El asesinato de líderes sociales no ha frenado en lo que va del 2023, sin embargo, sí ha parado el eco de las denuncias en redes sociales que antes hacía tanto estruendo durante la oposición al gobierno de Iván Duque; lo que parece dar a entender que el dolor de este suceso depende de la situación política y que los líderes sociales pueden ser usados como instrumentos según las intenciones de quien lo requiera.

De acuerdo con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en su análisis de la situación de derechos humanos del 1 de enero al 30 de junio de 2023, transmitido en vivo por sus páginas web, en lo transcurrido del presente año ha habido 167 líderes sociales asesinados y 57 masacres en el país. Sin embargo, la difusión que tenían estas noticias ha caído en picada, las personas o medios que más publicaban estas cifras eran, en ese momento, de la oposición, por lo que, en el actual gobierno han disminuido su cantidad de trinos al respecto.

Por el contrario, la derecha ha sido quien le ha dado más eco a estas noticias, como es el caso del senador uribista Miguel Uribe que el día 28 de marzo de este año, utilizó el trino #NosEstánMatando para referirse a estas cifras, un hashtag que se hizo conocido en las movilizaciones de años anteriores, especialmente durante el denominado Estallido Social, como modo de protesta por la brutalidad policial.

Durante el 2021, el asesinato de Nicolás Guerrero, un joven de 22 años que, en medio de un enfrentamiento entre manifestantes y el Esmad, en el marco del Paro Nacional, recibió un disparo en la cabeza y falleció, fue tendencia esa mañana con el hashtag #NosEstánMatando, que llegó a ocupar la tercera tendencia nacional en Twitter. Las primeras tendencias en Colombia fueron “Nicolás” y “#SOSCali”; pero, no sucedió lo mismo con el trino de la derecha que llegó a ocupar la tendencia 47, lo que demuestra que no hubo el mismo impacto y que no atrajo la misma atención. La preocupación aquí es que la visibilización de estos asesinatos y masacres se realice con fines políticos y no por la necesidad de buscar respuestas y justicia a los hechos.

Debido a esto, Juan Pappier, subdirector en funciones de la División de las Américas de Human Rights Watch, declaró “Es preocupante que el tema se politice, lo que necesitamos de los actores políticos del país son respuestas, que sean capaces de hacer reformas estructurales para resolver el fenómeno y le den respuesta a la violencia contra los líderes sociales”. Es increíble que, en el Gobierno del Cambio, como ha sido nombrado el mandato del presidente Gustavo Petro, hayan sucedido 167 asesinatos de líderes sociales durante el primer semestre del 2023, lo que lo convierte en el tercero más violento de los últimos cinco años.

Aun así, con respecto al 2022, se ha evidenciado una disminución del 21.8% de asesinatos de líderes sociales, resultado quizás de la búsqueda de acuerdos de paz con organizaciones armadas al margen de la ley y con grupos como el ELN y el Estado Mayor de las FARC. Así mismo, habría que replantearse si a un año de la implementación de estos acuerdos y otros mecanismos para solucionar este flagelo han sido efectivos, entre ellos, los Planes de Emergencia para la Protección de Líderes y Lideresas, cuyo objetivo es agilizar la respuesta por parte de las instituciones del Estado en los municipios con mayor incremento de agresiones; igualmente, las acciones preventivas para reducir los niveles de hostilidad y estigmatización y la configuración de una política pública de garantías; además, de los Puestos de Mando Unificado (PMU), que buscan una atención rápida a las comunidades de los diferentes territorios del país.

Según Pappier, de Human Rights Watch: “Es peligroso que actores políticos se apropien de estas causas sin darle una respuesta real al asesinato de líderes”. Que es lo que lastimosamente viene sucediendo en el país, pero hay que dejar claro que las muertes no se pueden politizar, son personas que contribuyen a la construcción de cultura y a la protección del territorio, no son instrumentos políticos usados para crear conmoción y luego indiferencia, son cifras que deben conocerse, pero más que eso disminuirse a cero.

Es necesario saber que el ruido que hacen las denuncias sirve para generar inquietud y obligar al Gobierno a implementar mecanismos de protección para quienes alzan su voz y lideran comunidades, con el fin de que Colombia sea un territorio de paz donde verdaderamente se pueda vivir sabroso, es entonces prioritario una conciencia ciudadana colectiva que movilice rápidamente las acciones de un gobierno que deberían estar al cuidado de los ciudadanos.