Se sabe que los vende­dores am­bulantes están en la calle por la fal­ta de oportunidades que realmente los beneficien a ellos y a sus familias en lo laboral, en lo económi­co y en lo educativo. La mayoría de esta pobla­ción está conformada por madres cabeza de familia que tienen a su cargo hi­jos (as), padres, madres y hermanos (as). Debido a la pandemia se han suma­do a este oficio una gran parte de desempleados que perdieron sus tra­bajos fijos, ya sea por los cierres, las cuarentenas o por quiebra de algunos sectores económicos. La población colombiana, en general, ha encontra­do en la informalidad una oportunidad de trabajo y de ingresos a pesar de las difíciles condiciones en las que debe realizarse, como la condición climá­tica, la persecución poli­cial y las pequeñas mafias que mantienen el control territorial.

A todas estas difíci­les condiciones, la Alcal­día de Bogotá ha intenta­do sumarle un cobro por el uso del espacio públi­co, tanto para vendedores ambulantes estacionarios como para los transito­rios. Lo que viene buscan­do hace meses la Alcaldía Mayor es generar un co­bro por ocupación del espacio público, sin re­flexionar sobre las necesi­dades de esta población. La primera vez fue antes de la pandemia, cuando ya tenía el proyecto casi listo para salir, pero debi­do a la pandemia se echó para atrás y el segundo fue hace unas pocas se­manas, cuando por la pre­sión del Concejo decidió no firmarlo todavía, pero prometió que entraría en vigencia en diciembre del presente año.

Con ese decreto la Alcaldía espera no solo cobrarles a los vendedo­res ambulantes, sino tam­bién a todos los negocios que se vincularon a la iniciativa de Cielo Abier­to, que inició a finales del 2020 como estrategia de reactivación económica y solución al problema de espacios cerrados y aglo­meración y que le permi­tió a restaurantes, bares y cafés hacer uso de una parte del espacio público y adaptarlo para el servi­cio. Según Claudia López con este impuesto, que se pospuso pero que iba a entrar en vigencia desde el 1 de octubre del 2021, se invertiría en seguridad y mejoramiento del es­pacio público. Otro ítem preocupante del decreto pospuesto es que no sólo le exigirá impuesto a los vendedores ambulantes, transitorios y negocios de la estrategia a Cielo abierto, sino también a los artistas callejeros que utilicen el espacio públi­co para alguna de sus pre­sentaciones.

Más allá de pensar cómo lograría la Alcaldía entrar a formalizar lo in­formal, es un llamado a prender las alarmas por­que estas políticas públi­cas lo que pueden generar es empeorar la persecu­ción policial y el estigma social sobre la población que se rebusca la vida dignamente desde la in­formalidad.

Los vendedores am­bulantes rechazamos el cobro del impuesto al es­pacio público porque si tuviéramos la oportuni­dad y el poder económico pagaríamos un local. Las ventas en el espacio pú­blico no son lo suficiente­mente buenas como para pagar impuestos, apenas se hace lo necesario para el sustento del día a día y a veces no alcanza ni para los gastos más necesarios o para obtener un mínimo vital y causa indignación que la alcaldesa, en lugar de pensar en una pro­puesta para que salgamos de esta alarmante crisis económica, solo tenga ca­beza para liquidar la eco­nomía popular y dejarnos sin la opción de llevar un mínimo sustento a nues­tros hogares.