Al escribir este artículo me siento incómodo al no poder hablar de lo positivo del país, sino de una cultura deteriorada y en decadencia por unos pocos que se benefician de una serie de acciones que afectan a la mayoría de nuestro territorio. Una de esas acciones tiene que ver con la soberanía alimentaria, un tema que se ha convertido en una problemática desde hace varias décadas, pero que apenas hoy, en medio de la carestía y los altos costos de la canasta familiar, comienza a ser un problema latente al que necesariamente debemos volver en busca de respuestas.

Al revisar el pasado, se hace evidente que las decisiones que han tomado nuestros empleados, todos esos servidores públicos y gobernantes, han devenido en una crisis que debemos reconocer para poder solucionar. Este año, justamente, se cumplen 10 años de la firma e implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos. En el año 2012, en medio de abrazos, los presidentes de ambos países decían que habían tomado una de las mejores decisiones, que favorecería el intercambio de productos y servicios. Sin embargo, para esa época los campesinos y agricultores reconocían que algo estaba mal y por eso realizaron uno de los paros agrarios más fuertes en la historia reciente del país, desde esa época lograron prever que el resultado del Tratado sería el descontrol total de la economía y la desestimulación de la producción nacional. En fuentes de la época las organizaciones de agricultores como Dignidad Agropecuaria afirmaban que: “Estados Unidos ha incrementado significativamente su presencia en el mercado importador de productos lácteos, especialmente leche en polvo, pasando de menos de un 1% de participación a más de un 27%. En cuanto al arroz, el valor de las importaciones totales se multiplicó casi por ocho en los primeros nueve meses de vigencia del acuerdo. En ambos productos, EE.UU. ha penetrado de forma muy agresiva en Colombia adquiriendo una participación cercana al 80%”, lo anterior cuando se cumplía menos de un año de implementación, también se mencionaba que lo mismo aplicaba a las compras de maíz blanco que habían aumentado en un 60% y de la carne de cerdo en un 37%.

Otra de las consecuencias fatales para el agro fue la orden de decomisar y destruir las semillas nativas y criollas en todo el país. En el año 2013, en Campo Alegre, Huila, fueron decomisados más de 1.500 bultos de arroz porque no cumplían con las medidas fitosanitarias que se determinaban en la Resolución 970 del 2010 del ICA, según la cual esta entidad, encargada de definir cuáles semillas se pueden sembrar, debía darle cumplimiento al Tratado de Libre Comercio, en el que se afirmaba que el agricultor tenía la obligación de comprar solo semillas patentadas si quería explotar su parcela, es decir, sembrar solamente semillas genéticamente modificadas. Con esto, a los campesinos ya no les era permitido sembrar con sus semillas, sus propios cultivos, como lo venían haciendo desde hace siglos, con sus saberes ancestrales, legado de más de 3.500 familias en todo el país. Según la Resolución, que sigue vigente bajo otros nombres, todo el que tenga semillas nativas o criollas y siembre para vender sus alimentos corre el riesgo de que su cosecha sea quemada o desechada por “ilegal” y que, por tanto, ellos mismos puedan ser judicializados o penalizados.

Con esa situación, en el país más de 2.257 toneladas de semillas han sido decomisadas y enterradas por orden del ICA, semillas de arroz, cacao, maíz, sorgo y otras, en territorios como: Tolima, Huila, Boyacá, Casanare, Valle y Cesar. Al tomar esa decisión de quitarle las semillas a los campesinos, era evidente que se le iba a dar la entrada a las tres corporaciones que manejan el 60% de las semillas del mundo: Syngenta, Monsanto y Dupont, todas compañías estadounidenses, que a través de patentes han producido semillas resistentes a los herbicidas y tóxicas para los insectos, estas empresas han generado un grave daño y es la pérdida de una gran cantidad de semillas que al ser humano le ha costado siglos poder generar y con las cuales los campesinos sabían cuidar sus siembras y sus cosechas, esto para el campesino no fue una solución sino un problema mayor, que el gobierno solo ha querido solventar con créditos bancarios que tienen al agro al borde del abismo.

No obstante, lo que no dice Monsanto y estas multinacionales es que las semillas manipuladas genéticamente no dan los resultados esperados, son semillas malas que se obtienen a un alto valor en el precio de compra, que está amarrado a un paquete tecnológico de abonos y sustratos. En este momento el país tiene que importar el 90% de sus productos agrícolas, lo que indica que el Tratado de Libre Comercio para el campesino y el país entero fue un desastre. En este momento, personas que llegan del campo a buscar comida en la ciudad se encuentran con supermercados y centros comerciales llenos de comida. Pero esta comida además de inalcanzable por los altos precios, para ellos es muy peligrosa, ya que está llena de colorantes, conservantes, energizantes y toda un sin número de estrategias para que el consumidor consuma y el empresario obtenga sus ganancias, sin importarle el bienestar de estos consumidores, que cada vez padecen más enfermedades.

Esto quiere decir que la inflación y los altos costos tienen causas que se remontan a las malas administraciones y decisiones estatales que han venido sistemáticamente perjudicando al campo y al agro colombiano y que tienen al país con la inflación más alta de su historia, por encima del 8%, lo que ha generado que los alimentos básicos de la canasta familiar hayan presentado alzas de más del 100%.