El debate público por el reconocimiento de derechos fundamentales que se encuentran en la frontera (esa zona de penumbra donde convergen la ley, la religión y las convicciones morales más profundas del ser humano) está vigente y con argumentos que podría afirmarse pertenecen a un pasado reciente y doloroso del mundo iberoamericano, como lo son las dictaduras del cono sur y el franquismo español. Es así como los argumentos que jugaron en contra de la reciente práctica de la eutanasia a la catalana de 25 años, Noelia Castillo Ramos, provinieron principalmente de parte de su padre, apoyado de manera legal por la Fundación Abogados Cristianos, desde donde se interpusieron recursos ante una serie de instancias que incluían la Justicia de Cataluña, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional de España y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La oposición al procedimiento se fundamentó en argumentos que conjugaron aspectos técnicos y convicciones personales profundas. Para el padre no se consideraba una opción legítima, sino una pérdida que no se podía aceptar desde su rol. Así, se argumentó la incapacidad mental de Noelia, fundada en un trastorno límite de la personalidad y en la imposibilidad de tomar una decisión de esa magnitud, enfatizando en que su hija requería tratamiento de tipo psicológico y psiquiátrico en lugar de ayuda para morir. Así mismo, se argumentó que no había pruebas objetivas acerca del grado de dolor real y padecimiento físico, todo ello acompañado de la posibilidad de recuperación.

A cincuenta años del inicio de la dictadura en Argentina y 50 años, en noviembre del 2025, de la muerte de Francisco Franco, que dio fin a 36 años de dictadura en España, cabe hacer la lectura de estos argumentos en clave democrática. No se trata que los mismos marquen el derrotero, ni mucho menos, pero tampoco deslegitimar a quienes asumen posiciones espirituales diversas y, para ello, la propuesta del recientemente fallecido Jürgen Habermas enmarcada en la democracia deliberativa, desde la cual, la búsqueda consiste en legitimar las leyes a través de la participación igualitaria y el uso público de la razón, siendo para Habermas la legitimidad de un Estado democrático no dependiente de leyes metafísicas o divinas sino fundada en un procedimiento en el cual los ciudadanos se reconocen de manera mutua como los autores de las leyes que los rigen.

Las dictaduras institucionales de las fuerzas armadas en América Latina y el régimen franquista en España implementaron procesos de trascendentalización de los fines con el objetivo de situar sus metas fuera del alcance de la deliberación política y la razón humana; tal dinámica dio lugar a que los militares que ejercían el poder dieran a su labor un toque mesiánico, dando definición a una doctrina de seguridad nacional en términos teológico-políticos, presentándose la intervención militar como una suerte de cruzada espiritual que se necesitaba para repeler la agresión marxista que en su idea sacaba a Dios de las conciencias. De allí discursos negacionistas como los del propio Javier Milei, actual mandatario en la Argentina democrática.

Tales discursos son los mismos que en la actualidad se propagan expandidos a otros ámbitos como lo son la lucha por esos derechos de frontera: la eutanasia, el aborto, el  matrimonio igualitario. Así se justifica, como se hiciera en aquel entonces, la violencia con un cariz teológico, que toma de las enseñanzas de Tomás de Aquino con la doctrina de la guerra justa, o desde la que se pretende ser los encargados de restaurar la moral cristiana, como se hiciese en la Argentina de Videla con el rol asumido por las Fuerzas Armadas de un partido católico encargado de salvaguardar la patria o el rol de la iglesia católica en el franquismo con el denominado nacional-catolicismo, con una justificación proveniente de la propia iglesia a la victoria militar, o el halo de sacralidad con el que se revistió a Franco o la construcción de la memoria oficial.

Por ello, resulta trascendental para contrarrestar tales argumentos la propuesta de Habermas en dos esferas que denominó pública informal y pública formal o institucional. Espacios donde se debaten los derechos, el primero, con miras a que todos intenten participar en la traducción de tales incontenidos a un lenguaje al que puedan acceder todos. El segundo, que admite únicamente un lenguaje secular que ha de ser claro para todos los ciudadanos independiente de su fe, y que corresponde al nivel institucional del Congreso, los tribunales y la administración.

En este contexto para Habermas los derechos se entienden bajo los principios de individualismo igualitario y de autonomía y dignidad. El individualismo igualitario se entiende como la primacía de las razones seculares en la política que surge del derecho racional y la moral universalista, mientras que la autonomía y dignidad hace referencia al hecho de reconocerse como individuos libres e iguales que pueden autodeterminarse mediante medios políticos. El nivel de debate propuesto por Habermas impediría que en todo tipo de discusión se caiga en argumentos vanos como lo son la declaración de locura de una hija que, como Noelia, busca dar una salida a su dolor, o declarar dementes a las madres y abuelas que con los pañales blancos en sus cabezas marchan en la Plaza exigiendo justicia y dignidad.