Robert Daza es senador de la república, prove­niente del municipio de San Pablo, Nariño. Lleva más de 40 años de lucha en defensa del agua, las montañas, la diversidad y los derechos de los cam­pesinos y campesinas. Antes de ser senador de la república fue líder campesino y líder social, hace parte del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), del Congreso de los Pue­blos y fue presidente del Coordinador Nacional Agrario, una plataforma que articula alrededor de 67 procesos campesinos a nivel nacional.

El pasado 20 de abril, estuvo de visita en la Unidad de Agrocultura la Adelita, en la cual se concentraron personas interesadas en el tema de soberanía alimentaria, huerteros, huerteras, lí­deres y lideresas sociales, medios de comunicación alternativos, comunita­rios y populares, docen­tes y estudiantes del co­legio INEM de Kennedy para conversar sobre el tema del hambre, que aqueja particularmente a las comunidades del sur de Bogotá y sobre las di­ferentes políticas y pla­nes de gobierno que se vienen adelantando en favor del campesinado colombiano.

En el diálogo que entabló por más de una hora con la comunidad, fue claro en que, como se­nador y representante del campesinado, sus exigen­cias y propuestas legisla­tivas están centradas en resolver el tema de la re­forma agraria, es decir, la tierra para el campesina­do; promover una política pública que le garantice apoyo a la comunidad campesina para producir alimentos, medida que, por ejemplo, promovería la baja de los precios de los alimentos y beneficia­ría a casi toda la sociedad; y seguir en la promoción de las alianzas públi­co-populares que deben construirse desde la mo­vilización, no solo como protesta en las calles, sino en las acciones con­cretas que promuevan, por ejemplo, la creación de huertas, el relaciona­miento con las comuni­dades campesinas desde la ciudad y la decisión informada y consciente alrededor del alimento: “consumimos el alimento empacado ultra proce­sado que nos entrega la transnacional o el alimen­to fresco en verde que nos traen las comunidades campesinas”, expresó.

Uno de los temas que en la actualidad tiende a poner en jaque a las refor­mas sociales que impulsa el gobierno, es el alza de precios, al respecto el se­nador hace un llamado a la paciencia y a la peda­gogía, para lograr que la ciudadanía pueda reco­nocer las condiciones en las que el actual gobierno recibió un ministerio des­financiado, un campo sin inversión, donde la ma­yoría de los recursos se le entregaron a los sectores privados, y eso implica que, aunque se sea go­bierno, hay muchas medi­das que se deben cambiar y se tiene un legislativo adverso, cuyas mayorías en la actualidad las tiene la oposición, por lo cual el cambio viene, pero de una forma más lenta.

En el diálogo se abor­daron dos temas particu­lares sobre los cuales el senador respondió:

El hambre:

“Creemos que el hambre no es una con­dición natural ni espon­tánea, el hambre es pro­ducto de unas decisiones políticas que se toman en el país, tiene que ver con la soberanía alimentaria. Aquí, en Colombia, es impensable que siendo un país que tiene agua, tiene tierra y donde es posible producir durante todo el año, haya niños y niñas que se mueran de hambre en la Guajira, en el Chocó e incluso en Bogotá, que haya 7 millo­nes de personas que es­tán aguantando hambre. Lo que hay de por medio es una decisión política, que no es únicamente de este país, sino que tiene un arraigo internacional. La política de seguridad alimentaria ha sido lide­rada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), quien puso en el centro de la oferta de alimentos la producción alimenta­ria de las transnacionales, que son corporaciones de acumulación de capital.

Por otro lado, eso ha repercutido en las polí­ticas de financiación de las formas de agricultura propias, aquí en Colom­bia desde la década del 90 se dejó de apoyar o se dejó de lado la responsabili­dad que tiene el Estado con la agricultura campe­sina, familiar e indígena, con todas las formas de agricultura que hay en este país, que soportan la soberanía alimentaria. Hoy encontramos un Mi­nisterio de Agricultura que únicamente está al servicio de las grandes empresas, financiadas con subsidios, con crédi­tos baratos a los grandes ingenios, a los producto­res de palma y a muchos otros intermediarios de la política agraria que se quedan con los recursos que deberían apoyar y fomentar la producción campesina. De esta ma­nera, el campesinado se ha visto menguado en sus apoyos para la produc­ción y para la comerciali­zación.

A finales del 2010, se comienza a criminalizar la agricultura campesina, con la persecución a la comercialización y el uso de las semillas propias, esa es una cosa criminal desde el Estado, quitarles las semillas a las familias campesinas para que pue­dan producir comida.

El tema del hambre no es una condición es­pontánea ni una situación que aquí en Colombia se presentó por condiciones climáticas o por falta de vocación de producción de alimentos de la pobla­ción, sino porque hubo unas políticas de Estado que favorecieron a las corporaciones trasnacio­nales y que han hecho del hambre un negocio”.

Agroecología:

“Creo que estamos en un contexto político na­cional favorable para los cambios y las reivindica­ciones que históricamen­te hemos tenido como comunidades y grupos sociales en la moviliza­ción y en la construcción del poder popular. No obstante, encontramos dos dificultades en ese proceso de cambio, uno es que entramos a gobernar con un estado de derecho que estaba hecho a la me­dida de la corrupción y de la acumulación de capital de los grandes poderes, un entramado normativo que dificulta la acción del cambio y unos defensores de manera mayoritaria en el Senado de la República y en las instituciones que, dificultan ese cambio a favor del pueblo colom­biano. De igual manera, tenemos una tensión muy fuerte al interior del go­bierno, Pacto Histórico, porque se han nombrado unos personajes que no han dado la talla con la necesidad de cambio.

Sin embargo, veni­mos trabajando, insis­tiendo, luchándola como siempre lo hemos hecho desde la oposición, hoy desde el gobierno, para intentar asentar algunas bases para la transición hacia la agroecología, hoy conocemos que a nivel mundial la agricultura está transitando hacia unas formas sostenibles de producción y la ten­sión en este momento, la lucha que existe es por­que estas formas de agri­cultura sostenible, sus­tentable, amigable con el medio ambiente no sean aprendidas nuevamen­te por las corporaciones transnacionales que están tratando de hacerlas. Eso quiere decir que desde la agroecología se viene esta nueva disputa, hay un agroecólogo norteameri­cano que se llama Peter Rosset, él caracteriza a esta forma de “agroeco­logía” que proponen las empresas transnaciona­les como la agroecología chatarra, que es continuar con el mismo modelo de dependencia de los insu­mos por parte de los pro­ductores, la mayoría cam­pesina, para que sigan manejando el mercado, los insumos, las semillas, esas formas que hoy se es­tán tratando de imponer y que seguramente van a hacer tensiones dentro de la disputa institucional.

Una política de agro­ecología, de agricultura familiar y campesina en Colombia, tiene que ser una agroecología con en­foque de soberanía ali­mentaria y territorial, es decir, que las políticas pú­blicas tienen que apoyar a las familias campesinas, a las familias agricultoras y no apoyar a los negocios de las transnacionales, eso es necesario porque el cambio climático es una realidad. El deterioro del suelo es una realidad, hoy en Colombia el suelo ya no está respondiendo a las siembras y hay que ha­cer un tratamiento de re­cuperación de minerales, de diversidad biológica y eso únicamente lo puede lograr una política pú­blica que reconozca esa realidad y ese problema como riesgo para el país.

También tenemos que hacer una política de cuidado del agua, en eso yo creo que el presiden­te tiene mucho acierto cuando habla del orde­namiento territorial alre­dedor del agua, pero tam­bién hay que entenderlo y hay que saberlo hacer, ¿Cómo? consultando a las comunidades porque las comunidades, sobre todo las campesinas e indígenas, somos las que hemos gestionado el agua y, si nosotros no desa­rrollamos una política de soberanía hídrica como país, vamos a tener pro­blemas”.

Robert Daza, quien hoy como senador sigue sufriendo persecución por parte del Estado, no duda en expresar de manera reiterada que el campo y los recursos si­guen siendo un terreno de disputa para las trans­nacionales y los privados. Reconoce que el cambio será lento, pero que tie­nen toda la voluntad y la certeza de seguir avan­zando y que se logrará si logramos afianzar nues­tra identidad cultural como nación:

“Las comunidades campesinas producimos el 70% de la comida que se consume en las ciudades, el agua viene de nuestros territorios campesinos, también somos responsa­bles de mantener la bio­diversidad y otro aspecto fundamental es el arraigo cultural. La cultura es un factor importante de estabilidad de un país y de estabilidad de una co­munidad. Pueblo que no se identifica no sabe para dónde camina, sino, esta­mos a expensas de lo que nos presente la sociedad de consumo, las redes so­ciales, la web, por eso es importante que pense­mos qué es lo que somos, qué representamos y qué es lo que queremos ser como individuos y tam­bién como sociedad, por­que como seres humanos no tenemos la capacidad de vivir solos en ningún lugar, por esencia somos sociales y de esa manera tenemos que construir el bienestar y las relaciones interpersonales”.