Les escribo con el corazón arrugado, desde la tristeza de no tener lo que deseábamos para la protección de las artes, las culturas y los saberes del país. Hoy nos cobija una incertidumbre y una preocupación que sé que muchos de ustedes comparten en el silencio de sus talleres, en las galerías, en las aulas y en los espacios comunitarios donde resistimos día a día.

Sentimos miedo. Es un temor genuino y profundo que no nace de la cobardía, sino de ver la fragilidad de nuestro oficio y de constatar cómo se pretende legislar desde un gobierno que a todas luces demuestra que desconoce por completo las realidades del sector.

Al revisar con lupa las propuestas políticas para el cuatrienio 2026-2030, plasmadas en el plan “Firmes con la Cultura” de Abelardo de la Espriella, asusta ver la reactivación de un enfoque corporativo implacable que amenaza la supervivencia misma de las artes y los saberes en los territorios. Su propuesta central pretende marchitar el apoyo directo del Estado a través de las convocatorias públicas —tildándolas despectivamente de generar dependencia o mendicidad— para volcar todo el sistema hacia el incentivo fiscal y el arbitrio de la inversión privada mediante CoCrea y una nueva “Agencia de Industrias Culturales”. Este enfoque es el reencauche de la “Economía Naranja”, una segunda venida de la estrategia neoliberal que ya fracasó en el país y dejó heridas profundas en el tejido artístico y cultural.

Recuerdo bien cómo intentaron meternos a la fuerza en el molde del “emprendimiento”, exigiéndonos a los artistas independientes que fuéramos nuestros propios empresarios, mientras las exenciones tributarias reales terminaban en manos de los grandes conglomerados del entretenimiento comercial. Al final, el proceso de pensamiento, la experimentación y el valor de la creación fueron reducidos a un simple código de barras.

No podemos permitir que se ignore nuevamente nuestra realidad: según los registros oficiales, el 50% de los agentes culturales del país no cuenta con ningún tipo de cobertura pensional y casi la mitad sobrevive en el régimen subsidiado de salud. Hablar de un modelo netamente corporativo en estas condiciones es un acto de absoluto desamor y desconexión social.

Quienes diseñan estas fórmulas demuestran su analfabetismo sobre cómo se desarrollan las artes plásticas y visuales en Colombia. Las artes de la materia y de la imagen no funcionan bajo la lógica de una línea de ensamblaje industrial o de contenidos seriados para plataformas de streaming. El mercado comercial del país es sumamente estrecho; las pocas galerías y circuitos comerciales estables concentran el capital en unos cuantos nombres y tienen que gestionar permanentemente para poder circular y difundir a sus representados a nivel local o internacional. Por su parte, los creadores independientes, que sobreviven en los márgenes, asumen de su propio bolsillo los altos costos de materiales, transporte, producción y participación en exposiciones y galerías. Si de mercado se trata, son quienes asumen el mayor riesgo, pagan más de la mitad de sus ingresos por venta y afrontan una alta carga tributaria.

Los datos de consumo cultural son claros y nos devuelven a la realidad: la asistencia de la ciudadanía a galerías de arte o salas de exposición apenas alcanza el 6,6% a nivel nacional. ¿Cuántos coleccionistas tiene el país? ¿Cuántos artistas? ¿Hay mercado para todos? ¿Hay espacios de circulación para las artes? ¿Hay suficientes dinamizadores del mercado artístico? Pretender que la salvación del artista colombiano está en la exportación y el coleccionismo internacional es una ilusión engañosa, especialmente en un contexto global frenado por crisis financieras y conflictos que han congelado los fondos de adquisición en el extranjero. Esa idea desconoce aspectos fundamentales, como el cobro de impuestos por la compra y venta de obras, su importación y exportación, así como los costos de transporte y los trámites de legalización que exige su circulación internacional. Pensar que el arte visual crecerá sin un apoyo institucional público, directo, transparente y robusto es condenar al sector al apagón creativo.

Nos debería preocupar que, al entregar los recursos a las decisiones del inversionista, se termine por institucionalizar la censura. Ningún privado, por bondadoso que parezca, va a financiar una obra de arte crítica, incómoda o de autor, si esta no le representa un beneficio tributario predecible en su declaración de renta anual o un retorno financiero asegurado.

La memoria histórica de un país que intenta sanar las heridas de un conflicto armado prolongado y doloroso no debería convertirse en un activo monetizable, ni medirse con los indicadores de gestión de una multinacional. Los museos de memoria, las colecciones públicas y las iniciativas comunitarias de archivo no existen para generar flujos de retorno financiero; existen para recordar, para educar y para garantizar el conocimiento de la historia.

¿Qué inversionista privado, qué gran corporación interesada en deducir impuestos a través de CoCrea, va a querer poner su logotipo en una exposición que cuestione el despojo de tierras, que visibilice la violencia estructural o que ponga el foco sobre las víctimas del Estado y los actores hegemónicos? Ninguno. Entregar la supervivencia de nuestros museos y espacios de memoria al patrocinio empresarial o condicionar sus presupuestos a la lógica del mercado es implantar una censura blanca y corporativa. Es, en el fondo, una estrategia para domesticar la historia, silenciar los relatos de resistencia de las regiones y convertir los lugares que guardan la identidad y el dolor colectivo en simples parques temáticos de entretenimiento superficial para el turismo.

Por eso, la confrontación de modelos políticos en este punto es ética y vital. Frente a la intención de vaciar de contenido crítico los espacios de salvaguarda, se configura un escenario preocupante donde se desconoce que la memoria y el patrimonio son derechos ciudadanos inalienables y bienes públicos no negociables. El Estado no puede desentenderse e invisibilizar nuestra historia; debe garantizar presupuestos públicos y directos, que no respondan a las presiones del mercado, asegurando que los museos sigan siendo laboratorios vivos de pensamiento crítico, verdad y reconciliación, y no vitrinas comerciales al servicio del mejor postor.

Necesitamos la protección pública directa, con presupuestos dignos y estables —venciendo ese rezago histórico donde el gasto público en cultura ha representado menos del 0.06% del PIB nacional—. Exigimos políticas que abracen la multiculturalidad, el enfoque de género, las comunidades étnicas, NARP, LGBTIQ+, personas con discapacidad y jóvenes de la periferia, quienes jamás tendrían la posibilidad de competir por el favor de un inversionista privado en el esquema exclusivo de CoCrea.

El plan “Firmes con la Cultura” guarda un silencio sepulcral frente a las preguntas que verdaderamente nos quitan el sueño: ¿Cómo nos va a proteger de la apropiación de la industria mundial? ¿Qué plantea frente al uso indiscriminado de la inteligencia artificial y la defensa de los derechos de autor y la protección del patrimonio cultural? ¿Dónde están las garantías para la seguridad social y pensional de los artistas mayores y quienes van llegando a la edad de pensión? No hay respuestas, porque para este plan de cultura no somos sujetos de derechos ni humanos ni culturales, somos máquinas creadoras, mano de obra destinada a apalancar cifras económicas para empresarios externos.

Les invito a que cerremos filas en defensa de lo público, a que analicemos este peligro real, y a que rodeemos los procesos de planificación democrática y de largo plazo —como los cimientos del Plan Nacional de Cultura— que entienden que la dignidad de la vida y de la memoria no se vende, sino que se cultiva, se respeta y se defiende en cada territorio. Levantemos la voz para proteger los logros sectoriales históricos como el Plan Nacional de Estímulos (residencias, premios, reconocimientos, apoyos, becas), el Plan Nacional de Concertación, los Salones Regionales de Artistas, el Salón Nacional de Artistas, el Museo de Memoria de Colombia, el Museo Afro, el Museo Nacional, los museos regionales y comunitarios, así como el Plan Nacional de Artes Plásticas y Visuales desarrollado en esta administración y que está ad portas de ser socializado e implementado. De igual manera, protejamos lo que en arte y cultura ha potenciado el Banco de la República con sus colecciones, procesos y proyectos, como los catorce museos y los espacios culturales que se encuentran en diferentes regiones del país.

La imagen y la materia son las herramientas que nos permiten transmitir lo que las palabras no alcanzan a decir; no dejemos que las conviertan en una simple mercancía fiscal.

Y esperemos que a pesar de no comulgar con los planteamientos de este gobierno que viene, se abran posibilidades de conversación en el terreno de las artes plásticas, visuales y de la cultura en general, pensando siempre en el bienestar del país y de sus ciudadanos.