El 21 de febrero del 2022 cientos de mujeres se reunieron en la plaza de Bolívar a esperar la decisión de la Corte Constitucional sobre la despenalización o no del aborto, una decisión que venía siendo aplazada desde el mes de noviembre y que había sido nuevamente postergada a inicios de febrero, por eso entre el escepticismo, todas estas mujeres esperaban la decisión.

La lucha por la despenalización del aborto no ha sido un capricho. En el año 2006 la interrupción del embarazo fue despenalizado solo bajo tres causales: Cuando la vida de una mujer corre peligro, en caso de violación o incesto o por malformaciones del embrión. Sin embargo, para muchos colectivos estas tres causales eran insuficientes, principalmente cuando el Artículo 122 del Código Penal seguía estableciendo el aborto como un delito, con una pena de uno (1) a tres (3) años de prisión, cuando se realizaba por fuera de las tres causales. Según el informe Sobre la criminalización del aborto en Colombia que presentó La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres en agosto del 2021, se destaca que: “Alrededor de 400 casos son llevados ante la justicia penal anualmente y que son las mujeres, adolescentes y niñas en situación de vulnerabilidad quienes están en mayor riesgo de ser criminalizadas. De esta manera, un 12.5% de los casos de aborto perseguidos por la justicia colombiana corresponden a mujeres entre los 14 y 17 años; y un 24% de los casos que derivan en condena, corresponden a mujeres menores de edad”. La penalización y la persecución en los mismos centros de salud, ha llevado a que miles de mujeres tengan que realizarse un aborto en condiciones que ponen en riesgo su vida y que no tengan acceso a un tratamiento digno. Como señala La Mesa por la Vida en el mismo informe: “Se evidencia una creencia de que es obligación del centro de salud dar aviso a las autoridades sobre las mujeres que llegan con abortos incompletos, ya sea que se encuentre o no algún indicio de que el aborto fue consentido […] De este modo, es clara la prioridad que se da a la obligación de reportar el «delito» frente a la salud y bienestar de la paciente, así como su derecho a la privacidad protegido por el secreto médico”.

Todo lo anterior, llevó a que un grupo de abogadas de Causa Justa, junto a colectivos de mujeres, organizaciones sociales y ONG, decidieran enviar una petición a la Corte Constitucional, ya que por años el Congreso o las había dejado en un segundo plano o había votado en contra.

El resultado de todos esos años de lucha se ve reflejado en la C-055 de 2022, que finalmente aprobó la despenalización del aborto hasta las 24 semanas de gestación. En la sentencia se aclara que el Congreso de la República y el Gobierno Nacional deben dar cumplimiento inmediato a esta sentencia y formular e implementar una política pública integral que evite los amplios márgenes de desprotección para la dignidad y los derechos de las mujeres gestantes. Esta política debe contener: “La divulgación clara de las opciones disponibles para la mujer gestante durante y después del embarazo, la eliminación de cualquier obstáculo para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que se reconocen en esta sentencia, la existencia de instrumentos de prevención del embarazo y planificación, el desarrollo de programas de educación en materia de educación sexual y reproductiva para todas las personas, medidas de acompañamiento a las madres gestantes que incluyan opciones de adopción, entre otras y  medidas que garanticen los derechos de los nacidos en circunstancias de gestantes que desearon abortar”.

La decisión se celebró bajo un solo grito, no solo en la plaza de Bolívar en Bogotá, sino también en varias ciudades del país. Sin embargo, también han sido múltiples las voces que se han levantado en contra de la decisión de la Corte. Personas que siguen ignorando los derechos de las mujeres a un aborto libre y seguro, sin penalización y con el derecho de tomar decisiones sobre sus cuerpos y sus vidas.