El Decreto 596 del 2016 regulariza al recicla­dor y lleva a las asociacio­nes de recicladores de la informalidad a la formali­dad. Pero hay muchas crí­ticas sobre esta regulari­zación que abrió la puerta a terceros y que, en cierta medida, desconoce la ma­nera como se prestaba el servicio y las dinámicas históricas de los recicla­dores. La Asociación de Recicladores Unidos por Bogotá (ARUB) porta una camiseta en la que claramente se lee: “En Contra del Decreto 596”, hablamos con su repre­sentante legal Campo Elías Jiménez para que nos contara más sobre las problemáticas de este decreto y las necesidades del gremio reciclador: “El reclamo que le estamos haciendo al gobierno es que nosotros nos gana­mos unos decretos, unas tutelas y el gobierno, al día de hoy, ni siquiera ha definido una política pública verdadera que le sirva a los recicladores, y no solo a los recicladores, sino que también que le sirva a los usuarios. Por­que la gran pelea es que hoy los recicladores de oficio con el Decreto 596 no tienen ni siquiera un sustento real, ni el mí­nimo vital, ni el acceso cierto y seguro a los ma­teriales. La Corte Consti­tucional fue clara con no­sotros y con las entidades públicas al afirmar que los recicladores debemos ser prestadores públicos de aseo, pero en ese servicio público de aseo el Estado nos abrió la brecha y dejo entrar a terceros, públi­cos y privados que ahora nos quieren sacar a los recicladores. Nosotros no estamos peleando la re­muneración, nosotros lo que estamos peleando es que realmente a nosotros los recicladores se nos trate como están tratan­do a los prestadores del servicio público de aseo, en condiciones de igual­dad porque hoy tenemos una ciudad mediocre en el sentido de la pres­tación de ese servicio”.

Sobre el tema hay opi­niones encontradas y solo queda esperar a que se cumpla el plazo de transi­toriedad para poder con­cluir si el Decreto 596 era una estrategia para apo­yar o para terminar con el reciclador de oficio.