La Corte Interamerica­na de Derechos Huma­nos (CIDH) declaró que el Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de seis mil víctimas integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica (UP), desde 1984 y por más de veinte años.

La Unión Patriótica se constituyó como orga­nización política el 28 de mayo de 1985, como re­sultado de un proceso de paz entre el Secretariado Nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobier­no del entonces presi­dente Belisario Betancur Cuartas, pacto conocido como “Acuerdos de la Uribe”, firmado el 24 de mayo de 1984. Como par­te de los acuerdos de paz, el Gobierno Nacional se comprometió a otorgar las garantías y segurida­des indispensables para que la UP pudiera ac­tuar en las mismas con­diciones que los demás partidos políticos. La UP participó por primera vez en las elecciones en 1986. Entre 1986 y 1994, obtuvo considerables resultados de representación en el Senado, la Cámara de Re­presentantes, Concejos, Alcaldías Municipales y la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

Como consecuencia de su rápido ascenso en la política nacional y, en es­pecial, en algunas regio­nes de tradicional presen­cia guerrillera, surgió una alianza entre grupos pa­ramilitares, con sectores de la política tradicional, de la fuerza pública y de los grupos empresariales, para contrarrestar la su­bida en la arena política de la UP.

En el comunicado expedido el pasado 30 de enero del 2023, se plantea que: “La Corte pudo com­probar que la violencia sistemática contra los in­tegrantes y los militantes de la Unión Patriótica, la cual perduró por más de dos décadas y se exten­dió en la casi totalidad del territorio colombiano, se manifestó a través de actos de distinta natura­leza como desapariciones forzadas, masacres, eje­cuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judi­cializaciones indebidas, torturas, desplazamien­tos forzados, entre otros”.

En el año 2021 el Es­tado colombiano había reconocido ante la Corte Interamericana de Dere­chos Humanos la viola­ción de los derechos de 219 miembros del partido Unión Patriótica. Hoy, dos años después el Tri­bunal señala al Estado como responsable por la violación a los derechos a la libertad de expresión y la libertad de asociación, en perjuicio de las vícti­mas, por: Su actividad po­lítica que fue obstaculiza­da por la violencia tanto física como simbólica en contra de un partido que era calificado como un “enemigo interno”. Las acciones y omisiones al deber de protección por parte del Estado crearon un clima de victimización y estigma en su contra. La integridad física y psico­lógica de los integrantes y militantes de la UP por la estigmatización creada por su pertenencia a di­cha agrupación política. El retiro de la persone­ría jurídica de la Unión Patriótica, aunque esta situación fue subsanada con posterioridad por el Consejo de Estado.

Para reparar a las víctimas y sus familias, la Corte ordenó diver­sas medidas, algunas de ellas son:

• Iniciar, impulsar, re­abrir y continuar las in­vestigaciones, con el fin de establecer la verdad de los hechos relativos a graves violaciones a los derechos humanos y de­terminar las responsabi­lidades penales que pu­dieran existir, y remover todos los obstáculos de facto y de jure que man­tienen en la impunidad los hechos relacionados con este caso.
• Efectuar una bús­queda para determinar el paradero de las víctimas desaparecidas cuyo desti­no aún se desconoce.
• Realizar un acto pú­blico de reconocimiento de responsabilidad inter­nacional.
• Establecer un día nacional en conmemora­ción de las víctimas de la Unión Patriótica y efec­tuar actividades para su difusión, entre ellas en escuelas y colegios públi­cos.
• Construir un monu­mento en memoria de las víctimas y de los hechos cometidos en contra de los integrantes, militan­tes y simpatizantes de la Unión Patriótica.
• Colocar placas en al menos cinco lugares o es­pacios públicos para con­memorar a las víctimas.
• Elaborar y difundir un documental audiovi­sual sobre la violencia y estigmatización contra la Unión Patriótica.
• Realizar una cam­paña nacional en medios públicos con la finalidad de sensibilizar a la socie­dad colombiana respecto a la violencia, persecución y estigmatización a la que se vieron sometidos los dirigentes, militantes, in­tegrantes y familiares de los miembros de la Unión Patriótica.
• Pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de indem­nizaciones por daños ma­teriales e inmateriales.

Consulte aquí el fallo completo:

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_455_esp.pdf