La Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras ha sido la política más completa en Colombia con respecto a la reparación de los daños del conflicto armado, no solo por el número de víctimas que pretende reparar sino por la variedad de mecanismos creados para hacerlo.

A través de esta Ley se creó un completo sistema para: proteger, asistir, atender y reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado en el país.

La Ley de Víctimas reconoce la existencia de un conflicto armado y a las víctimas sin importar si su victimario fue la guerrilla, los paramilitares o agentes del Estado. Fortalece la obligación del Estado en darles protección, en especial a aquellas que están en procesos de restitución de tierras; avanza en entender la reparación integral, más allá de la compensación económica y establece un conjunto de medidas individuales y colectivas en busca de la verdad, justicia, reparación y no repetición, es una legislación que pone en el centro de la política pública los derechos de las víctimas.

De acuerdo con esta Ley, se entiende como víctima quien, individual o colectivamente, haya sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985 con ocasión del conflicto armado interno o como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o violaciones graves a las normas internacionales de derechos humanos.

¿Por qué reformar la Ley?

El Gobierno Nacional asumió el compromiso de liderar un proceso de participación para re- formar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en aras de contribuir a la superación de los rezagos, mejorar las falencias estructurales que obstaculizan la garantía y goce efectivo de los derechos de las víctimas y ajustar la normatividad de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Final de Paz.

El objetivo es responder, con un mecanismo más efectivo, a la situación actual de las más de nueve millones de víctimas que se encuentran en el Registro Único de Víctimas (RUV).

Las principales razones son:

1.Porque es una obligación legal y un deber como país comprometido en alcanzar la paz, realizar los ajustes normativos necesarios que garanticen una articulación efectiva entre la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y el Acuerdo Final de Paz.

2.Porque el universo de víctimas ha aumentado de forma considerable, pasando de 4.863.206 desde la promulgación de la Ley en 2011, a 9.555.446 con corte a agosto de 2023. Esta situación requiere de medidas efectivas que posibiliten nuevas fuentes de financiamiento de la Ley, así como nuevas estrategias para superar los bloqueos institucionales y prácticas inconstitucionales que han impedido un avance significativo en la garantía del goce efectivo de derechos de la población desplazada.

3.Porque hay que avanzar en la superación de las dificultades advertidas por las víctimas y las instancias de seguimiento a la Ley, en las que se evidencia la necesidad de considerar una reforma legislativa para mejorar la efectividad y abordar los problemas actuales que enfrentan las víctimas y los procesos de restitución de tierras.

4.Porque en el contexto de la reforma a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la Paz Total enmarca el compromiso del Gobierno Nacional por abordar, de manera integral, las necesidades y derechos de las víctimas del conflicto y la construcción de un futuro de paz y garantías de no repetición.

Desde el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Unidad para las Víctimas, se propiciaron distintos espacios de diálogo con el fin de garantizar una propuesta inclusiva, en la que fue valorada la diversidad de opiniones de las víctimas, la ciudadanía y las instituciones. El centro de la construcción de la propuesta de reforma fue el proceso de participación, que estuvo caracterizado por el reconocimiento de la condición política de las víctimas. Para recopilar las sugerencias se realizaron 32 eventos en los que participaron más de 1.700 personas y se habilitó un instrumento de recolección de información en el que se recibieron más de 1.400 propuestas.

¿Cuáles son las principales apuestas?

Enfoque de soluciones duraderas.

Fortalecer la reparación colectiva.

Fortalecer los enfoques diferenciales.

Restitución de tierras.

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas (SNARIV).

Articulación de la política de víctimas con el Acuerdo de Paz.

Fortalecimiento del componente de esclarecimiento de la verdad.

Fuentes de financiación.

Adecuación del concepto de víctima desde una perspectiva más garantista.