A la fecha, tanto los transportadores de las tradicionales rutas intermunicipales que vienen desde Soacha y atraviesan una buena parte de la capital, como sus usuarios, siguen a la expectativa de la intermediación del Gobierno Nacional para darle una solución a este convenio de transporte, que finaliza el próximo 7 de noviembre. De acuerdo a las declaraciones dadas por el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, los delegados de Bogotá decidieron levantarse de manera unilateral de la mesa y de esta manera dar a entender que no tienen ningún interés en renovarlo, ni tampoco en darle garantías a los cientos de transportadores y de usuarios que se verían privados de la prestación del servicio.

Hace dos semanas, Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad de Bogotá, dio varias declaraciones, exponiendo que el Distrito no está interesado en mantener el convenio con los buses de Soacha: “no se renovará un convenio que venía ya después de 10 años de que la ciudad superó la guerra del centavo, migró su flota, se organizó en paraderos. Bogotá logra cubrir completamente estos servicios, nosotros tendremos a disposición de todos los soachunos y los bogotanos, rutas adicionales del SITP zonal, reforzaremos nuestro componente troncal y el funcionamiento del transporte intermunicipal seguirá entre Soacha y Bogotá, eso quiere decir que tenemos una oferta en temas de transporte público”. No obstante, según las cifras expuestas por la Secretaría, estos buses transportan cerca de 180.000 personas entre Soacha y Bogotá, más las que los utilizan como rutas internas para transitar por las avenidas Villavicencio, Boyacá, Primero de Mayo, entre muchas otras. La propuesta es lograr que todos los buses intermunicipales lleguen hasta las terminales Salitre o Sur y de ahí que se vinculen con el sistema integrado o directamente con el Transmilenio, lo que terminaría de saturar este servicio.

A su vez, el alcalde de Soacha ha sido enfático en plantear la necesidad de una negociación, para lo que hizo un llamado al Gobierno Nacional para generar un apoyo en la sostenibilidad del transporte, en beneficio de sus ciudadanos y de los mismos transportadores: “No voy a permitir que el SITP entre a Soacha por encima de las empresas y acabe con el empleo de los soachunos, así que tengo que defender tanto a usuarios como a los transportadores. (…) Van a poner a 180.000 personas a pagar doble pasaje, 2.500 el urbano de Soacha hasta la Terminal del Sur y 2.900 que vale el pasaje en Bogotá, eso es injusto, pero, además, la Terminal del Sur no tiene capacidad para recibir 180.000 pasajeros en una hora pico, no tiene como recibir 1.500 carros”. El alcalde reconoce que es importante mejorar las condiciones del transporte y renovar la flota, pero es contundente al afirmar que: “No se puede decir de la noche a la mañana que se saca, ni tampoco se pueden dejar afuera a los empresarios del transporte del municipio de Soacha, como paso hace diez años cuando entró Transmilenio y dejó por fuera a unos empresarios, a los que nunca indemnizaron y nunca les chatarrizaron, la gente quedó con sus carros pudriéndose todavía hoy en los parqueaderos y nadie les responde”, expresó.

El Ministerio de Transporte se ha sentado juiciosamente con los transportadores y ha logrado frenar el paro que se tenía previsto, así mismo, está convocando para la semana del 26 de octubre una nueva mesa de diálogos entre Bogotá y Soacha, sin embargo, también se afirma que, de no darse una renovación, el Ministerio garantizará las condiciones del servicio público.

Quedan pocos días para ver cómo concluye esta situación entre ambas alcaldías. Algunos dicen que la medida es una retaliación al vecino municipio, que decidió no adherirse al proyecto de ciudad metropolitana; de cualquier manera, si los buses se sacan de circulación o se prohíbe su ingreso a Bogotá, las realmente afectadas serán las personas que tienen que movilizarse, que tendrán seguramente que salir más temprano, para tomar varias rutas de transporte y que les significará mucho más dinero. Por su parte, el alcalde de Soacha también prevé que, si efectivamente Bogotá toma la decisión de no continuar con el contrato, va a restringir la entrada de vehículos de carga a la capital para que se dé únicamente entre las 10:00 p.m. y las 05:00 a.m. lo que tampoco beneficiaría el comercio de la ciudad.

Para terminar, es importante resaltar que la medida también afecta al sector de los taxistas, que pasarían de cobrar una tarifa de 30.000 a cerca de 70.000 por trayectos entre Bogotá-Soacha y viceversa. Así mismo, el costo en el transporte público pasaría de 2.500 a 5.000 por trayecto, aproximadamente.