Una deuda histó­rica que tiene el Estado con los recicladores es su ingreso al Sistema de Protección Social, garan­tizarle a los recicladores de oficio su afiliación a EPS, ARL y pensiones. En la actualidad la mayoría de los recicladores no aporta a pensión, no están cu­biertos por una ARL y se encuentran en el régimen subsidiado SISBEN, cuyo servicio, como afirman muchos de ellos “solo es bueno para cubrir una urgencia” por lo demás, tienen complicaciones para obtener una cita de medicina general, espe­cializada y para la entrega de medicamentos. Todo lo anterior es extremada­mente preocupante si se tiene en cuenta el tipo de oficio que desempeña el reciclador y los riesgos a los que está expuesto en su ruta diaria.

En el año 2014, el entonces ministro del trabajo Rafael Pardo ase­guró que el Gobierno es­taba comprometido con la promoción y el forta­lecimiento de las orga­nizaciones de reciclado­res. “Muchas veces se ha considerado que el oficio de reciclador es indepen­diente y de lo que se trata es que tengan seguridad social, ya sea desde la or­ganización a la que per­tenecen, que puede ser asociativa, cooperativa o empresarial, para lo cual les daremos la asesoría correspondiente”, asegu­ró. Pero como tantas ve­ces, el anuncio se quedó en el titular y las prome­sas no fueron cumplidas.

El llamado es a que, así como se ha logrado una inclusión y un reco­nocimiento del derecho al trabajo de la población recicladora y un recono­cimiento y visibilización frente a las entidades es­tatales y a la ciudadanía, se alce la voz para que esta población sea vinculada al Sistema de Protección Social, mediante el acceso al sistema de salud, pen­siones y riesgos laborales, teniendo en cuenta que estos son los mínimos de protección establecidos para la población colom­biana que desempeña una labor formal.