Hace varias décadas, en Colombia algunas personas descubrieron una nueva forma de ganarse la vida recogiendo la basura que los demás desechaban o reutilizándola. Una labor que algunos ven como una forma no grata de sobrevivir, pero para un puñado de personas que quieren salir adelante es una opción digna adoptar esta forma de trabajo.                                           

Con el paso del tiempo los recicladores se organizan y crean varias asociaciones, entre ellas la ARB (Asociación de Recicladores de Bogotá) que lucha por este gremio. No obstante, es apenas hasta 1992 que son reconocidos debido a la masacre de la Universidad Libre de Barranquilla, donde los recicladores eran engañados por los vigilantes de esa universidad con la promesa de encontrar dentro de las instalaciones mucho material de reciclaje, les decían que entraran para sacarlo y cuando ellos llegaban al patio les descargaban un bate en la cabeza y después les disparaban a quema ropa, así pasó con once recicladores que por las ganas de trabajar consiguieron la muerte a mano de estos celadores. A partir de ese suceso el gobierno de Colombia declaró el 1 de marzo como el día nacional del reciclador.

En 1994, el gobierno expide una ley que pone en riesgo a los recicladores y su trabajo, la ley 142 amenaza con excluir al reciclador de su labor. En el 2002 sale la primera licitación de aseo de Bogotá y se concreta la amenaza, autorizan la recolección exclusiva y general a las empresas de aseo. En ese mismo año, los recicladores representados por la ARB en cabeza de Nohra Padilla y Silvio Ruíz le dan la pelea al gobierno con una tutela al estado que se resuelve en el 2003. La sentencia de la tutela T-724, en un principio negó y después falló a favor del reciclador al reconocer sus derechos a un mínimo diario o vital, para el sustento de sus familias. En el 2011 se despierta la amenaza con la licitación de aseo que vuelve a otorgar a las empresas las basuras de la capital, pero la corte suspende la licitación y da un parte a favor del reciclador con el auto A275-11 que obliga a las empresas a apoyar y brindar un incentivo monetario, este mismo auto reitera el derecho al mínimo vital y remunera al reciclador por el servicio que presta.

Después del auto A275-11, la corte suprema saca el auto A366-14 que reitera que el reciclador es el prestador del servicio ¿Por qué? Porque el gobierno de Bogotá, nuevamente quería quedarse con la licitación de aseo de la ciudad, pero la corte dice que la exclusividad del reciclaje es del reciclador. En el 2012 son pagos por parte de la UAESP (Unidad Especial de Servicios Públicos) que le paga al reciclador la tarifa de aprovechamiento, pago por tonelada recogida o recuperada; en el 2016 se moderniza el proceso de remuneración y se implementa la plataforma para demostrar los kilos reales, de esta manera empiezan a pagar por medio de la creación de varias asociaciones que acceden a la plataforma por parte de la Superintendencia de Servicios.

Con la implementación de toda la legislación se define que únicamente la ARB puede ponerle desacatos al reciclador.

En el 2019 las artimañas de los sectores privados quieren acabar con más de 15.000 recicladores y 1.400 bodegas en Bogotá, desde el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) quieren crear cinco súper ECAS (Estaciones de Clasificación o Aprovechamiento) en varias localidades de la capital y desplazar al reciclador hacia los alrededores o fuera de la ciudad.

 La lucha hasta ahora empieza, por parte de los recicladores, contra las entidades privadas y contra la ignorancia de unos pocos que por tener dinero se creen los dueños del país; creen que pueden desplazar a cualquier sector sin pensar en las consecuencias, porque están acostumbrados a pasar por encima de las poblaciones más vulnerables.