Desde el ejercicio político y organizativo de los Comités Populares por la Soberanía Alimentaria, vamos dejando la palabra que se convierte en herramienta necesaria para el aprendizaje y el debate político de las comunidades y los demás actores sociales, a los cuales invitamos de manera permanente a sumar en esta tarea que es de todos.

Insistimos en que la construcción social desde las calles, desde los barrios, desde los fogones y ollas comunitarias; desde los comedores comunitarios, que aún se niegan a desaparecer; desde los colegios, en los cuales los estudiantes reciben alimentos paupérrimos a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE), un gran negocio de comerciantes de las necesidades de nuestros jóvenes; desde todos, vamos construyendo una línea de política pública que esperamos convertir en gobernanza desde el poder popular de las comunidades.

Aquí, vale la pena reconocer que el programa Hambre Cero del Gobierno Nacional aún no arranca y parece que anda enredado entre burócratas, tecnócratas y “normas” que no dejan que el tema despegue. Nos tememos que si el asunto no llega a los oídos del “alto gobierno” sea una entelequia más que aprovecharán fichas del poder anclados en los escenarios de decisiones. Gobernar no significa tener el poder, eso lo sabemos desde abajo.

El por qué del Mandato Popular Regional

Bogotá cuenta con un total de 163.600 hectáreas, de las cuales el suelo rural representa el 74.7% del total. Esta ruralidad que hasta hace unas pocas décadas estaba dedicada a la producción de alimentos a partir de pequeñas fincas familiares, ha venido siendo amenazada por el urbanismo y otros factores que atentan contra la vida campesina. La ruralidad hoy, en áreas como Suba, casi ha desaparecido, en Chapinero esta reducida a los Verjones, en Ciudad Bolívar el monocultivo extensivo, sobretodo de papa y la urbanización está haciendo colapsar las zonas rurales y la tragedia tiende a profundizarse cada día más.

La ciudad así mismo está rodeada de una geografía necesaria de conocer y explorar. Los municipios de oriente: Cáqueza, Une, Chipaque, Ubaque, Choachí, Fómeque, Fosca, Gutiérrez, Quetame, Guayabetal, están anclados entre el páramo de Sumapaz y el macizo de Chingaza; allí, tienen aún una significativa producción agrícola y son la entrada a los Llanos Orientales, una despensa para la ciudad. Los municipios de la Sabana Centro: Tenjo, Cota, Chía, Sopó, Cajicá, Tabio, Zipaquirá, Tocancipá, Gachancipá, Nemocón y Cogua, son tal vez los más amenazados ya que el modelo de Ciudad Metropolitana impuesto desde el poder puede llevar al traste una región con los mejores suelos del país para la producción de alimentos.

Mientras tanto, la ciudad es un enorme escenario de consumo, una ciudad parasitaria que se alimenta de lo que otras regiones producen e incluso de las millones de toneladas de alimentos que se siguen importando ante la crisis estructural del agro.

En la ciudad, y lo hemos planteado en diversos escenarios, la agricultura urbana anda estancada, agotada, pero eso sí gastando miles de millones de nuestros presupuestos. Como salida, en la ciudad se debe tener un banco de tierras, crear un Instituto Distrital de Agroecología e instalar Unidades Integrales de Producción Agroecológicas para que potencien los acumulados de saberes de las comunidades, el amplio bagaje técnico, que incorpore la ciencia y la tecnología, que rinda en lo ecosistémico, lo biodiverso y por supuesto, en la producción de alimentos para el abastecimiento de las comunidades a través de sus procesos sociales organizados.

 Un camino posible

Herramientas existen, debemos conocerlas y hacerlas nuestras. El proyecto de reglamentación de la Zona de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) en la provincia Sabana Centro, del departamento de Cundinamarca, planteado por el Ministerio de Agricultura, mediante una resolución en estudio, declara las áreas de protección para la producción de alimentos, mediante su incorporación en los procesos de planificación del desarrollo y del ordenamiento territorial. Esta resolución que le devolvería la vocación agrícola a la región occidental, posibilitaría una relación directa de los productores con los consumidores a través de los Mercados Populares y las Plazas de Mercado distritales, hoy amenazadas por una política irracional del Instituto para la Economía Social (IPES) que las está llevando a ser centros comerciales, despojando a las comunidades de las mismas para darlas a operadores privados.

Este proyecto tiene un profundo rechazo por parte de la Cámara Colombiana de Construcción (Camacol), argumentando que la resolución que se está estudiando afectará 50 mil hectáreas de suelo en los municipios de expansión urbana. Aquí se plantea un debate y unas posiciones que debemos tomar todos como sociedad y que en la práctica se reducen a dos posibilidades, la primera, cementar la Sabana de Bogotá y convertirla en un gran negocio de los urbanizadores de todas las calañas; la segunda, potenciar y propiciar que los campesinos retornen a una geografía que debe producir los alimentos para una ciudad que cada día siente y vive el flagelo del hambre. La Región Metropolitana podría ser un escenario para la vida y no para la muerte.

Los retos son enormes y las tareas son de todos, desde la movilización social, de todos los que creemos que la vida está por sobre los negocios del poder, y debe ser la ruta que desde el Mandato Popular de Soberanía deben asumir los próximos gobernantes.