“Decidimos hacer el tránsito a la vida civil y poner un granito de arena en la construcción de la paz estable y duradera, pese a las adversidades. En el momento tenemos 322 firmantes que han sido asesinados, no hay semana que no maten a un firmante de paz, pero nosotros seguimos construyendo, empeñados en que tenemos que cumplir, porque sabemos que el futuro de Colombia no puede seguir siendo la guerra, la guerra solo le conviene a un sector de la clase dominante que se ha enriquecido de ella, del despojo y del desplazamiento, se han adueñado de las tierras y de las propiedades de la gente. Tenemos 8 millones de víctimas y más de 1.200 líderes sociales asesinados, eso no se ve en ningún país del mundo, ni siquiera donde hay un conflicto armado declarado, nosotros aquí tenemos un desangre de más de 60 años”.

Con esas palabras comienza Octavio a hablar sobre la creación e implementación del Acuerdo de Paz, en esta última entrega se retoman algunas de sus reflexiones sobre las múltiples trabas que han tenido que afrontar como reincorporados para el cumplimiento del Acuerdo y la situación actual en la que se encuentran los proyectos y los puntos firmados.

El Acuerdo de Paz se construyó a partir de seis puntos fundamentales en los que se planteó la necesidad de silenciar los fusiles, para lograr una paz total, que garantizara la eliminación de las causas del conflicto social y armado en Colombia, como la desigualdad, la falta de oportunidades, las pocas garantías para una vida digna y, en el centro, el problema del campo: “No hemos podido resolver el problema del campo, seguimos con un campo atrasado, eso que llaman reforma rural integral es la base para superar el conflicto y para desarrollar el país, porque en el campo está la elaboración de las materias primas que se necesitan para la industria, están los alimentos que demanda la población colombiana, para garantizar la soberanía alimentaria y la posibilidad de que los campesinos tengan la titularidad de la tierra”.

Sobre el otro punto del Acuerdo que tiene que ver con la reincorporación, Octavio considera que en ese proceso se cometieron muchos errores como realizar ese desarme exprés que los dejó sin garantías y sin la posibilidad de exigirle al gobierno un cumplimiento real de los acuerdos, mientras que el gobierno sí quedo victorioso porque logró desarmar a la guerrilla más antigua del mundo. Esa situación tuvo como consecuencia unas pésimas condiciones de reincorporación, por ejemplo, los espacios territoriales se terminaron y nunca se adecuaron para que la gente viviera allí en condiciones dignas: “Ese Acuerdo quedó con huecos muy grandes, uno de ellos fue que no se contempló la reincorporación urbana, no aparece en el Acuerdo, porque pensaban que nos íbamos a quedar por allá en esos territorios, allá confinados. Resulta que los derechos civiles y políticos nuestros quedaban plenos y uno de esos derechos es la libertad y la movilidad, uno se puede mover por donde le dé la gana y la mayoría de guerrilleros qué hicieron, volvieron a buscar a su familia y al núcleo social al que pertenecían, no se podían quedar por allá en una vereda, entonces la mayoría de gente salió de esos espacios porque no les brindaban condiciones para llevar una vida estable, para tener un ingreso o para levantar una familia”.

En este momento hay cerca de 2.900 personas en los espacios territoriales y aproximadamente 11.300 personas por fuera en las cabeceras municipales y en las principales ciudades sobreviviendo con el 90% de un salario mínimo. En el último censo realizado por la Pastoral Social con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización se informa que, al día de hoy, hay cerca de 800 excombatientes en Bogotá, casi todos ubicados al sur de la capital, que es donde la vida es más barata, en localidades como Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y Soacha, zonas donde hay problemas de seguridad muy grandes. De esos 800, el 80% son cabeza de familia y vive con la renta básica, no tienen vivienda propia y su proyecto productivo fracasó con la pandemia. En esas nefastas condiciones han cumplido y se han mantenido las garantías de no repetición. El llamado sigue siendo uno solo que el nuevo gobierno por fin le cumpla tanto a los reincorporados como a las víctimas para que cese la violencia y las condiciones de desigualdad en Colombia.