la protesta social, la organización comunitaria y la justicia territorial como pilar de una democracia participativa y ambiental. 
3. Que el Estado colombiano garantice la protección de los derechos ambientales, colectivos y culturales de las comunidades rurales. En el marco del Acto legislativo 01 del 2023 “Campesinos como sujetos de especial protección constitucional” y el Acuerdo de Escazú para la salvaguarda de defensores ambientales.

Nos solidarizamos con las comunidades campesinas de Jericó y reconocemos su lucha como un ejemplo de dignidad, resistencia y amor por la tierra. Su defensa del territorio es también una defensa del futuro común de las generaciones venideras. 

Hacemos un llamado urgente a la comunidad nacional e internacional, a los organismos de derechos humanos, a los movimientos sociales, a la academia y a los medios de comunicación para que visibilicen esta situación, acompañen a los campesinos judicializados y exijan al Estado colombiano el respeto por los derechos humanos, el ambiente y la soberanía de los pueblos.

¡El agua vale más que el oro! ¡Jericó resiste! ¡No a la criminalización de quienes defienden la vida!