Lo que ha pasado en las últimas semanas con relación a la salida del fiscal Francisco Barbosa, el aplazamiento de la elección de una nueva fiscal por parte de la Corte Suprema de Justicia, así como el nombramiento como fiscal encargada de Martha Mancera, ha desatado una crisis que no le compete solamente al Gobierno, sino también a la Fiscalía, a la Corte Suprema y a la desinformación que se viene generando desde los medios masivos de información.

Sería injusto afirmar, como se hace en otros medios, que todo inició con el Comunicado que publicó el presidente Gustavo Petro el 2 de febrero pasado, denunciando la persecución a su partido, a su canciller y a su persona misma; esta era apenas una reacción necesaria, ante lo que ha representado la Fiscalía durante su gobierno: Una constante persecución, además de evidente irrespeto y una clara oposición hacia todo lo que tenga que ver con el partido Colombia Humana, con la izquierda y con el progresismo. Un fiscal que fue elegido por el expresidente Iván Duque a dedo, sobre el que dijo abiertamente que había sido su amigo cercano y quien se ha alineado política e ideológicamente con el Centro Democrático, a quien se ha encargado de beneficiar y de encubrir durante estos cuatro años.

Con este escenario, la invitación del presidente a la expresión y al apoyo popular movilizó a miles de personas en las principales ciudades del país, fueron 71 movilizaciones pacíficas, de las cuales solamente en Medellín y en Bogotá se presentaron desórdenes. Aunque la mayoría de las convocatorias estaban citadas en las sedes de la Fiscalía de cada ciudad, en Bogotá hubo un grupo de personas que decidió movilizarse hacia los alrededores del Palacio de Justicia y de la plaza de Bolívar, donde llegaron jóvenes, niños, niñas, mujeres, adultos mayores y funcionarios públicos pertenecientes a diferentes estamentos y sindicatos, quienes también, de forma pacífica, realizaron un plantón lleno de música en los alrededores.

Lo que presentaron los grandes medios no fue más que un montaje, una obra de teatro en la que, cuatro o cinco hombres corren y se pegan de las rejas, una acción que quedó perfectamente registrada para pasarla luego por las pantallas, editada y recortada, para omitir que fueron las mismas personas que se encontraban en la movilización quienes rápidamente los controlaron y los expulsaron. De ahí en adelante, todo hizo parte del mismo plan de desinformación, titulares amarillistas que equiparaban los hechos ocurridos con la toma del Palacio de Justicia, otros que hablaban de secuestro y de pérdida de control del Estado. No obstante, la obra de teatro les caía a la perfección para distraer a los incautos de lo verdaderamente importante.

Sin Fiscal

El 8 de febrero, los magistrados se reunían para elegir a la nueva fiscal entre una terna de abogadas con una importante trayectoria y contra las cuales la Corte no ha hecho ninguna reclamación, teniendo en cuenta que tiene el derecho de exigir una nueva terna, en el caso de identificar que alguna de las ternadas no cumple con los requisitos o no es idónea. Pero no lo ha hecho y tampoco ha llegado a un consenso para la elección. Lo anterior tiene una consecuencia inmediata, dado que el fiscal salía de su cargo el 12 de febrero, quien quedaría como fiscal encargada sería su vicefiscal Martha Mancera.

La otra pregunta sería ¿Qué tiene eso de malo cuando ha sido una práctica común en Colombia elegir fiscal meses e incluso años después? Uno de los grandes problemas es, primero que no se garantiza la independencia, como ya había pasado con el fiscal Barbosa y lo segundo es que sobre ella pesan graves denuncias de corrupción que la relacionan con hechos vinculados al narcotráfico.

¿Quién es Martha Mancera?

Desde finales del año pasado varios medios de comunicación como la revista Raya y periodistas como Daniel Coronell venían investigando varias situaciones que dejaban mal parada a la vicefiscal, principalmente por negligencia en sus funciones, tanto por encubrimientos como por nepotismo.

El 21 de noviembre del 2023 en el reporte Coronell de la W, el país conoció la voz de la ya renombrada vicefiscal y se hizo bastante evidente su nerviosismo e incapacidad para justificar los hechos que se le planteaban y responder con claridad las preguntas que se le formularon. Con los días, las investigaciones siguieron avanzando y hoy se sabe que la vicefiscal sí recibió la información de los tres agentes del CTI que descubrieron que, Francisco Martínez, más conocido como Pacho Malo, coordinador y líder del equipo de policía judicial del CTI de Buenaventura, presuntamente tendría el manejo total, junto a otros policías, de la droga y las armas que estaban saliendo desde el puerto.

Después de presentar el informe, los tres agentes del CTI fueron atacados durante una operación, en extrañas circunstancias, y uno de ellos murió, los otros dos en su momento fueron recibidos como héroes por el Fiscal General Francisco Barbosa y por la vicefiscal Martha Mancera, pero una vez ratificaron las denuncias, el mismo día del velorio de su compañero se les imputaron cargos por el robo de droga incautada a los narcos. Toda esta información demuestra que, a pesar de tener las pruebas, la vicefiscal Martha Mancera decidió no hacer nada en contra de alias Pacho Malo, quien fue capturado, hace pocos días. Otra de las denuncias ha sido por nepotismo, por beneficiar con nombramientos en altos cargos a su compañera sentimental y a su hermano.

¿Quiénes conforman la terna?

Frente a las denuncias en curso, lo que parece inaudito es que la Corte prefiera dejar a una vicefiscal cuestionada y no seleccionar a una de las mujeres de la terna, cuyas hojas de vida y trayectoria son idóneas y representan garantía de objetividad en el desarrollo de su cargo.

Ángela María Buitrago: Es abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derecho Penal y doctora en Derecho y en Sociología de esta misma universidad.

Tiene experiencia en la Fiscalía, donde se desempeñó como fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia entre 2005 y 2010. Ha estado al frente de importantes casos como: la responsabilidad de altos mandos militares en la retoma del Palacio de Justicia; hizo parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que ha investigado la masacre de estudiantes en Ayotzinapa en México. Experta para el mecanismo Nicaragua por las Naciones Unidas y perito ante la CIDH en reconocidos casos, como el de la abogada mexicana, Digna Ochoa, y la condena al Estado colombiano por los falsos positivos de los jóvenes Wilfredo Quiñones Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes, Albeiro Ramírez Jorge, Gustavo Giraldo VIllamizar Durán, Elio Gelves Carrillo y Carlos Arturo Uva Velandia.

Se ha dedicado también a la docencia en el campo del derecho penal, procesal penal y penal especial en la Universidad Externado de Colombia.

Amelia Pérez Parra: Es abogada de la Universidad Libre, especialista en Criminología y Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia. Hizo una larga carrera en la rama judicial. Desde 1987 hasta 2003 ocupó varios cargos: desde juez de instrucción criminal, pasando por fiscal seccional, hasta fiscal regional. Dirigió la Unidad de Derechos Humanos (UDH) de la Fiscalía General de la Nación y fue fiscal de la Unidad Especializada de Antiterrorismo, el último cargo que ejerció antes de irse para el exilio a Canadá en 2003. Adelantó investigaciones contra Carlos Castaño y Salvatore Mancuso por las masacres de El Aro y Trujillo, además de varios casos de desaparición forzada que comprometían a altos mandos militares.

Regresó en 2012 y desde ese entonces ha trabajado en investigaciones académicas y consultorías de derechos humanos para la administración de Bogotá.

Luz Adriana Camargo: Es abogada titulada de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Ciencias Penales y Criminológicas. Además, cuenta con un título de posgrado en Derecho, Política y Criminología en la Especialidad de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca. Fue fiscal delegada ante la Corte Suprema y magistrada auxiliar de la Sala Penal de ese alto tribunal. Hizo parte de la Comisión de Apoyo Investigativo de la Corte, donde tuvo la función de investigar a congresistas con nexos con paramilitares, es decir, la parapolítica. Este caso terminó involucrando a más de 50 congresistas y la gran mayoría fueron condenados.

También participó como jefa de Investigación y Litigio en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), desde el 1 de octubre de 2013 hasta el 3 de septiembre de 2019. Durante su tiempo en este cargo, Camargo desempeñó un papel fundamental en las investigaciones de alto perfil relacionadas con la corrupción y la “parapolítica” en Guatemala.

El llamado de la CIDH

Por último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 13 de febrero, publicó un comunicado en el que expresa que sigue de cerca el proceso de selección de la nueva Fiscal General de la Nación y recalca que la falta de designación de una persona titular en el cargo puede debilitar el sistema de justicia de Colombia. En dicho comunicado, además, realiza un análisis de la situación del país y “alienta al Tribunal Supremo de Justicia a cumplir con su deber constitucional y finalizar el proceso de selección de la persona titular de la Fiscalía General de la Nación, a la mayor brevedad posible”.

El 7 de marzo será la próxima votación, en la cual alguna de las ternadas debe alcanzar mínimo 16 votos, de los 23 magistrados que conforman la Corte.