El reciente reglamento del Servicio Social para la Paz, basado en la Ley 2272 del 2022, introduce una alternativa al servicio militar obligatorio para los jóvenes colombianos. De acuerdo con el artículo 10 y el parágrafo transitorio del artículo 11, esta normativa aplica a los jóvenes desde la mayoría de edad hasta un día antes de cumplir 24 años. Este nuevo servicio les permite contribuir a la construcción de una paz estable y duradera a través de diversas actividades alineadas con la política estatal de paz y seguridad humana.

El servicio social ofrece once modalidades distintas en las que los jóvenes pueden participar. Estas incluyen la alfabetización digital en zonas rurales, el trabajo con víctimas del conflicto armado, la promoción de derechos humanos y la protección del medio ambiente, entre otras. Cada modalidad está diseñada para abordar áreas esenciales como el fortalecimiento del bienestar colectivo, la promoción de la reconciliación y la preservación del patrimonio cultural y natural del país.

Para asegurar una implementación efectiva y coordinada, el reglamento establece un proceso de siete etapas: convocatoria, inscripción, selección, ingreso, capacitación, práctica y culminación. Este marco común busca garantizar que todas las actividades del servicio social sean ejecutadas de manera ordenada y efectiva, facilitando una experiencia valiosa para los jóvenes participantes.

Los jóvenes que elijan participar en el servicio social para la paz no solo ganarán experiencia en sus áreas de interés, sino que también contribuirán significativamente al desarrollo y estabilidad del país. Al involucrarse en actividades como la reforma rural integral y la gestión del riesgo y cambio climático, estos jóvenes apoyarán directamente la construcción de una paz duradera y el fortalecimiento de la cohesión social en Colombia. por lo que recibirán el 80% de un salario mínimo legal vigente, es decir, aproximadamente 1.067.000 pesos.

Las implementaciones de estas modalidades del servicio social para la paz estarán a cargo de varias entidades: ministerios del Interior, Educación, Ambiente, Igualdad, Cultura y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

También de la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz; la Unidad de implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera; la Unidad para la Atención y Reparación Integral de la Víctimas (UARIV); Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y Función Pública.

La financiación de este programa será con recursos del Presupuesto General de la Nación asignados a Función Pública.