El pasado 2 de noviembre se cumplieron 25 años del asesinato del líder político conservador Álvaro Gómez Hurtado, candidato en tres ocasiones a la presidencia de la República (1974, 1986 y 1990), presidente de la Constituyente de 1991, docente y periodista. Fue uno de los personajes más influyentes en la historia política del siglo XX en Colombia, hijo de Laureano Gómez, pero más que todo un hombre que, independientemente de su filiación política, fue capaz de entender los diferentes momentos históricos que atravesó el país. Se opuso con firmeza a la intervención de los Estados Unidos, en todo el tema relacionado con la droga, fue firme al explicar que el lío de las drogas ilícitas estaba en la demanda y no en la oferta y que claramente en este problema Colombia no era el victimario sino la víctima, razón por la cual no había motivos para rendir cuentas o dar explicaciones a países extranjeros.

Su muerte tomó por sorpresa a todo el país. Después del magnicidio de Gaitán y de Galán este fue uno de los que más estupor causó en la ciudadanía. Las imágenes del carro ensangrentado y la reconstrucción de su salida de la Universidad Sergio Arboleda a la 10:20 a.m. del 2 de noviembre de 1995, aún recorre la mente de los colombianos y de las personas más cercanas al dirigente político. De muchas maneras se ha intentado resolver su crimen, que aún hoy no ha logrado esclarecerse.

Antes de la declaración de las antiguas FARC, dos hipótesis seguían en investigación: La primera, señala que tanto Samper como Serpa se aliaron con grupos narcotraficantes y paramilitares para ordenar el asesinato, como retaliación por sus declaraciones sobre los narcocasetes; y es que justo el 30 de octubre de 1995 Gómez Hurtado escribió en su periódico: “Este hecho (el ingreso de dineros ilícitos a la campaña) ya comprobado es lo que ilegitima al Régimen que padecemos. Por eso nosotros hemos sostenido que el único propósito político válido es tumbarlo…”. La segunda asegura que un grupo de empresarios, dirigentes de derecha y militares se aliaron en contra de Gómez Hurtado cuando él se opuso a dar un golpe de Estado en contra de Samper. Como elementos probatorios se plantea que en la escena del crimen nadie persiguió a los asesinos y que muy cerca se encontraban un vehículo del ejercito vigilando los hechos.

El pasado 25 de septiembre del 2020 la extinta guerrilla de las FARC envió una carta a la JEP en la que asumía la responsabilidad por el magnicidio. Sin embargo, esta verdad no ha sido recibida con buenos ojos y gran parte de las esferas del poder en Colombia y la misma familia de Gómez Hurtado se han negado a aceptarla. Mientras tanto, las FARC aseguran que presentarán las pruebas en la Comisión de la Verdad. Lo que queda claro es que es necesario esclarecer los hechos y preparar al país para comprender que la verdad no solo es una palabra, es reconocer que todos tenemos un grado de responsabilidad en este largo conflicto armado.