El 17 de octubre del 2023, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas presentó una propuesta de reforma curricular. En un intento por agilizar su aprobación, los directivos buscaron consolidarla el mismo día de su presentación. No obstante, antes de ser ratificada, la propuesta tuvo que someterse a debates dentro de los Consejos de Facultad, con una fecha límite de respuesta del 20 de octubre, otorgando apenas tres días para su debate.

A pesar del poco tiempo dado para la discusión y del intento de pasarla por debajo de la mesa y sin darla a conocer a los estudiantes, muy pronto se hicieron evidentes dos puntos que atentan contra la calidad académica de la universidad:

• El requisito de alcanzar el nivel B2 de inglés para graduarse sin que se tenga acceso gratuito o garantizado por parte de la universidad a este nivel de formación. La comunidad universitaria denunció que no se cuenta con un respaldo educativo suficiente por parte de la universidad, que pueda garantizar la formación óptima y adecuada para alcanzar este nivel y que esto se promoverá a través de cursos de extensión pagos y generará la necesidad de acceder a clases externas lo que aumentaría la carga económica de todos los y las estudiantes. 
•  Otra de las denuncias ante esta reforma, surgió a raíz de la propuesta de la implementación de las TIC, es decir, la virtualización para el desarrollo curricular, lo que significa que el 30% o más del plan de estudios se dictará en modalidad virtual. Además, plantea la creación de distintas modalidades de formación, como la virtual y la dual. Esto traería consigo una menor inversión en infraestructura, representando también una sobrecarga en el cuerpo docente y una precarización de los contenidos académicos.

Esta reforma viene planteando una serie de cambios que atentan contra la calidad de la formación educativa y la misión social de la universidad, y resulta indignante frente a anteriores exigencias que ha planteado el cuerpo estudiantil que no han sido tomadas en cuenta.

Un recuento de lo que ha venido pasando

El 17 de noviembre, el estudiantado, desde la Asamblea de la Facultad de Ciencias y Educación, dictaminó las siguientes exigencias: retiro del proyecto de reforma curricular del Consejo Académico; ampliación de escenarios de discusión y aporte para la construcción de una nueva reforma; creación de una hoja de ruta que permita avanzar en la construcción y aprobación de la reforma del estatuto general y sus estatutos derivados.

Se propuso en esta jornada, un cese de actividades y movilización para convocar a las demás facultades a una Asamblea General el día martes 21 de noviembre, a partir de esta fecha se declaró paro indefinido. Dicho encuentro, se llevó a cabo en la sede de la Aduanilla de Paiba de la Universidad Distrital con el objetivo de contextualizar la reforma curricular, dar un informe por facultades y definir una postura. Los y las estudiantes de las distintas facultades que asistieron a la Asamblea General realizaron una toma de la sede y bloquearon la avenida Las Américas en horas de la tarde.

Posteriormente, se llevó a cabo un bloqueo en el Consejo Académico con el fin de manifestar la inconformidad con este, pues se ha encargado de impulsar la reforma mediante las redes sociales de la Universidad, tergiversando la información.

Giovanni Tarazona, rector de la Universidad, recalcó que el proyecto de reforma curricular busca “mejorar las condiciones de oferta educativa para los estudiantes”, y menciona, desde su perspectiva, que la razón principal del paro no es más que un desconocimiento del documento. Tarazona también denunció la toma y, según sus palabras, la vandalización de la sede de Aduanilla de Paiba y manifestó que el grupo de estudiantes en paro era minoritario, y que, por lo tanto, no tenía cabida.

Por otra parte, las representaciones estudiantiles de cada facultad se dirigieron hacia la sesión del Consejo Académico con el fin de emitir su postura, siendo la consigna principal bajar la reforma curricular. Luego, en horas de la noche, en las redes sociales de la Universidad se publicó un comunicado por parte del Consejo Académico denunciando un supuesto mecanismo de presión que estaban llevando a cabo los estudiantes y la retención del equipo directivo en la sesión del Consejo Académico, acusando a las y los estudiantes de secuestro. Nuevamente, señalaron que la movilización y la protesta provenía de una minoría en desacuerdo con la reforma curricular.

A los pocos minutos, desde las representaciones estudiantiles de las facultades se emitió una respuesta, denunciando la dilatación de la discusión en la sesión y la apatía por parte del Consejo Directivo ante la posición política de la comunidad universitaria. Allí, se amplío la información sobre los hechos que desencadenaron la confrontación verbal y física que terminó con la sesión del Consejo Académico.

Para el 22 de noviembre, el concejal del partido Cambio Radical, Samuel Arrieta, en rechazo a las acciones realizadas por el estudiantado, realizó declaraciones en su cuenta de X que estigmatizan y señalan gravemente a los estudiantes, afirmando que son: “anarcos, vándalos, narcotraficantes, llamados Resistencia Urbana FARC, desadaptados que actúan bajo el efecto de la droga y el amparo de la debilidad institucional”. Además, publicó fotos y videos de las cámaras de seguridad de la sede de Bosa.

Esta es quizá una de las situaciones más álgidas que se han presentado hasta el momento, dado que, no hay claridad sobre cómo pudo obtener los videos, al ser él una persona externa a la institución. Esto lo que evidenciaría es una grave falta de la administración al permitir que agentes externos, tengan acceso a cámaras de seguridad de la institución, con el fin de promover la estigmatización y el perfilamiento, como bien lo refleja en sus redes, lo que puede desencadenar persecución y asesinato de estudiantes, como ha pasado en otras ocasiones en el país.

Frente a lo anterior, al día siguiente se emitió un comunicado desde el Comité de Decanos hacia los coordinadores de proyectos curriculares, en el cual determinan el cierre del periodo académico 2023-3 con normalidad en las fechas estipuladas desde el inicio de semestre. La representación estudiantil del proyecto curricular de Comunicación social y Periodismo, realizó una denuncia frente al comunicado, en el cual expresaban la falta de garantías y la programación de asambleas y espacios ya organizados por la comunidad estudiantil. También se manifestó el desacuerdo por la finalización del semestre en modalidad virtual.

Días después, se redactó y publicó un nuevo comunicado dirigido a la administración y a la comunidad universitaria en general. En dicho comunicado se recalca la acusación por parte de las directivas hacia el estudiantado en pie de lucha. Acto seguido, se enumeran otras acusaciones, tales como, indicar que el estudiantado estaba desinformando a la comunidad sobre el documento de la reforma y la presión a docentes y coordinadores de proyectos para sacar notas y terminar a como dé lugar el semestre, incluso sin las condiciones adecuadas. Por último, se acusa a la administración de desconocer o aplazar dicha discusión, junto a las exigencias de los estudiantes.

Finalmente, se solicitó que el rector de la Universidad Distrital, Giovanni Tarazona, se pronuncie en rechazo de una culminación virtual del semestre, y también se solicitó la investigación en torno al hecho de que el concejal Samuel Arrieta tenga en su poder material grabado de las cámaras de seguridad de la Universidad. Así mismo, se invitó a Tarazona a rechazar los señalamientos hechos por el concejal hacia los estudiantes de la institución, publicados en la plataforma X.

Por último, el primero de diciembre se llevó a cabo la mesa de diálogo entre los administrativos y los representantes estudiantiles, en la cual se expuso nuevamente la solicitud del estudiantado del retiro de la reforma y el planteamiento de una hoja de ruta. Sin embargo, este ejercicio solo puede ser llevado a cabo en la sesión del Consejo Superior, por lo que la administración solicitó que se hiciera entrega de la Aduanilla de Paiba de forma inmediata, a lo que, el estudiantado manifestó que la entrega de la sede se hará hasta que se sesione y se conozca el resultado de la misma. Por tanto, hasta el momento, la mesa no resulta en ningún acuerdo. Es relevante destacar que el ámbito de gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas ha generado más preguntas que respuestas, y esto se ha apreciado desde antes del 21 de noviembre, en los numerosos casos de corrupción y en el evidente deterioro de las condiciones mínimas de bienestar para docentes y estudiantes. Por el momento, el panorama en torno a la posibilidad de diálogo y acuerdo entre el organismo directivo y la comunidad en pie de lucha es más bien incierto. Con todo lo visto en los últimos meses del 2023, solo queda recalcar que, ¡sin estudiantes, no hay universidad!