«Cómo los recursos de lo público se escurren entre los dedos»
Por: Luis Eduardo Tiboche
Abordar un tema como el de los planes de desarrollo no siempre es fácil. Un asunto de trascendencia en nuestra vida cotidiana como sociedad del que deberíamos conocer y además participar en su construcción de manera colectiva y, sin embargo, parece ser que lo desconocemos en general y se lo dejamos a tecnócratas y “políticos” que resultan representar a sectores del poder que juegan tras bambalinas. Los planes de desarrollo son la hoja de ruta que guía las metas de los programas de gobierno de un mandatario y se traducen en programas y proyectos de inversión para la ciudad. En el caso de Bogotá orientan y definen la destinación de recursos para las localidades.
No es el propósito específico de esta nota, pero los planes de desarrollo en últimas representan los intereses de sectores puntuales del poder económico y político nacional, distrital y, por supuesto, con mayor énfasis en los últimos tiempos de intereses transnacionales.
Los mecanismos de la llamada participación a los cuales son convocados los ciudadanos de manera general para validar los planes de desarrollo, son absolutamente obsoletos y fueron creados para convertirlos en convidados de piedra; a sus organizaciones y a las diferentes “instancias de participación” en organismos “consultivos” que no decisorios de los destinos de los cuales deberían ser actores de primera línea, ya que estos planes tendrían que traducirse en mecanismos y acciones para el bienestar y buen vivir de las comunidades.
Atrapadas en este modelo, las comunidades en general, desconocemos no solamente los montos económicos de los planes de desarrollo de la ciudad, sino los de nuestros territorios locales. Muy poco sabemos, de manera cierta, las destinaciones de los diferentes rubros y cuánto le corresponde a cada localidad del total del gran pastel distrital que, en la actual administración del alcalde Galán, solo para el año 2026 cuenta con un presupuesto de 40.6 billones de pesos.
En Techotiva (mal llamada Kennedy) la cifra del presupuesto local para la vigencia 2026 es de $355.825.093.000, de los cuales $188.937.712.000 se destina a lo que llaman INVERSIÓN DIRECTA. Es decir, para desarrollar los diferentes proyectos en el marco de los programas del Plan de Desarrollo Local “Kennedy Camina Segura”, el resto del presupuesto se destina a funcionamiento y otros rubros.
La feria de los contratistas
Aprobado el Plan del Desarrollo, se inicia una feria de contratos para ejecutar las diversas líneas que previamente se definen. De este jolgorio participan algunas instituciones públicas, como por ejemplo: la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en algunos momentos la Universidad Nacional y muchos particulares que tienen ONG, consorcios o uniones temporales de las que se rumora que pertenecen o están ligadas a concejales de la ciudad y a ediles de las localidades. Esto quiere decir que además de representar jugosos negocios, sirven para mantener aceitada la maquinaria electoral que da sus frutos cada cuatro años, principalmente para los partidos políticos afines o del establecimiento.
También emergen entidades del orden internacional como una “famosa organización” que apareció por estos lados y de ingrata recordación, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) con sede en Madrid, España, que ejecutó un proyecto a través del Convenio de Cooperación Internacional N° 507 de 2021, enfocado en: “cooperación, cultura y fortalecimiento a organizaciones en Kennedy”, y cuyo control al contrato fue limitado ya que se adujo la “naturaleza de ser un organismo multilateral e internacional”. Esta organización realizó un contrato con la Contraloría General de la República en el año 2022 para “vigilar los recursos de la Paz”. No obstante, según un informe de la Revista Cambio publicado el 23 junio de 2024, el desarrollo resultó bastante “gaseoso”, el medio señala además que, quien era director de la OEI pasó a ser el segundo al mando de este ente de control nacional, es decir el vicecontralor de la nación (pura coincidencia).
Los mecanismos legales para la selección de los operadores y contratistas que ejecutan los proyectos en las localidades de Bogotá se realizan a través de la Contratación Pública Estatal, bajo las directrices del Manual de Contratación de la Secretaría Jurídica Distrital y el régimen de la Ley 80 de 1993. La ordenación del gasto recae en los alcaldes locales a través del Fondo de Desarrollo Local.
Dice el documento en mención que antes de seleccionar a los operadores de los proyectos, los mismos deben ser avalados por las comunidades a través de estrategias creadas por el gobierno distrital, que para el caso de la actual administración Bogotá Mi Ciudad, Mi Casa plantea que dicha estrategia se lleva a cabo a través de: “fortalecer la participación de la comunidad a partir de una lluvia de ideas de los ciudadanos para mejorar sus barrios y entornos a través de los proyectos locales y los presupuestos participativos”, los cuales son un remedo mediocre de los originales.
Los Presupuestos Participativos nacieron en Porto Alegre, Brasil, en 1989. Allí la ciudadanía tenía un poder real de deliberación y decisión sobre un porcentaje significativo del presupuesto municipal para reducir las desigualdades sociales y mejorar las infraestructuras de las comunidades. En Bogotá se convirtieron en una patética y decadente muestra de la “participación ciudadana” en donde unos pocos ciudadanos terminan aplaudiendo por los proyectos, que supuestamente fueron seleccionados a través de un buzón de sugerencias. El monto de los presupuestos es insignificante y la “participación ciudadana” se realiza mediante plataformas digitales burocratizadas, frente a las cuales el ciudadano de a pie se encuentra alejado y con dificultades para acceder a la participación. Los proyectos ganadores terminan siéndolo por unas votaciones de amigos y cercanos o por un aplausómetro bastante ridículo que nada tiene que ver con la participación y la toma de decisión de las comunidades sobre sus destinos.
Un entramado que esconde la corrupción
Adentrarse en el tema de contratación desde los Planes de Desarrollo Local inexorablemente nos conduce a entender el gran negocio que tanto particulares, como la misma administración distrital (por ejemplo, Universidad Distrital, IDIPRON) hacen con los recursos de lo público, que deberían estar dirigidos a mejorar las condiciones materiales del territorio y de las comunidades que en él habitamos.
Tomando del período de la administración de Claudia López (2021 – 2024) cuyo eslogan prometía una entrada a la segunda década del siglo XXI de promesas y sueños: “Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI”, revisando algunas líneas de inversión, es posible visualizar los recursos y contrataciones que, de haberse cumplido con los propósitos que esbozaban, hoy tendríamos seguramente un territorio más a tono con unas tareas urgentes de la humanidad en su conjunto y no el desmadre en el que cada día estamos más inmersos.
Aquí hacemos un llamado a las organizaciones sociales que nos siguen a que nos comenten sus experiencias con estos operadores y si consideran que lo ejecutado contribuyó a mejorar en el campo en el que desarrollaron su experiencia, a la vez que exponemos algunos casos como muestra.
NOTA 1. PROCEDAS VIGENCIA AÑO 2021. Operador UT COGESCO. Contrato CPS 561 2021. Monto económico del proyecto: $2.633.923.957. Tiempo total de ejecución 18 meses (incluyendo 3 prórrogas). Inició proceso sancionatorio, pero no hubo sanción ya que el operador subsanó las causales de incumplimiento.
NOTA 2. PROCEDAS VIGENCIA AÑO 2022. Operador UT AGRICULTURA KENNEDY. Contrato CPS 496 2022. Monto económico del proyecto: $1.435.709.540. Adición $60.866.370. TOTAL $1.496.575.910. Tiempo total del proyecto 14 meses (incluyendo 4 meses de prórroga). Contrato liquidado con recepción de bonos a conformidad por parte de los beneficiados.
NOTA 3. PROCEDAS VIGENCIA AÑO 2023 Operador CONSORCIO AMBIENTAL KENNEDY. Contrato CPS 629 2023. Monto económico del proyecto $1.703.646.228. más adición $843.916.424. Monto TOTAL proyecto. $2.547.562.652. Tiempo de ejecución 10 meses. Tiempo total final del proyecto 21 meses (Prórrogas 4: Al 22 de abril del 2024 el proyecto aún estaba en ejecución e incorporaba 5 acciones de Agricultura Urbana de vigencia 2025).
NOTA 4. PROCEDAS VIGENCIA 2024. Se publica en la Plataforma SECOP II el proceso de selección abreviada por menor cuantía el cual resultó desierto. Se realiza contrato Interadministrativo con la CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL el cual tiene acta de inicio el 10 de febrero de 2025. Operador CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL Contrato CIA- 1165 – 2024. Monto económico del Proyecto: $556.111.303 Ejecución 10 PROCEDAS vigencia 2024. Tiempo proyectado de ejecución 7 meses. Acta de inicio: 10 de febrero de 2025. A la fecha del documento citado está en ejecución.
Un operador que está en lo alto de la contratación en el distrito es la Universidad Distrital que en la actualidad ejecuta diversos contratos en la localidad de Kennedy y en muchas otras de la ciudad, con unos resultados bastante cuestionables. Para la muestra un botón, la ejecución del Contrato CIA-1156 – 2024 los llamados Dispositivos de Base Comunitaria (DBC), en la actualidad le adeuda a diferentes organizaciones recursos del llamado talento humano, así como materiales e insumos aprobados a las organizaciones sociales que participaron y creyeron en esta entidad. A la fecha, no se sabe si el contrato en mención fue o no liquidado.
Un resumen de la contratación de la Universidad Distrital en los últimos años, entre el 2022 al 2024, la encontramos en el cuadro presentado a continuación:
Para un monto total de inversión cercano a los $9.228.426.340 en solo dos años, con ejecuciones que no lograron transformar ni mejorar las condiciones de las poblaciones mencionadas y que por el contrario realizaron acciones de daño a las organizaciones sociales al incumplir con los montos y los insumos que se debían entregar.
¿Qué hacer?
Más allá de cumplir las metas que están en los planes de desarrollo, los diferentes proyectos no tienen mecanismos reales que reflejen los impactos de la ejecución de los mismos. Por ejemplo, qué tan eficaces han sido las inversiones en los proyectos que “forman a las comunidades” en acciones de reciclaje y separación en la fuente cuando la localidad es un basurero y escombrera a cielo abierto en vías, parques, canales o en los entornos de los pantanos o humedales.
En educación ambiental a través de los llamados PROCEDAS, cuáles son los resultados cuando los pantanos, los conectores de biodiversidad y el arbolado del territorio cada día es más precario y cuando llegan los bárbaros que hacen las podas y arrasan hasta con el nido de los pájaros.
Cuántas casas y escuelas de formación, desde las diferentes manifestaciones de la cultura, se han construido en los últimos 12 años con cientos de danzantes, titiriteros, teatreros y músicos que hay en la localidad.
A las organizaciones y a las comunidades se les ha acostumbrado a participar en becas e incentivos, en los cuales no solamente los recursos son precarios, sino que no tienen continuidad. Se ha convertido en paisaje la entrega de insumos y materiales de la peor calidad, con una vida útil que empieza a fenecer apenas salen del empaque en el que reposan. Últimamente los insumos están ligados a los negocios que parecen tener los operadores con grandes plataformas, negando la posibilidad de dinamizar las economías populares, lo que podría generar el que las comunidades compren o hagan uso de las producciones propias. En esta línea uno de los campos más complejos es la entrega de refrigerios, que parecen estar diseñados para enfermar y engordar los bolsillos de las empresas de bebidas azucaradas o de empresas de pastelerías y demás de bastante dudosa procedencia, los cuales suelen ser entregados en precarias condiciones, y sobre los cuales se montan enormes presupuestos. No menos preocupante son las pésimas condiciones en las cuales se contrata el talento humano del territorio, sometido a disminución del pago de sus contratos, a condiciones de acoso laboral e incluso de acoso sexual.
Es urgente que las organizaciones sociales tengamos toda la información pertinente en la materia, pero que además que tomemos decididamente las riendas de la inversión de los recursos de lo público para el mejoramiento de nuestras comunidades. De igual manera, crear y desarrollar los mecanismos que nos permitan superar las patéticas políticas de participación desde la norma, que posibiliten convertirnos en actores de nuestros propios ejercicios de bienestar y mejora de nuestras comunidades y sus entornos.
También pasa por crear y fortalecer nuestras propias organizaciones para que dentro del marco de las normas disputen el manejo de nuestros recursos que hasta ahora han estado en manos ajenas con los resultados que todos vemos saltar a la vista.
Los entes de control y sus acciones de control político las más de las veces son llamados que caen en tierra estéril y sus acciones son insuficientes y parecen ser materia de burlas de los operadores que reinan a sus anchas.
