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«Fallo histórico»
Colombia es responsable por el exterminio del partido Unión Patriótica.
Por: Marta Gómez
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró que el Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de seis mil víctimas integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica (UP), desde 1984 y por más de veinte años.
La Unión Patriótica se constituyó como organización política el 28 de mayo de 1985, como resultado de un proceso de paz entre el Secretariado Nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur Cuartas, pacto conocido como “Acuerdos de la Uribe”, firmado el 24 de mayo de 1984. Como parte de los acuerdos de paz, el Gobierno Nacional se comprometió a otorgar las garantías y seguridades indispensables para que la UP pudiera actuar en las mismas condiciones que los demás partidos políticos. La UP participó por primera vez en las elecciones en 1986. Entre 1986 y 1994, obtuvo considerables resultados de representación en el Senado, la Cámara de Representantes, Concejos, Alcaldías Municipales y la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.
Como consecuencia de su rápido ascenso en la política nacional y, en especial, en algunas regiones de tradicional presencia guerrillera, surgió una alianza entre grupos paramilitares, con sectores de la política tradicional, de la fuerza pública y de los grupos empresariales, para contrarrestar la subida en la arena política de la UP.
En el comunicado expedido el pasado 30 de enero del 2023, se plantea que: “La Corte pudo comprobar que la violencia sistemática contra los integrantes y los militantes de la Unión Patriótica, la cual perduró por más de dos décadas y se extendió en la casi totalidad del territorio colombiano, se manifestó a través de actos de distinta naturaleza como desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados, entre otros”.
En el año 2021 el Estado colombiano había reconocido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la violación de los derechos de 219 miembros del partido Unión Patriótica. Hoy, dos años después el Tribunal señala al Estado como responsable por la violación a los derechos a la libertad de expresión y la libertad de asociación, en perjuicio de las víctimas, por: Su actividad política que fue obstaculizada por la violencia tanto física como simbólica en contra de un partido que era calificado como un “enemigo interno”. Las acciones y omisiones al deber de protección por parte del Estado crearon un clima de victimización y estigma en su contra. La integridad física y psicológica de los integrantes y militantes de la UP por la estigmatización creada por su pertenencia a dicha agrupación política. El retiro de la personería jurídica de la Unión Patriótica, aunque esta situación fue subsanada con posterioridad por el Consejo de Estado.
Para reparar a las víctimas y sus familias, la Corte ordenó diversas medidas, algunas de ellas son:
- Iniciar, impulsar, reabrir y continuar las investigaciones, con el fin de establecer la verdad de los hechos relativos a graves violaciones a los derechos humanos y determinar las responsabilidades penales que pudieran existir, y remover todos los obstáculos de facto y de jure que mantienen en la impunidad los hechos relacionados con este caso.
- Efectuar una búsqueda para determinar el paradero de las víctimas desaparecidas cuyo destino aún se desconoce.
- Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
- Establecer un día nacional en conmemoración de las víctimas de la Unión Patriótica y efectuar actividades para su difusión, entre ellas en escuelas y colegios públicos.
- Construir un monumento en memoria de las víctimas y de los hechos cometidos en contra de los integrantes, militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica.
- Colocar placas en al menos cinco lugares o espacios públicos para conmemorar a las víctimas.
- Elaborar y difundir un documental audiovisual sobre la violencia y estigmatización contra la Unión Patriótica.
- Realizar una campaña nacional en medios públicos con la finalidad de sensibilizar a la sociedad colombiana respecto a la violencia, persecución y estigmatización a la que se vieron sometidos los dirigentes, militantes, integrantes y familiares de los miembros de la Unión Patriótica.
- Pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales.
Consulte aquí el fallo completo:
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_455_esp.pdf