Javier Pava Sánchez fue el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entre el 2022 – 2023, tiempo en el cual se implementaron las primeras Alianzas Público Populares llevadas a cabo por el actual Gobierno. Fue el mecanismo jurídico que permitió la implementación de las ollas comunitarias, como parte de la estrategia para atención de desastres, y con miras a servir de modelo en el futuro inmediato para la implementación de otros proyectos que, siguiendo el espíritu del Plan de Desarrollo, debieran implementarse utilizando la figura de dichas alianzas.

 ¿Cómo diseñaron el programa de Ollas Comunitarias, cuando empezó este gobierno?

Cuando llegamos al Gobierno, con el presidente, una de sus prioridades era atender el enorme número de damnificados asociado al Fenómeno de la Niña. Veníamos de un año largo y continuo de este fenómeno en el país. El mayor número de damnificados estaba en zonas rurales aisladas. Allí, los campesinos perdieron sus cosechas, llegando a una situación extrema en la que estaban pasando hambre. Esto había traído como consecuencia un aumento de los precios de la comida a nivel local con repercusiones muy graves.

El presidente planteó lo siguiente: “Vamos a aprovechar esto para transformar lo que tradicionalmente se hace en gestión de riesgos de desastres que son las ayudas humanitarias de emergencia”. El mecanismo tradicional venía siendo la entrega de unas cajas de mercados no perecederos que no resolvían el problema, al contrario, lo profundizaban, pues se entregaba la cajita y esto no resolvía el problema de la seguridad y sobre todo la soberanía alimentaria, cosa que tiene muy clara el presidente.

En este sentido, la tarea que tuve inicialmente era no entregar más cajas. Sin embargo, estaba la necesidad de dar una respuesta inmediata y esto implicó que la primera respuesta se debiera llevar a cabo con cajas, inevitablemente, entre tanto implementábamos un proyecto en el que la segunda intervención fuese entregar comida caliente con insumos producidos y gestionados por la misma comunidad.

Aquí viene un cambio conceptual que nunca se había planteado en la práctica: El significado de “damnificado”, el damnificado se entiende como aquella persona que solo recibe, como sujetos pasivos. El cambio consistía en convertirlos en sujetos activos, como parte de la solución. En la mayoría de los casos eran campesinos que esperaban tener una oportunidad para producir. Para ellos es una cuestión de dignidad y el cambio consistía en que no se quedaran esperando “una cajita de mercado”. Ellos querían ponerse a producir y hacer lo que sabían hacer, por ejemplo, producir comida.

Uno de los puntos centrales, en lo cual el presidente fue enfático, era que la solución debía implementarse con las organizaciones sociales y comunitarias de cada territorio y la organización de base más extendida resultan ser las Juntas de Acción Comunal. La más extendida pero no la única. En varios territorios se contrató con organizaciones sociales de base, como organizaciones de mujeres, organizaciones de pescadores, de campesinos.

En muchos casos nos dimos cuenta que, incluso en las Juntas de Acción Comunal, quien asumiría la tarea de la olla era un comité constituido básicamente por mujeres.

Esto implica contratar con las Juntas y organizaciones de manera directa, sin intermediación y reducir los requisitos para permitir su viabilidad. Aquí es donde aparecen las Alianzas Público Populares. Las primeras de este gobierno fueron las que se llevaron a cabo en la UNGRD para poder contratar esas Juntas y organizaciones de base comunitaria.

Si se llevaba a cabo un contrato del modo tradicional, implicaba una serie de formalidades dentro de la normatividad de contratación, que las JAC y otras organizaciones difícilmente podrían cumplir, ya que la contratación tradicional del Estado se encuentra en un marco que favorece a los grandes capitales. En su lugar, si la relación se mediaba a través de la figura de Alianza Público Popular se establecía que existe un acuerdo entre dos partes, en el cual cada una de ellas aporta. Efectivamente así funcionó. Las comunidades aportaron su experticia, su capacidad y nosotros aportábamos los recursos para financiar el montaje de las ollas comunitarias.

Inmediatamente después de esto, se buscó implementar las canastas populares, que significaban realizar compras a actores de la economía popular local, para que la olla comunitaria se surtiera de los productores de las zonas de influencia y que se pudiera mover la economía local y regional, generando una red entre la olla, el productor y los usuarios, promoviendo la soberanía alimentaria. El ejercicio debería llevar a que muchas familias que estaban en riesgo se les pudiera ofrecer una solución efectiva. Algunas de estas familias se encontraban, y se encuentran aún, en riesgo y se les planteaba la opción del reasentamiento como una solución de largo plazo.

Este reasentamiento, en línea con el planteamiento del presidente, no debía ser la entrega de casas, ni proyectos urbanos que podrían tardar cinco años. Al contrario, se proponía la entrega de tierra que permitieran generar proyectos productivos, soluciones de vivienda y al mismo tiempo mantener el esquema de olla comunitaria con canastas populares, uniendo todo esto a la Reforma Agraria. Es decir, Reforma Agraria con soberanía alimentaria para llegar a Hambre Cero.

Muchos solo entendieron la primera parte, no entendieron el alcance, la olla comunitaria era solo el principio, era una entrada a un objetivo mucho más grande y ambicioso. Dentro de la gestión de riesgos las ollas comunitarias eran un mecanismo que permitía dar soluciones de manera rápida, de manera temprana, incluso antes de formalizado el Plan Nacional de Desarrollo y a su vez servir de puerta para apuntalar cambios más profundos.

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