El Estatuto de Roma fue adoptado por la comunidad internacional el 17 de julio de 1998, en una conferencia diplomática celebrada en la misma ciudad. El Estatuto dispone la creación de una Corte Penal Internacional (CPI) permanente con competencia para juzgar los más graves delitos que afectan al mundo entero, tales como el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad.

En el artículo 6 del Estatuto de Roma se define el genocidio como: “Cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) La matanza de miembros del grupo. b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo”.

Es por eso que hoy, más de 100 días después del inicio de los bombardeos y de la incursión de Israel en Gaza, el mundo entero relaciona cada vez más este ataque con la definición acuñada por el Estatuto como genocidio. Más aún, cuando se dan a conocer las cifras entregadas por el Ministerio de Salud del gobierno palestino que reveló que, a enero de 2024, el número de fallecidos supera los 26.000, mientras los heridos sobrepasan los 62.681, siendo las mujeres, niños y niñas la población más afectada durante el conflicto.

Este genocidio, a diferencia de otros, sigue pasando frente a las pantallas de los celulares del mundo entero que, con asombro, observa a las grandes potencias mundiales, como Estados Unidos y gran parte de Europa avalar el avance de la guerra y establecer colaboraciones con el gobierno de Netanyahu; desde la venta de armamento de manera urgente y bajo la excusa de ser una estrategia de seguridad nacional, como lo ha hecho Estados Unidos, evadiendo los controles del mismo Congreso para la venta de 147.500 millones de dólares en armas; hasta el saboteo a las denuncias en diferentes organismos internacionales. Además, de su vinculación directa en el conflicto que se va extendiendo cada vez más a otros países vecinos como Siria, Irán y Yemen.  

Fue apenas el pasado 26 de enero, cuando la República de Sudáfrica presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), una demanda en contra del Estado de Israel por genocidio en la Franja de Gaza. En un documento que presenta detalladamente todos los hechos que permiten concluir que la incursión en Gaza y los hechos históricos que la preceden, dan cuenta de las intenciones genocidas del primer ministro Netanyahu y de su gobierno en contra del pueblo palestino. Para iniciar aclara que, contrario a lo que ha declarado el gobierno de Israel: “Ningún ataque armado al territorio de un Estado, por grave que sea (incluso un ataque que implique crímenes atroces) puede proporcionar una posible justificación o defensa a las violaciones de la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, ya sea como una cuestión de derecho o de moralidad. Los actos y omisiones de Israel de los que se queja Sudáfrica son de carácter genocida porque tienen como objetivo provocar la destrucción de una parte sustancial del grupo nacional, racial y étnico palestino (…)”.

Más adelante sobre los hechos en los que se sustenta la demanda y que se detallan minuciosamente, se expone a grandes rasgos lo siguiente: “en un contexto de apartheid, expulsión, limpieza étnica, anexión, ocupación, discriminación y la continua denegación del derecho del pueblo palestino a la Autodeterminación: Israel, en particular desde el 7 de octubre de 2023, no ha logrado impedir el genocidio ni perseguir la incitación directa y pública al genocidio. Lo que es aún más grave es que Israel ha participado, participa y corre el riesgo de seguir cometiendo actos genocidas contra el pueblo palestino en Gaza (…) Las repetidas declaraciones de representantes del Estado de Israel, incluso a los más altos niveles, por parte del Presidente, el Primer Ministro y el Ministro de Defensa de Israel expresan intenciones genocidas. Esa intención también puede inferirse apropiadamente de la naturaleza y conducta de la operación militar de Israel en Gaza, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el hecho de que Israel no proporcionó o garantizó alimentos, agua, medicinas, combustible, refugio y otra asistencia humanitaria esenciales para las personas sitiadas y bloqueadas, que los han llevado al borde de la hambruna. También se desprende claramente de la naturaleza y alcance de los ataques militares de Israel contra Gaza, que han implicado el bombardeo sostenido durante más de 11 semanas de uno de los lugares más densamente poblados del mundo, obligando a la evacuación de 1,9 millones de personas o 85 % de la población de Gaza de sus hogares y llevándolos a áreas cada vez más pequeñas, sin refugio adecuado, en las que continúan siendo atacados, asesinados y dañados. (…) Israel también ha arrasado vastas zonas de Gaza, incluidos barrios enteros, y ha dañado o destruido más de 355.000 hogares palestinos, además de extensiones de tierras agrícolas, panaderías, escuelas, universidades, empresas, lugares de culto, cementerios, centros culturales y sitios arqueológicos (…)”.

Independientemente de las decisiones que se tomen, ninguna de ellas tiene la suficiente fuerza como para parar el genocidio y pueden tardar lo suficiente como para que la cantidad de personas asesinadas y heridas se duplique o se triplique. La movilización social a nivel mundial puede ser una de las pocas formas de demostrarle a ese gobierno genocida que el mundo sabe sobre sus crímenes y que se asegurará de que haya justicia por la sangre del pueblo palestino.