El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra reversazo como un giro repentino por el que una persona cambia o echa atrás una decisión inicial. Lo de echarse para atrás es lo que ha hecho el gobierno en los últimos meses con muchas de las propuestas presentadas por sus propios congresistas, lo que no convence es si esas decisiones realmente han sido repentinas. La percepción es que este gobierno anda muy cauteloso en el 2021 utilizando una estrategia que parece estar enfocada en medirle el aceite a la opinión pública del país, se ha vuelto una costumbre abrir la discusión sobre proyectos que no han sido publicados para hacerles posteriormente modificaciones, retirarlos o simplemente negarlos.

Eso de medir el aceite, aunque tiene múltiples connotaciones, la que más nos interesa es esa que técnicamente se define como la capacidad de evaluar, tantear y examinar. La pregunta es ¿Para qué? Muy probablemente para las presidenciales del 2022. Entre los proyectos polémicos que se han presentado este 2021 y que rápidamente han sido retirados están:

La ampliación de mandatos nacionales fue uno de los proyectos de ley que sorprendió al país y a muchos congresistas a mediados del mes de marzo. El polémico proyecto pretendía alargar el periodo presidencial de Iván Duque, del congreso, del fiscal, la procuraduría y la contraloría hasta marzo del 2024, con el fin de unificar elecciones presidenciales y legislativas. El documento también proponía la ampliación del periodo constitucional de 4 a 5 años para el presidente, los congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. La iniciativa fue firmada por 23 congresistas del Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido Conservador, El Partido de la U y Cambio Radical, pero debido a la indignación ciudadana y a las fuertes declaraciones de los partidos de oposición, al otro día el proyecto de ley amaneció sin firmas que respaldarán su discusión en el congreso y se cayó la propuesta. Sobre esta propuesta vale la pena señalar que una de las sentencias más importantes de la Corte Constitucional, la C-551 de 2003, se pronunció frente a una de las preguntas del referendo de Álvaro Uribe, que pretendía cambiar el tiempo de duración del mandato de alcaldes y gobernadores, desde esa sentencia la Corte Constitucional dejó claro que los cambios en los tiempos de los mandatos son claramente inconstitucionales y no puede declararse a través de referendos y mucho menos por actos legislativos. Por último, y haciendo referencia a la medidera de aceite del gobierno, para muchos analistas políticos el proyecto no fue una equivocación, sino un movimiento calculado para medir la opinión pública sobre el tema, un proyecto, aparentemente, liderado por congresistas poco conocidos, que querían hacer ver esta propuesta como independiente y espontánea, liderada por una coalición. La “jugadita” se puede repetir en una versión mejorada, porque está claro que, por parte del gobierno se ha iniciado una búsqueda incansable por encontrar la manera de extender el mandato y evitar las elecciones del 2022.

Por el mismo camino estaba el proyecto de porte de armas propuesto por la senadora María Fernanda Cabal, que buscaba eliminar la figura del porte especial de armas y dejar a la potestad de autoridades militares la expedición de permisos especiales. Sin embargo, la estrategia, como ya se ha visto en ocasiones anteriores, al ver la mala reacción de la opinión pública frente a la propuesta, fue poner en contra de ella al ex-senador Álvaro Uribe, para que después la senadora retirara el proyecto del Congreso. Esa es otra de las maniobras que han sido utilizadas en los últimos meses, generar una falsa sensación de oposición dentro del mismo partido para liberar de responsabilidades políticas las malas decisiones del presidente, de sus congresistas y senadores.

Lo cierto es que, ningunas de las medidas, ni de las decisiones que se toman en la Casa de Nariño pueden clasificarse como repentinas, los aparentes reverzasos se han convertido en política de Estado.