El 12 de marzo del 2022 se realizarán las elecciones legislativas, de Senado y Cámara y el 29 de mayo las elecciones presidenciales. Para estas últimas, el 17 de diciem­bre vence el plazo para la presentación de firmas de los candidatos y para su inscripción, y el 19 de enero finaliza el plazo para que la Registradu­ría certifique las firmas. Estamos a pocos meses de la que ya se percibe como una de las eleccio­nes más difíciles y agre­sivas de los últimos años, principalmente porque el uribismo no quiere aban­donar el poder y parece estar dispuesto a hacer lo que sea para mantenerlo, solo basta mirar los “mi­cos” que le está añadien­do a todas las reformas y proyectos estatales, para descubrir que el gobierno va a mover las fichas que sean necesarias para an­clarse otros cuatro años al cargo más importante de la nación.

Desde hace varios meses hay un rumor en­torno a la modificación de la Ley de Garantías, que hoy se hace real con la aprobación en las Co­misiones Económicas del Presupuesto General de la Nación 2022 y al que le agregaron el “mico” de la suspensión de la Ley de Garantías, con la excusa de la reactivación econó­mica y la generación de empleo en las regiones.

¿Por qué es tan grave que se caiga la Ley de Ga­rantías Electorales? Por­que esta Ley promueve el ejercicio equitativo de la democracia representa­tiva y fue expedida para asegurar que la contienda democrática se cumpla en condiciones igualita­rias y transparentes para los electores, es por ello que contiene una serie de restricciones y prohibi­ciones que deben ser aca­tadas por las entidades públicas y sus servido­res públicos a cabalidad. Para las elecciones de car­gos de elección popular lo que establece la ley es la prohibición, durante los cuatro meses anteriores a los comicios, de contra­tación directa por parte de todos los entes del Es­tado. Eso significa que no se pueden celebrar contratos o convenios interadministrativos, ni contratos por prestación de servicios o de apoyo a la gestión, así como otras formas de contratación directa.

Permitir que se le­vante la prohibición, es decir que somos una ciu­dadanía responsable y que más allá de eso, los entes de control y la mis­ma estructura del gobier­no es lo suficientemente madura como para no aprovechar su posición privilegiada y despilfa­rrar el erario público en campañas electorales. Pero sabemos que Co­lombia todavía no tiene una democracia fuerte y que levantar la Ley de Garantías es entregarle los recursos de los terri­torios a contrataciones, coimas y beneficios que serán aprovechados por los partidos políticos o politiqueros y más aún, por quienes hoy se en­cuentran en el poder.

En las calles ya se em­pieza a sentir la campaña electoral, los senadores y representantes empiezan a llegar a los barrios, a los territorios que llevaban cuatro años sin visitar. Se reactivan todos los fun­cionarios, ediles e incluso organizaciones sociales a recoger lo “sembrado” y a encaminar a esos, sus “be­neficiados” hacia un voto u otro.

La invitación que le hacemos a la ciudadanía es al voto independiente y a que entre todos le de­mos la espalda a las cam­pañas electoreras, la invi­tación es a exigir que nos traten como ciudadanos responsables y dignos, que no necesitamos de conciertos, ni de tamales o de bultos de cemento para decidir a quien le vamos a entregar nues­tro voto, que significa, nada más y nada menos, a quien le vamos a entregar el poder para que decida el rumbo de las políticas económicas, educativas y sociales del país durante los próximos cuatro años.