Las denuncias sobre el mal manejo de las tarifas por parte de las asociaciones de reciclaje han aumentado considerablemente en los últimos años. Principalmente, porque estas asociaciones juegan con la tarifa de los recicladores de oficio, que son sujetos de protección especial de acuerdo con las medidas que dictó el Estado. Sin embargo, esas medidas de protección se quedan solo en palabras cuando se evidencia que las denuncias apuntan a que un gran número de asociaciones pagan mal y muchas veces ni siquiera le pagan al reciclador de oficio. Lo peor es que en este robo continuado, algunos recicladores que no conocen sus derechos, son estafados con falsas promesas de una tarifa, que las asociaciones posponen hasta seis meses, para luego simplemente no salir con nada.

Es importante enfatizar que esta situación no se presenta en todas las asociaciones, solo en algunas donde se menosprecia el trabajo del reciclador, quien trabaja bajo el sol y el agua, en su zorro o carreta de tracción humana en la recuperación del material, a él le pagan una tarifa miserable, mientras el dueño de la asociación se enriquece y mejora su calidad de vida, a costa del trabajo del reciclador.

La Superintendencia de Servicios Públicos ha tomado cartas en el asunto y se ha dado a la tarea de investigar a estas asociaciones ficticias que solo quieren robar al reciclador. A las asociaciones que han entrado en proceso de investigación les han congelado la tarifa, mientras se verifica si los recicladores y la asociación, realmente prestan el servicio. Todo lo anterior en el marco del Auto 275 de 2011, en el que se determina el pago de la tarifa por la prestación del servicio público de aprovechamiento y de acuerdo con la Corte Constitucional, quien también expidió el Decreto 596 del 2016 mediante el cual reglamenta el esquema de la actividad de aprovechamiento del Servicio Público de Aseo y el régimen de progresividad en la formación de los recicladores.

Desafortunadamente, lo que se ve es que las asociaciones ficticias y avivatas tienden a violar los mandatos de la Corte despojando al reciclador de oficio de ese beneficio, pagándole un porcentaje menor al que le tienen que pagar o desviando el pago hacia su propio beneficio. Se espera que el control que está haciendo la Superservicios continúe y que a su labor se sumen otras instancias de control para que los recicladores de oficio no sigan siendo vulnerados y se acabe la mafia de algunas asociaciones que solo benefician al dueño y esclavizan al reciclador.