Hace pocos días se echó para atrás el proceso de licitación del proyecto de la planta de termovalorización, presentado por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Sin embargo, las razones del reversazo no fueron las correctas. La directora de la UAESP Luz Amanda Camacho anunció que: “Dimos cierre definitivo al proceso atendiendo las condiciones nuevas en el mundo, relacionadas con la subida del dólar y el incremento del valor del acero, otros materiales y equipos necesarios para instalar esta nueva tecnología en Colombia. Es un modelo con el que no podemos seguir insistiendo”, afirmó. Sin embargo, esas razones no dejan tranquilo a ninguno de los opositores de este nefasto proyecto, porque en pocas palabras se comprende que, si las condiciones económicas del país y del mundo se mejoran o al menos se equilibran, la planta podría entrar nuevamente a licitación ignorando los daños ambientales que podría acarrear, así como la afectación directa al trabajo de miles de recicladores en Bogotá.

Para poner en contexto la situación, basta recordar que, desde hace más de un año, la Alcaldía no ha escatimado recursos en propaganda, publicidad, videos y eventos en los cuales ha presentado no solo la planta de termovalorización, sino todo lo que denomina como el Parque de Innovación Doña Juana, como la solución a todos los problemas ambientales que genera el actual relleno. La estrategia es clara, no centrarse en la creación de una conciencia ambiental o cultura ciudadana del reciclaje, en la que se involucre a los recicladores de oficio en la recuperación y transformación del material, sino propiciar que la mayor cantidad de residuos lleguen a Doña Juana para que allí sean tratados por la empresa, lo cual le deja ganancia a los privados por doble parte, es decir por recolección y tratamiento, lo que termina siendo el modus operandi entre la UAESP y la Alcaldía que de puertas para afuera dicen apoyar a los recicladores y de puertas para adentro invierten miles de millones en negocios que solo los benefician a ellos y a las empresas privadas con las que trabajan. Las palabras de la alcaldesa mayor Claudia López, hace menos de dos meses, al referirse a la planta, eran: “Hoy le estamos anunciando a la ciudad que ahora tendremos una tercera tecnología para tratar los residuos que disminuirá el impacto ambiental y generará energía para la ciudad. Con la planta le estamos cumpliendo a los ciudadanos de Ciudad Bolívar, Usme y Tunjuelito que nos pidieron que no les sigamos trayendo basuras para enterrarlas aquí, no vamos a seguir expandiendo a Doña Juana” afirmó. El problema es que la alcaldesa no le contó a los ciudadanos la historia completa.

La termovalorización consiste en un proceso de incineración de residuos, para la posterior generación de energía. No obstante, en ambos procesos la solución termina siendo más perjudicial que el problema. En países como Chile, México y Argentina las plantas de termovalorización además de haber resultado sumamente costosas, han generado retrocesos en la búsqueda por llegar a una menor generación de residuos, como lo plantea la Alianza Global para Alternativas de Incineración (GAIA): “Las empresas que venden esta energía sucia y tecnología obsoleta, requieren contratos a largo plazo, exigen que se las provea de enormes flujos de residuos put or pay, en caso contrario deben los gobiernos pagar por no cumplir con esta exigencia, entre otros aspectos negativos de estos acuerdos con el Estado”.

Mirko Moskat, integrante del Taller Ecologista, acompañó a las organizaciones de recicladores en el análisis de los riesgos de la termovalorización en su oficio, en su presentación fue enfático en que este proceso no promueve una mayor cantidad de puestos de trabajo, desestimula la separación en la fuente y resulta más costosa la generación de energía por incineración de residuos que si se ahorra reciclando y reduciendo la generación de los mismos materiales. “Como el quemar basura tiene muy mala imagen, la industria vende la incineración como una manera de recuperar energía. Básicamente, en qué consiste esta recuperación de energía, en que parte del calor que se genera al quemar los residuos, por ejemplo, un papel o un plástico, ese calor se puede reaprovechar como energía, ya sea como calor mismo o a través de una turbina o un sistema de intercambio de calor, transformándose en energía eléctrica. Ahora, pensado como fuente de generación de energía, un incinerador es una mala fuente porque es muy poca la energía que realmente se puede recuperar y en términos de costo, si comparamos el costo de la generación de energía por incineración con otras formas de generación de energía, por ejemplo, la energía nuclear que es otra forma sumamente cara, con la natural, con una hidroeléctrica o con energía eólica, vemos que la incineración es la forma más cara de generar energía. Es incluso más cara que la energía nuclear” afirma Mirko.

La voz de la Asociación Nacional de Recicladores (ANR) y de la Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB) no se hizo esperar, el 6 de julio publicaron un comunicado con el apoyo de organismos internacionales y dirigida no solo a la alcaldesa mayor de Bogotá, sino también a la nueva ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, a los concejales de Bogotá, a los congresistas electos de partidos como el Polo Democrático, Colombia Humana, Comunes, Frente amplio y a GAIA Internacional – Alianza Global Anti-incineración, expresaron la importancia de su labor e hicieron énfasis en las fuentes legales y administrativas que respaldan el trabajo de los recicladores y su oficio:  “Gracias al sistema emergente que han desarrollado cerca de 20 mil recicladores de oficio en Bogotá, la ciudad no solo ha logrado aportar más del 50% de las materias primas recuperadas que son suministro para las multinacionales de productos de consumo masivo como el papel higiénico, por ejemplo. Sino que, al relleno sanitario ha dejado de llegar más del 20% de los residuos que la ciudad genera. Esto es más de 1.500 toneladas día de residuos, que, de no ser rescatadas por los recicladores, serían basura que hubiera colmatado el relleno en los 30 años que le programaron de vida útil.

La administración distrital presenta las medidas incluidas en el POT, como medidas salvadoras de la ciudad, como si con ellas se saliera de la barbarie prehistórica; cuando con un poco de estudio, se puede evidenciar que lo que amenaza es un retroceso y profunda contradicción no solo con las directivas mundiales, sino también nacionales de tendencia de contención de los problemas generados por el cambio climático, buscar bajo y neutro carbono y bajo y neutro plástico.

El pedido que hacemos a los demás actores es dar apoyo para enfrentar estas medidas de la administración de Bogotá, por inconvenientes social, ambiental y económicamente, no solo para los recicladores sino para las industrias del reciclaje, para los habitantes humanos, animales y naturales, toda vez que por las emisiones ya sea de metano o de carbono hasta la microbiótica de los suelos muere”.

El llamado que hace Nohra Padilla es contundente: “La entrante ministra de Medio Ambiente debe poner la propuesta de quema de basuras en el mismo grado de inconveniencia que el fracking y pedirle a la Alcaldía de Bogotá modificar sus propuestas relacionadas con quema y enterramiento indiscriminado de basuras”.

El llamado es a no bajar la guardia y a reclamarle a la Alcaldía de Bogotá y a la UAESP un comunicado en el que dejen en firme el cierre de la licitación, no por el alza del dólar si no por lo perjudicial que puede llegar a ser para el oficio de los recicladores, para la cultura ciudadana, para el medio ambiente y para toda la ciudad.