Un poco de historia:

La educación superior ha sido, durante décadas, una bandera de lucha para las organizaciones sociales del sur de la ciudad. Las exigencias por el acceso han marcado profundamente el movimiento secundarista de colegios públicos, que han insistido en la necesidad de garantizar oportunidades reales para las juventudes de los territorios populares.

En ese contexto, en el año 2014, el gobierno distrital de la Bogotá Humana (2012-2015), asumió el compromiso de llevar educación superior a los barrios, como parte de una estrategia para cerrar el déficit de acceso en sectores populares. Allí se abrió la discusión que aún hoy sigue vigente: ¿Cómo y dónde construir esta infraestructura para que realmente responda a las necesidades del territorio?

Las primeras propuestas de quien fuera alcalde en ese entonces, Gustavo Petro, planteaban ubicar este proyecto en el colegio INEM de Kennedy, aprovechando el espacio y ubicación estratégicas. Sin embargo, tras múltiples reuniones y asambleas con la comunidad educativa, el cuerpo docente y directivo, se tomó la decisión de no desarrollarlo allí. Estudiantes y profesorado advertían que la institución educativa perdería su zona deportiva y que, al tratarse de un proyecto “a las carreras”, no se garantizaba su sostenibilidad.

Por lo cual, se inició la búsqueda de otras alternativas. Finalmente, se definieron dos escenarios: el predio San Ignacio ubicado en el Tintal y el Colegio Cooperativo de Carvajal. En el 2015 se destinó una inversión cercana a los 40 mil millones de pesos para la construcción de los edificios principales (auditorio y laboratorios) del predio San Ignacio y la adecuación de la infraestructura del predio Carvajal. En este punto es clave recordar la instalación de módulos provisionales en el predio San Ignacio. Estas estructuras temporales permitieron garantizar la misionalidad educativa del espacio y respaldar la inversión proyectada para su desarrollo. Una situación similar a la que está viviendo Suba actualmente.

La Universidad Pública de Kennedy (UPK) no nace como una universidad en sentido estricto, si bien desde sus inicios se esperaba que la Universidad Distrital asumiera su administración, esto nunca ocurrió. Por lo que su origen fue el de un “multicampus”, un espacio compartido por varias instituciones de educación superior: La Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC), La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y el Colegio Mayor de Cundinamarca (UCMC). Su administración central quedó a cargo de la ETITC.

En el 2019, inició la operación de oferta educativa tanto en la sede Carvajal como en la sede Tintal. No obstante, este proceso estuvo atravesado por múltiples dificultades. La ausencia de laboratorios, bibliotecas y condiciones básicas, obligaban a los estudiantes a desplazarse varias veces por semana a las sedes principales de sus universidades y así completar su formación.

En medio de estas condiciones surgían las inevitables preguntas ¿es esto realmente una universidad pública para la localidad de Techotiva? ¿Se garantiza la calidad estudiantil para nuestra comunidad?

A esto se sumó un problema estructural: Aunque los edificios principales del predio San Ignacio debían entregarse en el 2019, nunca se definió con claridad qué entidad sería la responsable de su dotación. Está omisión retrasó su entrega, al punto de casi llegar a convertirse en un elefante blanco. Frente a ello, en el 2020 se impulsó un seguimiento riguroso desde la Junta Administradora Local (JAL), lo que llevó a que en el 2022 el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy destinara cerca de 5 mil millones de pesos para su dotación, permitiendo finalmente su inauguración y uso por parte del estudiantado.

Por su parte, la sede Carvajal ha enfrentado serias dificultades como fallas en su infraestructura: grietas, levantamiento de pisos y una compleja situación jurídica derivada por una demanda por parte de la urbanizadora privada Namasté. Toda esta situación ocasionó que la ETITC terminara anticipadamente el comodato, siendo el Fondo de Desarrollo Local quien se hiciera cargo de la administración y le diera una destinación de bodega. Una decisión que ha generado múltiples debates de control político en la localidad.

La lucha continúa…

Con la entrada en funcionamiento de la sede el Tintal, el movimiento estudiantil ha sostenido una constante veeduría. Gracias a su participación e incidencia en encuentros ciudadanos, se ha logrado consolidar una dotación permanente en el campus. Asimismo, mediante el trabajo articulado con la Junta Administradora Local, se han atendido problemáticas relacionadas con el deterioro y desuso de algunos espacios.

Actualmente, la administración del campus está a cargo de la ETITC, mientras que las decisiones se toman en un comité tripartito entre las tres universidades participantes. Sin embargo, las quejas del estudiantado frente a decisiones arbitrarias y autoritarias han sido recurrentes, lo que ha abierto un debate necesario ¿Cuál debería ser el modelo de gobernanza de un multicampus en el territorio?

Lo que se viene

En el actual mandato presidencial, Gustavo Petro ha planteado culminar su proyecto del 2015: Consolidar el multicampus de Kennedy. En el 2023, en la visita que realizó en la localidad, específicamente en el Parque la Amistad, anunció una inversión superior a los 300.000 millones de pesos para avanzar en este propósito. Desde entonces, el estudiantado y diversos actores locales han mantenido un ejercicio activo de seguimiento y veeduría.

Durante el 2025, el Ministerio de Educación confirmó la aprobación de vigencias futuras para ampliar la construcción del multicampus, no solo de Techotiva sino también de localidades como Suba y Usme. Tras múltiples reuniones con el Ministerio de Educación, hoy el proyecto cuenta con el respaldo de un documento CONPES, con estudios y diseños. Se espera que la firma del contrato de obra se concrete antes de finalizar el mandato presidencial.

No obstante, existe una preocupación central que debe ponerse sobre la mesa: el modelo de gobernanza. La nueva proyección del multicampus no estará conformada por tres, sino por siete instituciones: Instituto Técnico Industrial Central, la Universidad Pedagógica, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, la Universidad Militar, la Universidad Distrital, la Universidad Nacional y el SENA.

Si bien la ampliación de la oferta educativa es una conquista importante, también plantea un desafío inédito: no existe en el país un modelo consolidado para la administración de un multicampus de esta escala. En reuniones recientes con ATENEA y con el Ministerio de Educación se ha presentado un modelo en donde la administración del campus quedaría en manos de un tercero, es decir, un “operador privado”, sobre el cual no se ha dialogado ni tenido en cuenta la voz del estudiantado ni de la comunidad.

La discusión de fondo sigue siendo la misma ¿Qué educación queremos para nuestros territorios?

No basta con ampliar la cobertura, si no se garantiza una educación digna, autonomía real y participación efectiva del estudiantado. La historia de la UPK demuestra que cada avance ha sido producto de la organización, la veeduría y la presión social.

Por eso, el debate sobre la gobernanza no es un asunto técnico menor: es una disputa política. Entregar la administración a un privado, no solo define quién toma las decisiones, si no también hacia dónde se orienta el proyecto educativo.

La Universidad que soñamos no es solo un conjunto de edificios, sino un espacio vivo, de construcción colectiva, abierto a la comunidad y al servicio de las mayorías.