Andrés Aldana hace parte de la Red Popular de Derechos Humanos de Bogotá (REDHUS), una organización especializada en el seguimiento a situaciones de violación o vulneración de derechos humanos en la ciudad, especialmente en el sur, en localidades como Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, Usme y conurbado con Soacha. Desde hace algunos meses, tanto Andrés como sus compañeros y compañeras del equipo territorial de la localidad le propusieron a la población recicladora y corotera, de la UPZ 80 Corabastos, la realización de un diplomado en derechos humanos, con enfoque social y con la intención de brindarles herramientas para la defensa jurídica y la defensa social de sus derechos. Una de las organizaciones más interesadas en iniciar este proceso fue ASOCORE y sus asociados, quienes han asistido puntualmente todos los domingos a la sede de la Junta de Acción Comunal del barrio María Paz. El diplomado consta de diez sesiones de tres horas, hasta ahora van ocho y una vez terminen serán certificados por la misma REDHUS.

La iniciativa no surge de la nada, desde hace varios meses REDHUS y diferentes organizaciones de derechos humanos han venido haciendo seguimiento a la situación que se presenta en el sector, conocido comúnmente como el Cartuchito, donde se han venido presentado amenazas, hostigamientos y redadas en contra de la población corotera y recicladora por parte de la policía, casos concretos de violencia policial, agresiones fuertes a las personas, afectaciones a los zorros y los carros de trabajo y una serie de ataques y de violencia que no cesó hasta que las organizaciones de derechos humanos intervinieron e increparon a la fuerza pública sobre estos graves casos de violencia policial. En palabras de Andrés, la importancia de generar estos procesos de formación parte de comprender los derechos humanos como una herramienta: “comprendemos que esos derechos son una herramienta, el fin va a ser conseguir garantías reales para el ejercicio del trabajo digno, para que la población corotera y recicladora no siga corriéndole a la policía ante cualquier situación de afectación de sus derechos. Comprendemos que esos derechos humanos son una herramienta para disputar el espacio público, para generar concertaciones alrededor de cómo se va a utilizar, entre las visiones que tiene la Alcaldía y lo que significa el espacio público para ejercer el trabajo. A partir de ahí, generar, o bien escenarios de acuerdo, o diferentes visiones del espacio público, que desde los derechos humanos nos permita comprender cuáles son esas garantías”.

REDHUS también pone la lupa sobre la situación de derechos humanos en la localidad de Kennedy, una de las localidades con más pie de fuerza de toda la ciudad, pero donde la red ha tenido la posibilidad de caracterizar una serie de patrones de violencia en contra de la ciudadanía, especialmente de la UPZ 80 Corabastos, donde se han visto afectadas comunidades coroteras, recicladoras, también las comunidades de incidencias sexuales como la población trans. Los patrones de violencia identificados han sido las graves afectaciones a la seguridad y la convivencia ciudadana, las amenazas y hostigamientos hacia la ciudadanía y las agresiones a todo tipo de organización ciudadana. Al respecto, Andrés es enfático al afirmar que no es con más policía, ni construyendo una URI que se solucionan estas problemáticas sino con: “iniciativas comunales, generando más iniciativas ciudadanas, fortaleciendo los saldos pedagógicos, generando políticas locales para la vida digna, construyendo agendas que den una prevención de los delitos. El pie de fuerza asusta a la criminalidad en pequeña escala, pero no la soluciona”.