Hace ya varios días que la mayoría de los ciudadanos le perdieron la pista al tira y afloje de la modificación a la Ley de Garantías, que se hizo vía aprobación del Presupuesto General de la Nación del año 2022, para que alcaldes y gobernadores puedan contratar a través de convenios durante el período electoral. Lo anterior, con la excusa de promover la reactivación económica de las ciudades y contribuir a los planes de gobierno de las diferentes administraciones, que han tenido que enfrentar este período de pandemia, muchas veces sin poder ejecutar a plenitud sus presupuestos.

Sin embargo, aunque el empaque parezca atractivo y las excusas en las que se respalda el gobierno parecieran, en ocasiones, hasta creíbles. Lo cierto es que, en Colombia, y más que todo sus dirigentes bañados en corrupción y mermelada, no están preparados para manejar recursos públicos durante la época de elecciones. Más aún, cuando no hay reelección presidencial, pero sí un partido de gobierno con el interés de perpetuarse en el poder. Es justamente a ese partido al que más le conviene que, al menos, alcaldes y gobernadores, puedan ejecutar sus presupuestos y contar con ellos para promover campañas y acciones en los territorios.

El gobierno plantea que se suspenda la Ley de Garantías únicamente por este período de elecciones, es importante recordar que la Ley promueve el ejercicio equitativo de la democracia representativa y fue expedida para asegurar que la contienda democrática se cumpla en condiciones igualitarias y transparentes para los electores, es por ello que contiene una serie de restricciones y prohibiciones que deben ser acatadas por las entidades públicas y sus servidores públicos a cabalidad. Para las elecciones de cargos de elección popular lo que establece la ley es la prohibición, durante los cuatro meses anteriores a los comicios, de contratación directa por parte de todos los entes del Estado. Eso significa, que no se pueden celebrar contratos o convenios interadministrativos, ni contratos por prestación de servicios o de apoyo a la gestión, así como otras formas de contratación directa.

Hace algunas semanas el Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá denunció supuestas irregularidades en el trámite legislativo del Presupuesto General de la Nación, y por lo tanto quedó suspendida la modificación a la Ley de Garantías. No obstante, hace pocos días el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló la orden emitida por el ente judicial y solicitó la remisión inmediata del expediente al Consejo de Estado para su revisión y estudio.

Todo lo anterior indica que a la fecha no hay claridad sobre si se suspenderá o no la aplicación de la Ley de Garantías. Lo que se evidencia en el último documento expedido por el gobierno, que es la Circular Conjunta 100-006 de 2021, es que deja los acuerdos interadministrativos de las alcaldías y las gobernaciones abiertos a que el Consejo de Estado falle a favor. Además, se viene adelantando con la Andi un programa que permutará que la ciudadanía y los medios de comunicación tengan acceso a dichos acuerdos para promover la “transparencia” de la ejecución de contratos en época de elecciones. La pregunta sigue siendo ¿Sí habrá garantías reales?