En este artículo, se pretende describir algunas cifras importantes en materia económica y social que ha dejado el COVID-19, con el fin de identificar los retos que enfrentará la economía nacional en los próximos años y la sociedad en general, en materia laboral, pensional y tributaria.  

Las cifras que se describen a continuación son extraídas de El Espectador y sirven de referente para que el gobierno nacional y los gobiernos locales direccionen sus políticas públicas en pro de contribuir a la pronta recuperación económica y por supuesto al bienestar de la ciudadanía.

En primer lugar, es importante considerar que de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el desempleo para el mes de marzo de 2021 cerró en 14,2%, a su vez, el DANE reportó una cifra de 21 millones de personas en condición de pobreza a diciembre de 2020, de los cuales 7,4 millones de personas se encuentran en condición de pobreza extrema, es decir, que no poseen el ingreso per cápita suficiente para atender sus necesidades básicas elementales para llevar una vida digna, en términos de garantía de derechos. De este grupo de hogares que viven en la pobreza extrema, el gobierno sólo atiende a la mitad con programas dispersos como Familias en Acción, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción. 

En términos generales, el profesor de economía, Salomón Kalmanovitz anuncia en su columna del El Espectador, publicada el 07 de febrero del presente año, que: “La economía colombiana se contrajo 7,5% durante 2020 por efecto del cierre de múltiples sectores y el freno de los que siguieron funcionando. Si en 2019 la economía generó $881 billones de riqueza, el año pasado fue de solo $815 billones. El desempleo subió del 10% de la fuerza de trabajo al 16%. La inflación se redujo a un récord histórico del 1,6%, que para el país equivale a una deflación, reflejo no de una simple recesión sino de algo más grave”.

En segundo lugar, en cuanto al ingreso, el recaudo tributario para la vigencia 2020 fue de $146 billones, $11 billones menos que en 2019. En 2021, los ingresos por concepto de declaraciones de renta van a reflejar el aumento de desempleo de 2020 y la caída de salario que se produjo por efecto del mercado laboral, lo cual dicta que, a mayor desempleo menores salarios, puesto que la fuerza de trabajo es mayor frente a la demanda del mercado. En consecuencia, el recaudo tributario se verá fuertemente reducido para la actual vigencia.

Ahora bien, en cuanto al gasto público, se evidencia un contraste en los siguientes términos; mientras el ingreso público tienda a disminuir, el gasto público tiene que aumentar para atender las necesidades del sector salud y de la reactivación, dando lugar a un déficit fiscal de 8,2% del PIB que llevará al aumento la deuda pública.

En materia laboral, el seguro de desempleo sólo cubre al 1% de los desempleados. El papel de las cesantías ha sido desnaturalizado porque los trabajadores las pueden gastar en muchas cosas, además de sostenerlos si quedan cesantes. De allí la urgencia de materializar la renta mínima, conforme a la edad y el número de miembros de la familia. La anterior medida, permitirá impulsar el consumo de los hogares y por ende las empresas generarán ventas de bienes y servicios, que a su vez materializan como utilidad, llevando este efecto dominó a generación de empleo, recaudo tributario y por supuesto bienestar social.

A las consideraciones anteriores, se suma el encarecimiento de la deuda pública, por causa de la pérdida de grado de inversión en la escala Standard & Poor´s (S&P), la cual bajó la calificación de Colombia de BBB- a BB+ con perspectiva estable. La justificación de la calificadora para bajar el grado de inversión del país, se basó en que el ajuste fiscal resultará más prolongado y gradual de lo que se esperaba anteriormente. Lo que significa que pueden subir los costos de tasas de interés, del financiamiento público y privado de Colombia, haciendo más difícil la recuperación de la economía.

Es importante mencionar la propuesta que presenta Fedesarrollo, para que la economía nacional comience a generar los parámetros de viabilidad económica y social, la cual expone de la siguiente manera: “La combinación de reformas en materia laboral y pensional implicaría un aumento del salario disponible para un trabajador que gana un salario mínimo de hasta 13%, así como una disminución en el costo para la empresa de hasta el 14%, lo que estimulará la generación del empleo formal”. Son propuestas interesantes que valdría la pena revisar cuidadosamente, ya que pueden ser los pilares en los cuales el gobierno nacional podría centrar sus esfuerzos para llevar a cabo unas medidas que realmente representen los intereses de la sociedad, que estén sintonizados con las necesidades actuales que viven millones de hogares y que no han sido atendidas oportunamente.